25/09/2015
Hacienda amplía la batida de inspecciones de obras ilegales a otras 63 localidades
El ministerio anuncia que antes de que acabe el año aprobará una nueva resolución con más poblaciones en las que extenderá la vigilancia
El rastreo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está llevando a cabo para detectar construcciones no declaradas y, por tanto, fuera de la correspondiente regulación no cesa y este año ha ampliado la vigilancia a otros 63 municipios de la Comunitat (14 en Alicante, 19 en Castellón y 30 en Valencia). De esta forma, se extienden las batidas que los inspectores públicos vienen desarrollando desde marzo del pasado año en algo más de 200 localidades valencianas, como ya avanzó LAS PROVINCIAS a principios del ejercicio.
Además, según confirmaron fuentes del ministerio, antes de que acabe el año se aprobará una nueva batería de municipios de la Comunitat que se incluirán en el denominado plan de regularización catastral, "un procedimiento de lucha contra el fraude para hacer aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados", según explicaron fuentes del propio Gobierno central.
Esta iniciativa, que arrancó en España en octubre de 2013 pero que no llegó a la Comunitat hasta el mes de marzo, está sacando a la luz nuevas construcciones en parcelas privadas que se habían edificado sin que se hubiera comunicado al ayuntamiento o al catastro; ampliaciones o rehabilitaciones no declaradas como, por ejemplo, construir una nueva planta en un inmueble ya edificado; inmuebles en los que se ha llevado a cabo reformas integrales o, directamente, a los que se ha cambiado de uso (de residencial a terciario, por ejemplo); y la construcción de piscinas sin que se haya puesto en conocimiento de las autoridades municipales.
Así, al cierre del último ejercicio, los funcionarios públicos habían terminado de llevar a cabo todas las comprobaciones en 45 poblaciones valencianas, donde contabilizaron hasta 18.669 inmuebles que no habían sido legalmente regularizados, situación que supone una ilegalidad. En total, las construcciones fraudulentas suponen el 3,82% de las, aproximadamente, 480.000 edificaciones que componen los municipios donde las inspecciones habían finalizado completamente al terminar el año 2014.
Las 12 poblaciones inspeccionadas en la provincia de Alicante, en la que destacan localidades tan turísticas como Benidorm o Dénia, lideran el ranking de inmuebles no regularizados, con 8.232 construcciones. Le sigue Castellón con 6.623 irregularidades en un total de 14 municipios como Oropesa del Mar o Xilxes. En la provincia de Valencia, pese a que las inspecciones se hayan terminado ya en 19 localidades, sólo se han registrado 3.814 construcciones no declaradas.
Pago de impuestos
Como insisten desde Hacienda, el objetivo último de este plan de regulación es que todas las construcciones que se benefician de los servicios públicos municipales hagan frente a los correspondientes impuestos. Por ello, los propietarios de estas casi 19.000 edificaciones irregulares, al incluirlas en el registro, vieron incrementado su recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de media, en 270 euros en 2014. Además, también tuvieron que hacer frente a los atrasos de los ejercicios no prescritos, por lo que, de años anteriores, también tuvieron que abonar otros 735 euros a los correspondientes ayuntamientos en concepto de IBI atrasado.
Así, y hasta el cierre del pasado año, los consistorios de este medio centenar de poblaciones valencianas han podido recuperar más de 18,5 millones de euros de impuestos que habían dejado de cobrar porque los propietarios de los inmuebles habían decidido no declararlos debidamente o, simplemente, lo olvidaron.
Algunos municipios han podido bajar impuestos como el IBI al contar con más contribuyentes
A tal punto llegan los nuevos ingresos que desde el ministerio concretaron también que este año han comenzado a detectar que algunas corporaciones locales han optado por reducir el IBI en el municipio, por lo que se empieza a cumplir una de las premisas del plan: "si pagamos todos, pagamos menos".
Y para detectar todas estas irregularidades, los técnicos de Hacienda encargados de desarrollar las inspecciones, además de las tradicionales visitas personales, cuentan con la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos, verifican si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada en el catastro.
A base de resoluciones
Para determinar las localidades en las que se desarrollan las inspecciones, la Dirección General del Catastro publica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado resoluciones en las que anuncia los municipios donde actuarán los funcionarios; y en la gran mayoría de los casos, responde a una petición de los propios ayuntamientos.
Durante el pasado año hubo un goteo de anuncios en el BOE en los que se acumularon hasta 207 poblaciones de la Comunitat, mientras que este ejercicio se ha llevado a cabo una única resolución de 63 localidades más, por lo que en prácticamente de los municipios valencianos los inspectores han llevado a cabo el rastreo de construcciones no regladas o lo tienen previsto, como en este último paquete.
El procedimiento de regularización catastral ya está activo en la mitad de la Comunitat
Esta batida de inspecciones no hace distinciones de ningún tipo. Desde localidades costeras tan turísticas como Benidorm, Dénia o Cullera, a otras de interior como Requena, pasando por capitales de provincia como Alicante o Castellón de la Plana, puesto que el objetivo último es recuperar la maltrecha economía de los ayuntamientos, con una inyección de nuevos impuestos como el IBI.
Pese a ello, desde Hacienda insistieron en que "esto no implica necesariamente un aumento de recaudación, puesto que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los consistorios rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, ya que habrá más contribuciones".
Este año le toca el turno a otras importantes poblaciones como Torrevieja, Petrer o Villena en Alicante, Cheste, Manises o Xàtiva en Valencia, y Morella o Peñíscola en Castellón.
las provincias
Además, según confirmaron fuentes del ministerio, antes de que acabe el año se aprobará una nueva batería de municipios de la Comunitat que se incluirán en el denominado plan de regularización catastral, "un procedimiento de lucha contra el fraude para hacer aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados", según explicaron fuentes del propio Gobierno central.
Esta iniciativa, que arrancó en España en octubre de 2013 pero que no llegó a la Comunitat hasta el mes de marzo, está sacando a la luz nuevas construcciones en parcelas privadas que se habían edificado sin que se hubiera comunicado al ayuntamiento o al catastro; ampliaciones o rehabilitaciones no declaradas como, por ejemplo, construir una nueva planta en un inmueble ya edificado; inmuebles en los que se ha llevado a cabo reformas integrales o, directamente, a los que se ha cambiado de uso (de residencial a terciario, por ejemplo); y la construcción de piscinas sin que se haya puesto en conocimiento de las autoridades municipales.
Así, al cierre del último ejercicio, los funcionarios públicos habían terminado de llevar a cabo todas las comprobaciones en 45 poblaciones valencianas, donde contabilizaron hasta 18.669 inmuebles que no habían sido legalmente regularizados, situación que supone una ilegalidad. En total, las construcciones fraudulentas suponen el 3,82% de las, aproximadamente, 480.000 edificaciones que componen los municipios donde las inspecciones habían finalizado completamente al terminar el año 2014.
Las 12 poblaciones inspeccionadas en la provincia de Alicante, en la que destacan localidades tan turísticas como Benidorm o Dénia, lideran el ranking de inmuebles no regularizados, con 8.232 construcciones. Le sigue Castellón con 6.623 irregularidades en un total de 14 municipios como Oropesa del Mar o Xilxes. En la provincia de Valencia, pese a que las inspecciones se hayan terminado ya en 19 localidades, sólo se han registrado 3.814 construcciones no declaradas.
Pago de impuestos
Como insisten desde Hacienda, el objetivo último de este plan de regulación es que todas las construcciones que se benefician de los servicios públicos municipales hagan frente a los correspondientes impuestos. Por ello, los propietarios de estas casi 19.000 edificaciones irregulares, al incluirlas en el registro, vieron incrementado su recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de media, en 270 euros en 2014. Además, también tuvieron que hacer frente a los atrasos de los ejercicios no prescritos, por lo que, de años anteriores, también tuvieron que abonar otros 735 euros a los correspondientes ayuntamientos en concepto de IBI atrasado.
Así, y hasta el cierre del pasado año, los consistorios de este medio centenar de poblaciones valencianas han podido recuperar más de 18,5 millones de euros de impuestos que habían dejado de cobrar porque los propietarios de los inmuebles habían decidido no declararlos debidamente o, simplemente, lo olvidaron.
Algunos municipios han podido bajar impuestos como el IBI al contar con más contribuyentes
A tal punto llegan los nuevos ingresos que desde el ministerio concretaron también que este año han comenzado a detectar que algunas corporaciones locales han optado por reducir el IBI en el municipio, por lo que se empieza a cumplir una de las premisas del plan: "si pagamos todos, pagamos menos".
Y para detectar todas estas irregularidades, los técnicos de Hacienda encargados de desarrollar las inspecciones, además de las tradicionales visitas personales, cuentan con la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos, verifican si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada en el catastro.
A base de resoluciones
Para determinar las localidades en las que se desarrollan las inspecciones, la Dirección General del Catastro publica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado resoluciones en las que anuncia los municipios donde actuarán los funcionarios; y en la gran mayoría de los casos, responde a una petición de los propios ayuntamientos.
Durante el pasado año hubo un goteo de anuncios en el BOE en los que se acumularon hasta 207 poblaciones de la Comunitat, mientras que este ejercicio se ha llevado a cabo una única resolución de 63 localidades más, por lo que en prácticamente de los municipios valencianos los inspectores han llevado a cabo el rastreo de construcciones no regladas o lo tienen previsto, como en este último paquete.
El procedimiento de regularización catastral ya está activo en la mitad de la Comunitat
Esta batida de inspecciones no hace distinciones de ningún tipo. Desde localidades costeras tan turísticas como Benidorm, Dénia o Cullera, a otras de interior como Requena, pasando por capitales de provincia como Alicante o Castellón de la Plana, puesto que el objetivo último es recuperar la maltrecha economía de los ayuntamientos, con una inyección de nuevos impuestos como el IBI.
Pese a ello, desde Hacienda insistieron en que "esto no implica necesariamente un aumento de recaudación, puesto que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los consistorios rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, ya que habrá más contribuciones".
Este año le toca el turno a otras importantes poblaciones como Torrevieja, Petrer o Villena en Alicante, Cheste, Manises o Xàtiva en Valencia, y Morella o Peñíscola en Castellón.
las provincias
