03/02/2016
La mitad de pueblos, sin medios para combatir el auge de los malos tratos
Un informe de la Diputación denuncia falta de dinero y personal y que no se atienden las demandas de mujeres
«Nefasto y negativo». El presidente de la Diputación de Valencia empleó ayer estos dos calificativos para referirse al resultado del estudio elaborado por el organismo provincial sobre los recursos municipales disponibles en los pueblos de la provincia de Valencia para combatir los malos tratos y atender a las víctimas de la violencia machista. Pero para demoledor uno de los párrafos contenidos en dichos estudio: «No hay medios económicos, materiales y humanos suficientes ni en los municipios, ni en las comarcas, ni en las mancomunidades como para poder dar la atención multidisciplinar que prevé la legislación: información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad...
La realidad que pone sobre la mesa la Diputación es tan dramática como para afirmar que la mitad de las localidades valencianas (49,5%, según el resultado de la encuesta contestada por los municipios) «no cuenta con ningún recurso municipal para combatir la violencia machista». Aunque del informe se desprende otra cifra quizás si cabe más preocupante: de los 267 ayuntamientos de la provincia de Valencia a los que la Diputación ha remitido el cuestionario para confeccionar el informe, sólo el 34% decidió contestarlo. O lo que es lo mismo: seis de cada diez localidades de Valencia no facilita información sobre el estado de sus recursos para combatir la violencia machista.
Más denuncias
Y todo ello pese a que las denuncias siguen un imparable ascenso, según los datos que aporta el ente provincial. En 2012 se interpusieron 4.384 en Valencia; en 2013 fueron 4.401 denuncias; mientras que en 2014 llegaron a las 4.476. Sólo en el primer trimestre de 2015 la cifra iba ya por 1.056 denuncias.
El análisis de la Diputación arroja, afortunadamente, una excepción. O más bien, 22 excepciones. Se trata de los municipios que han dado «un paso más» en la lucha contra los malos tratos al firmar el acuerdo con el Ministerio del Interior para que sus policías locales puedan acceder al sistema VIOGEN, una aplicación en la que se informa de los recursos e información disponibles (oficinas de atención, teléfono de maltratadas, pago de rentas...). La excelencia en el combate de esta lacra existiría, según el estudio, en Alboraya, Aldaia, Alaquàs, Bocairent, Carlet, Cullera, Gandia, L'Alcudia, L'Eliana, Manises, Meliana, Mislata, Ontinyent, Picanya, Puçol, Picassent, Rafelbunyol, Riba-roja del Turia, Sollana, Tavernes de la Valldigna, Valencia y Xirivella.
Protocolos sin cumplir
La Diputación también lamenta el 'papel mojado' en que quedan convertidos muchos acuerdos firmados a bombo y platillo por las instituciones para luchar contra la violencia machista. Es el caso del protocolo de Coordinación de actuaciones en materia de violencia de género de la Comunitat Valenciana firmado en 2014. A él se sumaron la Generalitat, la Delegación de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Hoy, según las conclusiones del informe, «no ha llegado a iniciar su implementación y por tanto no ha supuesto, en la práctica, ninguna oportunidad real de que esa coordinación se produzca».
El estudio presentado por Jorge Rodríguez en rueda de prensa lamenta también la escasa implicación de los ayuntamientos para controlar cómo siguen los casos de malos tratos denunciados por sus vecinos: «apenas el 14,2% de los municipios» realiza el «seguimiento de las reclamaciones de la mujer».
Si una vecina víctima de malos tratos acude a su Consistorio en busca de información legal sobre los pasos a dar en su caso, la respuesta más habitual con que se encontrará es ninguna. Es la conclusión que se desprende del hecho de que sólo uno de cada cuatro ayuntamientos (27%) tiene servicios de asesoría jurídica.
No se educa a los jóvenes
Y los planes de igualdad, algo con lo que se les llena la boca a muchos representantes políticos, es también una asignatura pendiente en los municipios. «Sólo un 8,7% de las localidades cuentan con este plan, una de las herramientas más valiosas para implementar estrategias de igualdad en el municipio y prevenir la violencia de género», indica el informe.
Tampoco la educación de los más jóvenes, para concienciarles en la necesidad de desterrar la conciencia machista, la estrategia más reclamada como solución por los expertos, es tampoco una tónica extendida en los ayuntamientos de la provincia. Sólo uno de cada cuatro pueblos (24%) desarrolla «talleres y sesiones formativas dirigidas fundamentalmente a estudiantado de primaria y secundaria». No obstante, la Diputación destaca «positivamente las buenas prácticas de estos municipios».
Jorge Rodríguez reclamó un «pacto de Estado» para poder acabar con esta «lacra» y anunció que al diagnóstico realizado por el estudio le seguirá una «hoja de ruta» que se comprometió a dotar con dos millones de euros para «transformar una realidad que no es la mejor».
las provincias
La realidad que pone sobre la mesa la Diputación es tan dramática como para afirmar que la mitad de las localidades valencianas (49,5%, según el resultado de la encuesta contestada por los municipios) «no cuenta con ningún recurso municipal para combatir la violencia machista». Aunque del informe se desprende otra cifra quizás si cabe más preocupante: de los 267 ayuntamientos de la provincia de Valencia a los que la Diputación ha remitido el cuestionario para confeccionar el informe, sólo el 34% decidió contestarlo. O lo que es lo mismo: seis de cada diez localidades de Valencia no facilita información sobre el estado de sus recursos para combatir la violencia machista.
Más denuncias
Y todo ello pese a que las denuncias siguen un imparable ascenso, según los datos que aporta el ente provincial. En 2012 se interpusieron 4.384 en Valencia; en 2013 fueron 4.401 denuncias; mientras que en 2014 llegaron a las 4.476. Sólo en el primer trimestre de 2015 la cifra iba ya por 1.056 denuncias.
El análisis de la Diputación arroja, afortunadamente, una excepción. O más bien, 22 excepciones. Se trata de los municipios que han dado «un paso más» en la lucha contra los malos tratos al firmar el acuerdo con el Ministerio del Interior para que sus policías locales puedan acceder al sistema VIOGEN, una aplicación en la que se informa de los recursos e información disponibles (oficinas de atención, teléfono de maltratadas, pago de rentas...). La excelencia en el combate de esta lacra existiría, según el estudio, en Alboraya, Aldaia, Alaquàs, Bocairent, Carlet, Cullera, Gandia, L'Alcudia, L'Eliana, Manises, Meliana, Mislata, Ontinyent, Picanya, Puçol, Picassent, Rafelbunyol, Riba-roja del Turia, Sollana, Tavernes de la Valldigna, Valencia y Xirivella.
Protocolos sin cumplir
La Diputación también lamenta el 'papel mojado' en que quedan convertidos muchos acuerdos firmados a bombo y platillo por las instituciones para luchar contra la violencia machista. Es el caso del protocolo de Coordinación de actuaciones en materia de violencia de género de la Comunitat Valenciana firmado en 2014. A él se sumaron la Generalitat, la Delegación de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Hoy, según las conclusiones del informe, «no ha llegado a iniciar su implementación y por tanto no ha supuesto, en la práctica, ninguna oportunidad real de que esa coordinación se produzca».
El estudio presentado por Jorge Rodríguez en rueda de prensa lamenta también la escasa implicación de los ayuntamientos para controlar cómo siguen los casos de malos tratos denunciados por sus vecinos: «apenas el 14,2% de los municipios» realiza el «seguimiento de las reclamaciones de la mujer».
Si una vecina víctima de malos tratos acude a su Consistorio en busca de información legal sobre los pasos a dar en su caso, la respuesta más habitual con que se encontrará es ninguna. Es la conclusión que se desprende del hecho de que sólo uno de cada cuatro ayuntamientos (27%) tiene servicios de asesoría jurídica.
No se educa a los jóvenes
Y los planes de igualdad, algo con lo que se les llena la boca a muchos representantes políticos, es también una asignatura pendiente en los municipios. «Sólo un 8,7% de las localidades cuentan con este plan, una de las herramientas más valiosas para implementar estrategias de igualdad en el municipio y prevenir la violencia de género», indica el informe.
Tampoco la educación de los más jóvenes, para concienciarles en la necesidad de desterrar la conciencia machista, la estrategia más reclamada como solución por los expertos, es tampoco una tónica extendida en los ayuntamientos de la provincia. Sólo uno de cada cuatro pueblos (24%) desarrolla «talleres y sesiones formativas dirigidas fundamentalmente a estudiantado de primaria y secundaria». No obstante, la Diputación destaca «positivamente las buenas prácticas de estos municipios».
Jorge Rodríguez reclamó un «pacto de Estado» para poder acabar con esta «lacra» y anunció que al diagnóstico realizado por el estudio le seguirá una «hoja de ruta» que se comprometió a dotar con dos millones de euros para «transformar una realidad que no es la mejor».
las provincias
