24/02/2016
Una sentencia condena al gobierno de Gandia a readmitir a la empleada que echó por ser del PP
La juez declara nulo el despido por «revancha política» y obliga a la empresa pública a abonar a la trabajadora alrededor de 6.000 euros
El Juzgado de lo Social número 11 de Valencia ha declarado nulo el despido de la trabajadora A.M.M., que efectuó el gobierno de izquierdas el 22 de agosto de 2015, al considerar que este ha venido motivado por «revancha política» al estar afiliada al Partido Popular. La sentencia subraya que poniendo fin a la contratación laboral, se pretendía «la depuración de todos los trabajadores afines y/o afliados al PP» que han estado desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento de Gandia y en Iniciatives Públiques.
La juez condena a la empresa pública IPG a su inmediata readmisión «en el mismo puesto y condiciones que ocupaba con anterioridad» y obliga a Iniciatives Públiques a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde el despido en cuantía diaria de 49,18 euros al día, lo que asciende a unos 6.000 euros.
La magistrada, de esta manera, estima la demanda de la afectada y señala en la resolución judicial que los socialistas eran conocedores de que A.M.M. era del PP puesto que en agosto de 2013 la catalogaron como «enchufada de la semana». La trabajadora estaba afiliada desde mayo de 2013 y percibía un salario bruto mensual de 1.475 euros.
Contratos temporales
Fue el gobierno del popular Arturo Torró quien fichó a la empleada a través de contratos temporales con IPG. El primero lo suscribió el 24 de enero de 2012 con la categoría de bibliotecaria y lo finalizó el 1 de febrero de 2012.
El segundo, del 25 de abril de 2012 hasta el 24 de julio de 2012, para atender al foro de convivencia Manuel Broseta como conserje. El convenio laboral se prorrogó hasta abril de 2013. De 26 de junio de 2013 hasta el 11 de diciembre de 2013, de nuevo realizó labores de conserje en el Manuel Broseta. Sobre el 6 de noviembre de 2013 pasó a prestar servicios en el polideportivo del Grau.
Fue el 31 de julio de 2015 cuando la empresa pública le comunicó la finalización del contrato con fecha del 22 de agosto de 2015 y cierre de su centro de trabajo.
La sentencia, en el apartado de Fundamentos de Derecho, considera que el despido es «subsidiariamente improcedente» porque ningún contrato suscrito con la empresa pública se ajusta a la legalidad vigente, «pues los trabajos que ha realizado a lo largo de los años son normales y permanentes de la empresa». Además, según añade el auto «las tareas no se correspondían con las formalmente contratadas». De hecho, el último puesto de trabajo de A.M.M. lo desempeñaba en el Centro de Mayores Joan Climent, que cerró el ejecutivo hace un par de meses, circunstancia que no aparece en ningún contrato.
Los portavoces del PP gandiense, Víctor Soler y Vicent Gregori, denunciaron ayer que, tal y como apunta el fallo judicial, se ha producido una vulneración de un derecho fundamental estipulado en el artículo 14 de la Constitución Española. Este indica que los españoles son iguales ante la ley «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier contra condición o circunstancia personal o social». Los populares advierten de que hay una decena de trabajadores más que también han denunciado al nuevo gobierno por despido improcedente. Esta última sentencia, según Soler, sienta jurisprudencia y abre la puerta a que se puedan producir similares resoluciones judiciales de este tipo. «Si el gobierno quiere despedir a alguien, que lo haga teniendo en cuenta criterios objetivos, no por una ideología política contraria a ellos», agregó Soler.
Por otro lado, desde el PP indicaron que durante el proceso judicial no compareció ningún abogado por parte de IPG, lo que para Soler supone «que sólo tienen dinero y tiempo para emplear abogados en su cacería contra el PP».
las provincias
La juez condena a la empresa pública IPG a su inmediata readmisión «en el mismo puesto y condiciones que ocupaba con anterioridad» y obliga a Iniciatives Públiques a abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde el despido en cuantía diaria de 49,18 euros al día, lo que asciende a unos 6.000 euros.
La magistrada, de esta manera, estima la demanda de la afectada y señala en la resolución judicial que los socialistas eran conocedores de que A.M.M. era del PP puesto que en agosto de 2013 la catalogaron como «enchufada de la semana». La trabajadora estaba afiliada desde mayo de 2013 y percibía un salario bruto mensual de 1.475 euros.
Contratos temporales
Fue el gobierno del popular Arturo Torró quien fichó a la empleada a través de contratos temporales con IPG. El primero lo suscribió el 24 de enero de 2012 con la categoría de bibliotecaria y lo finalizó el 1 de febrero de 2012.
El segundo, del 25 de abril de 2012 hasta el 24 de julio de 2012, para atender al foro de convivencia Manuel Broseta como conserje. El convenio laboral se prorrogó hasta abril de 2013. De 26 de junio de 2013 hasta el 11 de diciembre de 2013, de nuevo realizó labores de conserje en el Manuel Broseta. Sobre el 6 de noviembre de 2013 pasó a prestar servicios en el polideportivo del Grau.
Fue el 31 de julio de 2015 cuando la empresa pública le comunicó la finalización del contrato con fecha del 22 de agosto de 2015 y cierre de su centro de trabajo.
La sentencia, en el apartado de Fundamentos de Derecho, considera que el despido es «subsidiariamente improcedente» porque ningún contrato suscrito con la empresa pública se ajusta a la legalidad vigente, «pues los trabajos que ha realizado a lo largo de los años son normales y permanentes de la empresa». Además, según añade el auto «las tareas no se correspondían con las formalmente contratadas». De hecho, el último puesto de trabajo de A.M.M. lo desempeñaba en el Centro de Mayores Joan Climent, que cerró el ejecutivo hace un par de meses, circunstancia que no aparece en ningún contrato.
Los portavoces del PP gandiense, Víctor Soler y Vicent Gregori, denunciaron ayer que, tal y como apunta el fallo judicial, se ha producido una vulneración de un derecho fundamental estipulado en el artículo 14 de la Constitución Española. Este indica que los españoles son iguales ante la ley «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier contra condición o circunstancia personal o social». Los populares advierten de que hay una decena de trabajadores más que también han denunciado al nuevo gobierno por despido improcedente. Esta última sentencia, según Soler, sienta jurisprudencia y abre la puerta a que se puedan producir similares resoluciones judiciales de este tipo. «Si el gobierno quiere despedir a alguien, que lo haga teniendo en cuenta criterios objetivos, no por una ideología política contraria a ellos», agregó Soler.
Por otro lado, desde el PP indicaron que durante el proceso judicial no compareció ningún abogado por parte de IPG, lo que para Soler supone «que sólo tienen dinero y tiempo para emplear abogados en su cacería contra el PP».
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