08/03/2016
La Generalitat reunirá a agricultores y distribuidores para evitar prácticas abusivas
Comercio ha detectado «irregularidades sociales, no ilegalidades» en ocho de los expedientes sobre los precios de venta y exigirá datos al noveno
Los expedientes abiertos a nueve cadenas de distribución comercial por la Dirección General de Comercio y Consumo, a raíz de la denuncia de AVA-Asaja y La Unió por «hundir los precios» de naranjas y mandarinas, se han saldado con la detección de «irregularidades sociales, no ilegalidades», en la información remitida por ocho de ellas.
La novena no ha contestado y, antes de sancionarla, la Generalitat volverá a exigirle las facturas para comprobar las diferencias entre el precio de venta al consumidor y el precio de compra al comercio mayorista de esos productos durante el último cuatrimestre de 2015.
«A priori no hemos detectado ninguna ilegalidad, es decir venta del producto por bajo de precio de compra, pero sí una irregularidad social, ya que los precios de compra al proveedor son excesivamente bajos y no permiten que el agricultor valenciano cubra de los costes de producción», señaló ayer el director general de Comercio, Natxo Costa, tras reunirse con su homólogo de Agricultura,Roger Llanes, AVA y La Unió.
El resultado, al margen del limitado recorrido de esos expedientes, será la constitución de una Mesa de la Cadena Agroalimentaria con participación de las direcciones generales de Comercio y Consumo, Agricultura y Transparencia y a la que se convocará a los productores, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores y cooperativas, y a las organizaciones de supermercados (Asucova) y de grandes superficies (Anged).
Ese nuevo foro autonómico arrancará en abril con el ambicioso objetivo de «trabajar en las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa» y se coordinará con el Consejo de Consumidores y Usuarios. Se centrará en los cítricos, la carne de conejo y el etiquetado de pescado, con la aspiración de buscar un «equilibrio entre los beneficios de las cadenas de comercialización y de agricultores y ganaderos».
Según Llanes, «se ha de remunerar adecuadamente cada sector integrante de la cadena alimentaria» pero el productor percibe precios «absolutamente insuficientes» y, de ahí, que la Generalitat impulse estas actuaciones para que «estas situaciones injustas reviertan».
Origen y «precio digno»
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, mantiene que «no se observa ilegalidad flagrante, pero sí precios ruinosos o por lo menos no dignos» y, con esa mesa, quieren «valorizar a los que quieran trabajar por un precio digno y por mantener el paisaje, las personas del medio rural y recuperar los campos abandonados».
Aguado subraya a este diario la importancia de conocer la trazabilidad del producto y el comportamiento de cada eslabón para «ver qué hay detrás de cada oferta» y detectar posibles «abusos de posición de dominio, en los que se pone un precio rebentado, se convierte en referencia y se rompe el mercado».
Ramón Mampel, de La Unió, remarca que «no sólo hay que ver el precio, sino también de dónde viene» cada producto y apuesta por «buscar alianzas con toda la sociedad y ligar producto y territorio, desarrollar una sensibilidad por mirar de dónde procede y entender que los precios pueden estar dentro de la legalidad, pero fuera de juego moralmente, y aquí no todo vale».
Del diálogo en ese foro podría salir, por ejemplo, el compromiso voluntario de incluir en las etiquetas la localidad de procedencia de las naranjas, no sólo el país de origen.
las provincias
La novena no ha contestado y, antes de sancionarla, la Generalitat volverá a exigirle las facturas para comprobar las diferencias entre el precio de venta al consumidor y el precio de compra al comercio mayorista de esos productos durante el último cuatrimestre de 2015.
«A priori no hemos detectado ninguna ilegalidad, es decir venta del producto por bajo de precio de compra, pero sí una irregularidad social, ya que los precios de compra al proveedor son excesivamente bajos y no permiten que el agricultor valenciano cubra de los costes de producción», señaló ayer el director general de Comercio, Natxo Costa, tras reunirse con su homólogo de Agricultura,Roger Llanes, AVA y La Unió.
El resultado, al margen del limitado recorrido de esos expedientes, será la constitución de una Mesa de la Cadena Agroalimentaria con participación de las direcciones generales de Comercio y Consumo, Agricultura y Transparencia y a la que se convocará a los productores, sindicatos agrarios, cofradías de pescadores y cooperativas, y a las organizaciones de supermercados (Asucova) y de grandes superficies (Anged).
Ese nuevo foro autonómico arrancará en abril con el ambicioso objetivo de «trabajar en las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa» y se coordinará con el Consejo de Consumidores y Usuarios. Se centrará en los cítricos, la carne de conejo y el etiquetado de pescado, con la aspiración de buscar un «equilibrio entre los beneficios de las cadenas de comercialización y de agricultores y ganaderos».
Según Llanes, «se ha de remunerar adecuadamente cada sector integrante de la cadena alimentaria» pero el productor percibe precios «absolutamente insuficientes» y, de ahí, que la Generalitat impulse estas actuaciones para que «estas situaciones injustas reviertan».
Origen y «precio digno»
El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, mantiene que «no se observa ilegalidad flagrante, pero sí precios ruinosos o por lo menos no dignos» y, con esa mesa, quieren «valorizar a los que quieran trabajar por un precio digno y por mantener el paisaje, las personas del medio rural y recuperar los campos abandonados».
Aguado subraya a este diario la importancia de conocer la trazabilidad del producto y el comportamiento de cada eslabón para «ver qué hay detrás de cada oferta» y detectar posibles «abusos de posición de dominio, en los que se pone un precio rebentado, se convierte en referencia y se rompe el mercado».
Ramón Mampel, de La Unió, remarca que «no sólo hay que ver el precio, sino también de dónde viene» cada producto y apuesta por «buscar alianzas con toda la sociedad y ligar producto y territorio, desarrollar una sensibilidad por mirar de dónde procede y entender que los precios pueden estar dentro de la legalidad, pero fuera de juego moralmente, y aquí no todo vale».
Del diálogo en ese foro podría salir, por ejemplo, el compromiso voluntario de incluir en las etiquetas la localidad de procedencia de las naranjas, no sólo el país de origen.
las provincias
