01/04/2016
Educación no ha publicado aún las ratios ni las aulas concertadas a 15 días del tope legal
«Quien quiera ser un centro sostenido con fondos públicos, tendrá que atender a los criterios». La frase es de Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, que ayer compareció ante la comisión de Les Corts para explicar el proceso de escolarización del próximo curso.
Una sentencia que resume casi a la perfección la política educativa que ha empezado a aplicar el Consell tendente a reducir el derecho de los padres a la libre elección de la educación que quieren para sus hijos, tal y como se ha ido viendo con medidas como la eliminación del distrito único
Soler desgranó en Les Corts las líneas que aplicará la Conselleria en el inminente proceso de escolarización. Pero su intervención no contribuyó a disipar las dudas que en estos momentos tienen los padres. Es más, levantó la alarma sobre posibles nuevos ataques a la libre elección.
El comienzo del periodo de matriculación es inminente y Educación aún no ha dado a conocer qué centros tendrán plazas, las ratios por clase ni las aulas que dispondrán los concertados cuando sólo quedan 15 días para que se cumpla el plazo legal. Soler se limitó a indicar que la información se remitirá a lo largo de la semana próxima, según recoge la Agencia Europa Press.
Dejó claro, en cambio, que Educación pretende reducir las ratios por aula «en función de las posibilidades reales». Desde la Mesa por la Educación en Libertad resaltaron que «no vamos a tolerar que se reduzca la cifra, ya que eso significa mermar la capacidad de la libertad de elección de los padres, reducir la capacidad de admisión de los centros educativos y de personal docente que tienen demanda».
Trasvase a la pública
El temor de padres y colegios es que Educación aproveche la normativa para favorecer un trasvase encubierto de alumnos desde la concertada a la pública con una nueva reducción de ratios.
La legislación, aunque establece una ratio de 25 alumnos por clase, permite que los municipios puedan realizar ajustas según sus circunstancias. Ya hay localidades que pretenden limitar a 22 o 23 alumnos el máximo por aula. De esta forma se restaría estudiantes a los concertados, donde la demanda de plazas es superior a la oferta, en favor de los públicos donde se produce la situación contraria.
La Mesa por la Educación también denunció que las familias aún no tienen información para elegir colegio, los centros no saben las plazas y unidades de que dispondrán y los profesores desconocen si podrán seguir dando clase o no. Criticó así que «una vez más la Conselleria incumple sus compromisos, se demoran los plazos y no se publica la normativa necesaria».
Para Soler, los nuevos criterios de evitarán que haya «centros gueto» o «de élite», ya que en su opinión con el sistema actual, «los colegios elegían a las familias», ya que, algunos decían a los padres que «no tenían posibilidad» de acceder si no cumplían ciertos requisitos y «se les invitaba a ir a otros».
Desde el PP advirtieron de posibles medidas legales contra la normativa. La diputada Beatriz Gascó calificó de «atropello a la libertad de elección» la normativa por lo que planteó que acudirán «donde haga falta para que se cumpla el derecho constitucional que garantiza la libertad de los padres para elegir centro».
Gascó señaló también que «se oculta información a las familias, ya que sólo se comunica la oferta de plazas y las zonas de influencia, pero no les explican ni las líneas lingüísticas, ni el proyecto educativo».
las provincias
Una sentencia que resume casi a la perfección la política educativa que ha empezado a aplicar el Consell tendente a reducir el derecho de los padres a la libre elección de la educación que quieren para sus hijos, tal y como se ha ido viendo con medidas como la eliminación del distrito único
Soler desgranó en Les Corts las líneas que aplicará la Conselleria en el inminente proceso de escolarización. Pero su intervención no contribuyó a disipar las dudas que en estos momentos tienen los padres. Es más, levantó la alarma sobre posibles nuevos ataques a la libre elección.
El comienzo del periodo de matriculación es inminente y Educación aún no ha dado a conocer qué centros tendrán plazas, las ratios por clase ni las aulas que dispondrán los concertados cuando sólo quedan 15 días para que se cumpla el plazo legal. Soler se limitó a indicar que la información se remitirá a lo largo de la semana próxima, según recoge la Agencia Europa Press.
Dejó claro, en cambio, que Educación pretende reducir las ratios por aula «en función de las posibilidades reales». Desde la Mesa por la Educación en Libertad resaltaron que «no vamos a tolerar que se reduzca la cifra, ya que eso significa mermar la capacidad de la libertad de elección de los padres, reducir la capacidad de admisión de los centros educativos y de personal docente que tienen demanda».
Trasvase a la pública
El temor de padres y colegios es que Educación aproveche la normativa para favorecer un trasvase encubierto de alumnos desde la concertada a la pública con una nueva reducción de ratios.
La legislación, aunque establece una ratio de 25 alumnos por clase, permite que los municipios puedan realizar ajustas según sus circunstancias. Ya hay localidades que pretenden limitar a 22 o 23 alumnos el máximo por aula. De esta forma se restaría estudiantes a los concertados, donde la demanda de plazas es superior a la oferta, en favor de los públicos donde se produce la situación contraria.
La Mesa por la Educación también denunció que las familias aún no tienen información para elegir colegio, los centros no saben las plazas y unidades de que dispondrán y los profesores desconocen si podrán seguir dando clase o no. Criticó así que «una vez más la Conselleria incumple sus compromisos, se demoran los plazos y no se publica la normativa necesaria».
Para Soler, los nuevos criterios de evitarán que haya «centros gueto» o «de élite», ya que en su opinión con el sistema actual, «los colegios elegían a las familias», ya que, algunos decían a los padres que «no tenían posibilidad» de acceder si no cumplían ciertos requisitos y «se les invitaba a ir a otros».
Desde el PP advirtieron de posibles medidas legales contra la normativa. La diputada Beatriz Gascó calificó de «atropello a la libertad de elección» la normativa por lo que planteó que acudirán «donde haga falta para que se cumpla el derecho constitucional que garantiza la libertad de los padres para elegir centro».
Gascó señaló también que «se oculta información a las familias, ya que sólo se comunica la oferta de plazas y las zonas de influencia, pero no les explican ni las líneas lingüísticas, ni el proyecto educativo».
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