22/04/2016
Torró y Barber, investigados por renovar créditos del mandato de Orengo sin permiso de Hacienda
Un juez de Gandia abre diligencias por un delito de prevaricación administrativa en operaciones de tesorería valoradas en 22 millones
El exalcalde de Gandia Arturo Torró también ha caído en la red que mantiene atrapados a José Manuel Orengo y Ana García por el caso de los créditos irregulares. Si bien los socialistas fueron imputado por contratar préstamos sin permiso de Hacienda tras ser denunciado por Torró, ahora es el popular quien ha sido citado a declarar en calidad de investigado (antes, imputado) por una causa muy similar.
El juez de Instrucción número 1 de Gandia ha abierto una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa sobre Arturo Torró y el exconcejal de Hacienda y actual diputado provincial, Guillermo Barber, tras la denuncia presentada por el gobierno de izquierdas al principio de esta legislatura.
El ejecutivo les acusa de renovar préstamos y pólizas de tesorería por valor de 22 millones de euros pese a la oposición de la Conselleria de Hacienda y el informe en contra del interventor municipal. Ambos tendrán que dar explicaciones al magistrado el 19 de mayo a las 9.30 horas acompañados de su abogado.
La autoridad judicial investiga ahora las ocho operaciones crediticias de renovación y ampliación con varias entidades bancarias entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014. Dichas operaciones requerían una autorización de la Conselleria de Hacienda porque el endeudamiento municipal supera los límites establecidos.
Todos los créditos que renovó el PP, sin el permiso de la Administración Autonómica, procedían de la etapa de Orengo. Los populares insistieron en que cuando ellos estuvieron en el poder no solicitaron ni un préstamo nuevo «a diferencia de los socialistas». Además, manifestaron que estas acciones no supusieron un incremento de la deuda.
Barber señaló: «Se trata de las renovaciones de unos créditos que pidió y gastó el PSPV de Orengo. Los años que ingresaron el canon del agua se dedicaron a pedir operaciones de tesorería a corto plazo y gastarlos sin autorización».
El concejal popular explicó que no les quedó otra alternativa que renovar los créditos ante la imposiblidad de pagarlos porque «Orengo sólo nos dejó un millón en caja y había que pagar a bancos 22 millones. Para la ciudad hubiera supuesto un grave problema el hecho de que no se hubieran renovado ni pagado. Todo esto nos ha pasado por enfrentarnos a la mafia del PSPV».
Los acusados mostraron total tranquilidad y recordaron que seis meses después de las renovaciones de créditos, el Gobierno de España dispuso que estas operaciones se renovaban automáticamente sin necesidad de pedir permiso a la Conselleria de Hacienda.
Denegación de Hacienda
Fuentes del PSPV señalaron que esta causa cuenta con un agravante para Torró y Barber, ya que mientras el ejecutivo de Orengo no obtuvo respuesta en ningún momento de la Conselleria, ni positiva ni negativa, para la firma de créditos, si la hubo, en sentido negativo, para el gobierno de Torró. Pero, agregaron, este hizo caso omiso. El propio informe de la Fiscalía de Gandia indicaba que se desprenden «indicios racionales de criminalidad contra Arturo Torró, siendo los hechos que se exponen en dicha documentación similares a los que denunció en su día contra José Manuel Orengo Pastor y Ana García Martínez».
El expresidente del Partido Popular arrastra con el caso de los créditos la cuarta investigación. Torró está siendo investigado por la trama Púnica, por la compra de la zona comercial del hotel Gandia Palace de la playa y por la subvención municipal a Tele 7.
Un día antes de conocerse su investigación por este último caso, presentó su dimisión como concejal del PP de Gandia alegando su victoria en el pleito con Bankia. Poco después renunció a su cargo como presidente del Partido Popular de la capital de la Safor para dar paso a la «renovación».
las provincias
El juez de Instrucción número 1 de Gandia ha abierto una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa sobre Arturo Torró y el exconcejal de Hacienda y actual diputado provincial, Guillermo Barber, tras la denuncia presentada por el gobierno de izquierdas al principio de esta legislatura.
El ejecutivo les acusa de renovar préstamos y pólizas de tesorería por valor de 22 millones de euros pese a la oposición de la Conselleria de Hacienda y el informe en contra del interventor municipal. Ambos tendrán que dar explicaciones al magistrado el 19 de mayo a las 9.30 horas acompañados de su abogado.
La autoridad judicial investiga ahora las ocho operaciones crediticias de renovación y ampliación con varias entidades bancarias entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014. Dichas operaciones requerían una autorización de la Conselleria de Hacienda porque el endeudamiento municipal supera los límites establecidos.
Todos los créditos que renovó el PP, sin el permiso de la Administración Autonómica, procedían de la etapa de Orengo. Los populares insistieron en que cuando ellos estuvieron en el poder no solicitaron ni un préstamo nuevo «a diferencia de los socialistas». Además, manifestaron que estas acciones no supusieron un incremento de la deuda.
Barber señaló: «Se trata de las renovaciones de unos créditos que pidió y gastó el PSPV de Orengo. Los años que ingresaron el canon del agua se dedicaron a pedir operaciones de tesorería a corto plazo y gastarlos sin autorización».
El concejal popular explicó que no les quedó otra alternativa que renovar los créditos ante la imposiblidad de pagarlos porque «Orengo sólo nos dejó un millón en caja y había que pagar a bancos 22 millones. Para la ciudad hubiera supuesto un grave problema el hecho de que no se hubieran renovado ni pagado. Todo esto nos ha pasado por enfrentarnos a la mafia del PSPV».
Los acusados mostraron total tranquilidad y recordaron que seis meses después de las renovaciones de créditos, el Gobierno de España dispuso que estas operaciones se renovaban automáticamente sin necesidad de pedir permiso a la Conselleria de Hacienda.
Denegación de Hacienda
Fuentes del PSPV señalaron que esta causa cuenta con un agravante para Torró y Barber, ya que mientras el ejecutivo de Orengo no obtuvo respuesta en ningún momento de la Conselleria, ni positiva ni negativa, para la firma de créditos, si la hubo, en sentido negativo, para el gobierno de Torró. Pero, agregaron, este hizo caso omiso. El propio informe de la Fiscalía de Gandia indicaba que se desprenden «indicios racionales de criminalidad contra Arturo Torró, siendo los hechos que se exponen en dicha documentación similares a los que denunció en su día contra José Manuel Orengo Pastor y Ana García Martínez».
El expresidente del Partido Popular arrastra con el caso de los créditos la cuarta investigación. Torró está siendo investigado por la trama Púnica, por la compra de la zona comercial del hotel Gandia Palace de la playa y por la subvención municipal a Tele 7.
Un día antes de conocerse su investigación por este último caso, presentó su dimisión como concejal del PP de Gandia alegando su victoria en el pleito con Bankia. Poco después renunció a su cargo como presidente del Partido Popular de la capital de la Safor para dar paso a la «renovación».
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