06/05/2016
Los matrimonios se registrarán con bienes gananciales a partir de junio
La sentencia del TC obligará a los nuevos contrayentes a acudir a un notario si prefieren optar por la fórmula de la separación de bienes
El Tribunal Constitucional (TC) ya ha decidido derogar la Ley de Régimen Económico Matrimonial valenciana al estimar que esta norma invade competencias estatales, y tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central. Con diez votos a favor y uno en contra, los magistrados que componen la sala ya han adoptado la decisión de anular esta ley (la primera del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat en desarrollar el derecho civil foral), aunque el contenido de la sentencia, al menos hasta ayer, no se había hecho público.
Como primera consecuencia, y a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los nuevos matrimonios que se celebren en la región se adoptarán, por defecto, bajo el régimen de gananciales, fórmula apenas empleada en la actualidad, en lugar de con la opción de separación de bienes, vertiente por la que se viene decantando la gran mayoría de las parejas que se casa y como establecía la norma valenciana que se va a derogar en unas semanas.
Este cambio en la legislación entrará en vigor, presumiblemente, a principios de junio (las sentencias del TC suelen publicarse en el BOE unas cinco semanas después de su aprobación), por lo que a partir del próximo mes los contrayentes que quieran la separación de bienes tendrán que recurrir a un notario para suscribir una capitulación, lo que supone un coste económico inexistente hasta ahora.
Pero además de los inconvenientes que pueda generar a los nuevos matrimonios, la sentencia del Constitucional supone un duro golpe para el Gobierno autonómico, puesto que, en su defensa, la Generalitat argumentaba que el Estatuto de Autonomía le reconoce la competencia para recuperar los Fueros abolidos en 1707. El Ejecutivo central considera que este derecho debe ejercerse necesariamente al amparo de la Constitución Española, como expresamente declara el Estatuto.
En concreto, el TC admitió en abril de 2008 a trámite el recurso formulado por el Gobierno central contra esta ley aprobada por Les Corts en marzo de 2007 como desarrollo del Derecho Civil Foral valenciano. Pero el Consejo de Ministros decidió en diciembre de 2007 promover el recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos, una decisión que justificó en que estaba respaldada por el dictamen favorable del Consejo de Estado, que mantiene que las instituciones reguladas en materia de régimen económico matrimonial «carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia».
El Consell Jurídic Consultiu, por su parte, ya emitió un informe en el que alertaba de la posibilidad de que se pudieran interponer recursos de inconstitucionalidad contra la norma.
Capacidad de legislar
En esta línea, y tras conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió la capacidad de legislar de la Comunitat recogida en los Fueros, «más allá del contenido real de las leyes», ante la decisión del TC de anular la ley. Puig recordó que recientemente envió una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la que señalaba que «lo fundamental» era que el Gobierno desistiera de los recursos porque «más allá del contenido real de las leyes, con el que podemos estar de acuerdo o no», está «nuestra capacidad de legislar».
«Por ello, no puede haber una discriminación en los Fueros que fueron derogados hace 300 años y son unos fueros que nos permitían la capacidad de legislar», explicó el presidente, aunque matizó que «es evidente que estamos en otro tiempo y no creo que debamos anclarnos en el pasado».
las provincias
Como primera consecuencia, y a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los nuevos matrimonios que se celebren en la región se adoptarán, por defecto, bajo el régimen de gananciales, fórmula apenas empleada en la actualidad, en lugar de con la opción de separación de bienes, vertiente por la que se viene decantando la gran mayoría de las parejas que se casa y como establecía la norma valenciana que se va a derogar en unas semanas.
Este cambio en la legislación entrará en vigor, presumiblemente, a principios de junio (las sentencias del TC suelen publicarse en el BOE unas cinco semanas después de su aprobación), por lo que a partir del próximo mes los contrayentes que quieran la separación de bienes tendrán que recurrir a un notario para suscribir una capitulación, lo que supone un coste económico inexistente hasta ahora.
Pero además de los inconvenientes que pueda generar a los nuevos matrimonios, la sentencia del Constitucional supone un duro golpe para el Gobierno autonómico, puesto que, en su defensa, la Generalitat argumentaba que el Estatuto de Autonomía le reconoce la competencia para recuperar los Fueros abolidos en 1707. El Ejecutivo central considera que este derecho debe ejercerse necesariamente al amparo de la Constitución Española, como expresamente declara el Estatuto.
En concreto, el TC admitió en abril de 2008 a trámite el recurso formulado por el Gobierno central contra esta ley aprobada por Les Corts en marzo de 2007 como desarrollo del Derecho Civil Foral valenciano. Pero el Consejo de Ministros decidió en diciembre de 2007 promover el recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos, una decisión que justificó en que estaba respaldada por el dictamen favorable del Consejo de Estado, que mantiene que las instituciones reguladas en materia de régimen económico matrimonial «carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia».
El Consell Jurídic Consultiu, por su parte, ya emitió un informe en el que alertaba de la posibilidad de que se pudieran interponer recursos de inconstitucionalidad contra la norma.
Capacidad de legislar
En esta línea, y tras conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió la capacidad de legislar de la Comunitat recogida en los Fueros, «más allá del contenido real de las leyes», ante la decisión del TC de anular la ley. Puig recordó que recientemente envió una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la que señalaba que «lo fundamental» era que el Gobierno desistiera de los recursos porque «más allá del contenido real de las leyes, con el que podemos estar de acuerdo o no», está «nuestra capacidad de legislar».
«Por ello, no puede haber una discriminación en los Fueros que fueron derogados hace 300 años y son unos fueros que nos permitían la capacidad de legislar», explicó el presidente, aunque matizó que «es evidente que estamos en otro tiempo y no creo que debamos anclarnos en el pasado».
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