13/07/2016
El Supremo desmonta la campaña de Compromís contra los gastos de Barberá
El partido nacionalista centró su campaña electoral en el caso Ritaleaks
El archivo de la Fiscalía del Supremo compromete la apuesta tanto del alcalde de Valencia, Joan Ribó, como de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El Supremo desmontó ayer su campaña contra Rita Barberá. Ambos fueron quienes se encargaron de anunciar a bombo y platillo el 23 de abril de 2015 en la sede de Compromís que su partido llevaría ante la Fiscalía los 278.000 euros que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, encabezado por Barberá, autorizó como gastos de representación entre 2011 y septiembre de 2014. El caso lo bautizaron como Ritaleaks e incluso crearon una web donde se muestran las 466 facturas del consistorio popular en ese periodo de tiempo. Fue, sin duda, la gran baza electoral de quienes optaban a convertirse en alcalde de la ciudad y presidenta de la Generalitat a sólo un mes de las elecciones municipales y autonómicas.
«Es el cargo público que más cobra de España, su mandato no se entiende sin el abuso de poder», subrayó Oltra aquel día ante los medios de comunicación. No se cortó un pelo a la hora de desacreditar a Barberá: «Esta persona no tiene límite, está descontrolada y es insaciable». «No sabemos si ha habido gasto en el mueble bar o en el spa. Se daba la vida padre a costa de todos. No sabe distinguir entre su dinero y el dinero de los demás», señaló. «Lo vemos como un claro caso de trato de favor y, probablemente, una prevaricación ligada al cargo», remató. Ribó, por su parte, criticó a la entonces alcaldesa indicando que resultaba «obsceno, insolidario y falto de ética encontrarse con todos estos gastos de lujo».
Al día siguiente apareció el portal Ritaleaks, una sección dentro de la web de Compromís, donde se precisa con detalle las facturas del equipo de Gobierno de Barberá. «Devuelve el dinero gastado en lujos y actos del partido», reza un mensaje en letras descadas a la derecha de la página. «Un Ayuntamiento con Joan Ribó de alcalde no permitirá este tipo de dispendios obscenos», añaden en un texto introductorio.
La denuncia que presentó Compromís tenía un móvil muy claro: desgastar a la entonces candidata a la alcaldía de Valencia, Rita Barberá. La jugada, en la que se negó a participar el PSPV, no era otra que aprovechar el altavoz mediático que supone la apertura de un procedimiento por parte del ministerio público. La Fiscalía de Valencia investigó durante un año la causa. No resulta extraño este periodo. El ministerio público quiso reunir todos los indicios posibles acerca de la supuesta actuación irregular de la exalcaldesa. No quería dar un paso en falso. Mientras tanto, el alcalde jugó con el viento a favor. No dejó pasar la oportunidad para atacar políticamente a Barberá.
La hemeroteca guarda algunas muestras de su cruzada particular, una contienda de la que jurídicamente sale perdedor. No hay delito. El caso se archiva. «Ritaleaks puso de manifiesto todo el mal uso de dinero público por parte de la anterior alcaldesa, era la primera vez que se destapaba algo en contra de ella»; «Los gastos son un indicador muy claro, como mínimo, de un derroche de recursos públicos y, como máximo, de un uso fraudulento que creo que hay»; «Tengo alguna duda de que igual nos puede salir algún culebrón todavía» o «Va a ser la primera vez que se rompa el multiblindaje que tiene la señora Barberá, eso nos satisface porque pensamos que ya es hora», fueron algunas de las declaraciones del alcalde el pasado mes de febrero. Ayer, todas cayeron por su propio peso.
Pataleta tras el dictamen
La reacción de Joan Ribó tras conocer el dictamen de la Fiscalía no se hizo esperar. La pataleta llegó ayer después de una inauguración en el Puerto de Valencia. Ya como alcalde de Valencia, acusó al Supremo de hacer un cambio de valoración para que no existan responsabilidades penales contra Barberá y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya la exculpó en el denominado caso Noós por idéntico motivo.
De no ser por esto, según él, Barberá «estaría siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción», que sí apreciaba indicios de responsabilidad penal por gastos suntuarios durante su mandato como alcaldesa. Y concluyó volviendo golpear: «Barberá malgastaba dinero público sin criterio. Esos gastos no eran éticos ni estéticos». Por otra parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, declaró ayer sobre la sentencia que «hay fiscales que parecen abogados defensores» y apostó por cambiarlos para que no sean tan próximos «a determinados partidos».
las provincias
«Es el cargo público que más cobra de España, su mandato no se entiende sin el abuso de poder», subrayó Oltra aquel día ante los medios de comunicación. No se cortó un pelo a la hora de desacreditar a Barberá: «Esta persona no tiene límite, está descontrolada y es insaciable». «No sabemos si ha habido gasto en el mueble bar o en el spa. Se daba la vida padre a costa de todos. No sabe distinguir entre su dinero y el dinero de los demás», señaló. «Lo vemos como un claro caso de trato de favor y, probablemente, una prevaricación ligada al cargo», remató. Ribó, por su parte, criticó a la entonces alcaldesa indicando que resultaba «obsceno, insolidario y falto de ética encontrarse con todos estos gastos de lujo».
Al día siguiente apareció el portal Ritaleaks, una sección dentro de la web de Compromís, donde se precisa con detalle las facturas del equipo de Gobierno de Barberá. «Devuelve el dinero gastado en lujos y actos del partido», reza un mensaje en letras descadas a la derecha de la página. «Un Ayuntamiento con Joan Ribó de alcalde no permitirá este tipo de dispendios obscenos», añaden en un texto introductorio.
La denuncia que presentó Compromís tenía un móvil muy claro: desgastar a la entonces candidata a la alcaldía de Valencia, Rita Barberá. La jugada, en la que se negó a participar el PSPV, no era otra que aprovechar el altavoz mediático que supone la apertura de un procedimiento por parte del ministerio público. La Fiscalía de Valencia investigó durante un año la causa. No resulta extraño este periodo. El ministerio público quiso reunir todos los indicios posibles acerca de la supuesta actuación irregular de la exalcaldesa. No quería dar un paso en falso. Mientras tanto, el alcalde jugó con el viento a favor. No dejó pasar la oportunidad para atacar políticamente a Barberá.
La hemeroteca guarda algunas muestras de su cruzada particular, una contienda de la que jurídicamente sale perdedor. No hay delito. El caso se archiva. «Ritaleaks puso de manifiesto todo el mal uso de dinero público por parte de la anterior alcaldesa, era la primera vez que se destapaba algo en contra de ella»; «Los gastos son un indicador muy claro, como mínimo, de un derroche de recursos públicos y, como máximo, de un uso fraudulento que creo que hay»; «Tengo alguna duda de que igual nos puede salir algún culebrón todavía» o «Va a ser la primera vez que se rompa el multiblindaje que tiene la señora Barberá, eso nos satisface porque pensamos que ya es hora», fueron algunas de las declaraciones del alcalde el pasado mes de febrero. Ayer, todas cayeron por su propio peso.
Pataleta tras el dictamen
La reacción de Joan Ribó tras conocer el dictamen de la Fiscalía no se hizo esperar. La pataleta llegó ayer después de una inauguración en el Puerto de Valencia. Ya como alcalde de Valencia, acusó al Supremo de hacer un cambio de valoración para que no existan responsabilidades penales contra Barberá y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya la exculpó en el denominado caso Noós por idéntico motivo.
De no ser por esto, según él, Barberá «estaría siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción», que sí apreciaba indicios de responsabilidad penal por gastos suntuarios durante su mandato como alcaldesa. Y concluyó volviendo golpear: «Barberá malgastaba dinero público sin criterio. Esos gastos no eran éticos ni estéticos». Por otra parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, declaró ayer sobre la sentencia que «hay fiscales que parecen abogados defensores» y apostó por cambiarlos para que no sean tan próximos «a determinados partidos».
las provincias
