30/09/2016
El TSJ también permite dejar sin beca a los universitarios de las privadas
El organismo levanta la medida cautelar que frenaba el veto, aunque aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la norma
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (Tsjcv) ha levantado la última medida cautelar que seguía vigente en relación a las becas universitarias del Consell, que se acordó el pasado verano tras el recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia.
La institución optó por la vía judicial al considerar que la postura de la administración de dejar fuera a los alumnos de las privadas era discriminatoria. La decisión supone desbloquear tres millones de euros en ayudas, que irán a parar únicamente al alumnado de la red pública una vez Educación las resuelva.
Es decir, todo vuelve de momento a la situación inicial, aunque la medida no implica que se haya dado la razón a la Conselleria de Educación pues el auto conocido ayer no entra en el fondo de la cuestión. En otras palabras, el recurso continúa vivo y la sala correspondiente deberá pronunciarse sobre la legalidad del veto. Hay que recordar que desde 2006 las becas autonómicas llegaban a todos los alumnos que cumplían los requisitos académicos y de renta, sin distinción de la titularidad de los centros.
La decisión de la sala de lo contencioso implica dejar sin efecto las tres medidas cautelares decretadas en agosto y septiembre: la que frenaba temporalmente la exclusión de las prácticas sanitarias -en este caso también se ha tumbado el recurso-, la que afectaba a las becas de no abandono (para alumnos a los que les quedan 24 créditos o menos para terminar la carrera) y la vinculada a las ayudas autonómicas que permiten la exención de las tasas universitarias (la de ayer). Las dos decisiones anteriores se conocieron el pasado viernes.
El tribunal ha rechazado los argumentos esgrimidos por la Católica. Sobre la idea de que la exclusión lesiona tres derechos fundamentales, dice que es algo que «incide directamente en el fondo del asunto, lo que excede del ámbito de la pieza separada de medidas cautelares». Respecto al segundo, basado en que se contraviene la normativa vigente en materia de becas (ya sea estatal, comunitaria o autonómica), considera que no sólo queda fuera de la pieza separada, «sino del procedimiento en su totalidad». Es la misma idea que recoge el auto para tumbar el tercero: que la norma que regula las becas y la resolución que las convoca suponen una «quiebra radical» del sistema previamente aplicado durante años.
Por último, ante el argumento de la Católica de que con la decisión de la administración se impide a sus estudiantes antes becados continuar con sus estudios, la sala considera que «se trata de una invocación cuya generalidad impide que pueda ser acogida puesto que se trata de una cuestión que depende de muchas circunstancias, todas ellas personales». Considera que para justificar la medida cautelar debería haberse concretado más esta afección.
La decisión de la sala supone contravenir la adoptada en agosto. Entonces, se justificó la paralización temporal en el «carácter irreversible del daño» que podía producirse a los alumnos excluidos.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat recurrió al entender que no era correcta por tratarse de cantidades que ya habían sido satisfechas por los alumnos (las tasas). También se argumentó que en la orden reguladora de las ayudas «no se afectan los derechos fundamentales invocados» y que con la suspensión cautelar «se produce un grave perjuicio al interés general».
La valoración de Marzà
Tras conocerse la noticia, el conseller Vicent Marzà se felicitó de la decisión del tribunal. «Estamos contentos porque por fin podremos adjudicar las becas, que al fin y al cabo las pidieron alumnos que las necesitaban para estudiar sin exclusiones económicas», en referencia a los futuros beneficiarios de la pública. Para estas ayudas Educación ha recibido 11.700 solicitudes.
Aunque no queden medidas cautelares, el siguiente paso del conflicto judicial derivado de la exclusión de las privadas pasa por resolver todos los recursos presentados por las dos universidades más grandes (la Católica y la Cardenal Herrera). Ambas han impugnado las seis modalidades de becas, si bien la segunda no pidió ninguna paralización.
las provincias
La institución optó por la vía judicial al considerar que la postura de la administración de dejar fuera a los alumnos de las privadas era discriminatoria. La decisión supone desbloquear tres millones de euros en ayudas, que irán a parar únicamente al alumnado de la red pública una vez Educación las resuelva.
Es decir, todo vuelve de momento a la situación inicial, aunque la medida no implica que se haya dado la razón a la Conselleria de Educación pues el auto conocido ayer no entra en el fondo de la cuestión. En otras palabras, el recurso continúa vivo y la sala correspondiente deberá pronunciarse sobre la legalidad del veto. Hay que recordar que desde 2006 las becas autonómicas llegaban a todos los alumnos que cumplían los requisitos académicos y de renta, sin distinción de la titularidad de los centros.
La decisión de la sala de lo contencioso implica dejar sin efecto las tres medidas cautelares decretadas en agosto y septiembre: la que frenaba temporalmente la exclusión de las prácticas sanitarias -en este caso también se ha tumbado el recurso-, la que afectaba a las becas de no abandono (para alumnos a los que les quedan 24 créditos o menos para terminar la carrera) y la vinculada a las ayudas autonómicas que permiten la exención de las tasas universitarias (la de ayer). Las dos decisiones anteriores se conocieron el pasado viernes.
El tribunal ha rechazado los argumentos esgrimidos por la Católica. Sobre la idea de que la exclusión lesiona tres derechos fundamentales, dice que es algo que «incide directamente en el fondo del asunto, lo que excede del ámbito de la pieza separada de medidas cautelares». Respecto al segundo, basado en que se contraviene la normativa vigente en materia de becas (ya sea estatal, comunitaria o autonómica), considera que no sólo queda fuera de la pieza separada, «sino del procedimiento en su totalidad». Es la misma idea que recoge el auto para tumbar el tercero: que la norma que regula las becas y la resolución que las convoca suponen una «quiebra radical» del sistema previamente aplicado durante años.
Por último, ante el argumento de la Católica de que con la decisión de la administración se impide a sus estudiantes antes becados continuar con sus estudios, la sala considera que «se trata de una invocación cuya generalidad impide que pueda ser acogida puesto que se trata de una cuestión que depende de muchas circunstancias, todas ellas personales». Considera que para justificar la medida cautelar debería haberse concretado más esta afección.
La decisión de la sala supone contravenir la adoptada en agosto. Entonces, se justificó la paralización temporal en el «carácter irreversible del daño» que podía producirse a los alumnos excluidos.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat recurrió al entender que no era correcta por tratarse de cantidades que ya habían sido satisfechas por los alumnos (las tasas). También se argumentó que en la orden reguladora de las ayudas «no se afectan los derechos fundamentales invocados» y que con la suspensión cautelar «se produce un grave perjuicio al interés general».
La valoración de Marzà
Tras conocerse la noticia, el conseller Vicent Marzà se felicitó de la decisión del tribunal. «Estamos contentos porque por fin podremos adjudicar las becas, que al fin y al cabo las pidieron alumnos que las necesitaban para estudiar sin exclusiones económicas», en referencia a los futuros beneficiarios de la pública. Para estas ayudas Educación ha recibido 11.700 solicitudes.
Aunque no queden medidas cautelares, el siguiente paso del conflicto judicial derivado de la exclusión de las privadas pasa por resolver todos los recursos presentados por las dos universidades más grandes (la Católica y la Cardenal Herrera). Ambas han impugnado las seis modalidades de becas, si bien la segunda no pidió ninguna paralización.
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