31/10/2016
Diez mil valencianos desahuciados desde que gobierna la izquierda
El cambio político en la Generalitat ha agravado el problema de la vivienda a pesar de las promesas electorales
No quiero ni pensar qué va a hacer en mayo tanta gente desesperada». Es el temor de José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Ese mes termina, salvo nueva prórroga gubernamental, la moratoria para 20.000 españoles sobre los que pesa la amenaza del desahucio. Para los que viven en la Comunitat ni el cambio de gobierno autonómico, con grandes promesas de auxilios sociales, o los signos recuperación económica han traído soluciones tangibles o reducido el volumen de afectados. Lejos de solucionarse, los problemas crecen a ritmo elevado.
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ son contundentes: casi 3.000 desahucios en el segundo trimestre en la Comunitat, la región de España donde más aumentan. Fueron 220 lanzamientos más respecto al mismo periodo del año pasado mientras la tendencia nacional es a la baja.
Viajamos a la antesala de las elecciones autonómicas de 2015 y leemos en el programa electoral de Compromís: «Exigiremos al Estado la modificación de leyes procesales para prohibir los desahucios cuando puedan causar graves consecuencias de exclusión social y promoveremos medidas de expropiación temporal del uso de la vivienda subastada a favor de las personas necesitadas». Más promesas: «Estableceremos ayudas para el pago de las hipotecas de personas en riesgo de desahucio». Y llegó el pacto del Botánico con el compromiso de «tomar los acuerdos necesarios para evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda».
Pero la realidad cae como una losa sobre las intenciones anunciadas. Lejos de reducirse, los desahucios crecen. Según el CGPJ, son aproximadamente 10.000 las personas que han sido expulsadas de sus casas por orden judicial desde el cambio de signo político en la Generalitat.
¿Soluciones? Preguntamos a quienes más lo sufren. «Pedimos un plan de choque ante la emergencia habitacional. Pero la conselleria no se compromete a avanzar en él y asistimos a un vacío de actuaciones globales. La mesa de prevención de desahucios no sirvió para nada, porque la conselleria no logró comprometer a los bancos», denuncia la PAH «muy en contra de este frenazo».
Además, las medidas del anteproyecto de la futura Ley para la Función Social de la Vivienda tampoco contentan a los afectados. «Han presentado una norma que no cumple con los mínimos que planteamos. Hay aspectos positivos, pero también graves lagunas». Las exigencias del colectivo se resumen en dación en pago de la vivienda, un alquiler accesible, paralización de desahucios, viviendas sociales y suministros garantizados. También confían en que el Gobierno central active antes de mayo una nueva moratoria para afectados por los desahucios. Y anuncian protestas.
Según describe González, «el perfil de quienes padecen el problema en la Comunitat es amplio. Hay personas de todos los signos políticos, de todas las edades, de todas partes del mundo... Abogados, profesores, empresarios, jubilados, padres de hijos que los han avalado con sus casas y ahora viven también angustiados por el desahucio. Hay hasta trabajadores de bancos».
Ana Mir es coordinadora de Mediación Hipotecaria en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Ella y otros 120 profesionales buscan a diario acuerdos o soluciones entre bancos y personas que no pueden afrontar sus hipotecas. «Hemos atendido más de 4.000 solicitudes de intermediación desde 2012. El problema persiste y cada día nos encontramos con casos más compliacdos por las refinanciaciones, que en vez de ayudar suelen ahogar más a los afectados».
Mir, al igual que los afectados, cree que hacen falta más viviendas de emergencia reguladas por la Generalitat o los ayuntamientos para las familias que acaban en la calle. Hoy por hoy, no hay suficientes». Además, apuesta por una reforma de la Ley Hipotecaria tras años de «cláusulas abusivas con los intereses de demora» y considera «lógico» que el Gobierno active otra moratoria antes de mayo. «Hay familias que no tienen otra alternativa», alerta. Hoy conocemos sus rostros. La historia de sus naufragios. Su angustia.
las provincias
Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ son contundentes: casi 3.000 desahucios en el segundo trimestre en la Comunitat, la región de España donde más aumentan. Fueron 220 lanzamientos más respecto al mismo periodo del año pasado mientras la tendencia nacional es a la baja.
Viajamos a la antesala de las elecciones autonómicas de 2015 y leemos en el programa electoral de Compromís: «Exigiremos al Estado la modificación de leyes procesales para prohibir los desahucios cuando puedan causar graves consecuencias de exclusión social y promoveremos medidas de expropiación temporal del uso de la vivienda subastada a favor de las personas necesitadas». Más promesas: «Estableceremos ayudas para el pago de las hipotecas de personas en riesgo de desahucio». Y llegó el pacto del Botánico con el compromiso de «tomar los acuerdos necesarios para evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda».
Pero la realidad cae como una losa sobre las intenciones anunciadas. Lejos de reducirse, los desahucios crecen. Según el CGPJ, son aproximadamente 10.000 las personas que han sido expulsadas de sus casas por orden judicial desde el cambio de signo político en la Generalitat.
¿Soluciones? Preguntamos a quienes más lo sufren. «Pedimos un plan de choque ante la emergencia habitacional. Pero la conselleria no se compromete a avanzar en él y asistimos a un vacío de actuaciones globales. La mesa de prevención de desahucios no sirvió para nada, porque la conselleria no logró comprometer a los bancos», denuncia la PAH «muy en contra de este frenazo».
Además, las medidas del anteproyecto de la futura Ley para la Función Social de la Vivienda tampoco contentan a los afectados. «Han presentado una norma que no cumple con los mínimos que planteamos. Hay aspectos positivos, pero también graves lagunas». Las exigencias del colectivo se resumen en dación en pago de la vivienda, un alquiler accesible, paralización de desahucios, viviendas sociales y suministros garantizados. También confían en que el Gobierno central active antes de mayo una nueva moratoria para afectados por los desahucios. Y anuncian protestas.
Según describe González, «el perfil de quienes padecen el problema en la Comunitat es amplio. Hay personas de todos los signos políticos, de todas las edades, de todas partes del mundo... Abogados, profesores, empresarios, jubilados, padres de hijos que los han avalado con sus casas y ahora viven también angustiados por el desahucio. Hay hasta trabajadores de bancos».
Ana Mir es coordinadora de Mediación Hipotecaria en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Ella y otros 120 profesionales buscan a diario acuerdos o soluciones entre bancos y personas que no pueden afrontar sus hipotecas. «Hemos atendido más de 4.000 solicitudes de intermediación desde 2012. El problema persiste y cada día nos encontramos con casos más compliacdos por las refinanciaciones, que en vez de ayudar suelen ahogar más a los afectados».
Mir, al igual que los afectados, cree que hacen falta más viviendas de emergencia reguladas por la Generalitat o los ayuntamientos para las familias que acaban en la calle. Hoy por hoy, no hay suficientes». Además, apuesta por una reforma de la Ley Hipotecaria tras años de «cláusulas abusivas con los intereses de demora» y considera «lógico» que el Gobierno active otra moratoria antes de mayo. «Hay familias que no tienen otra alternativa», alerta. Hoy conocemos sus rostros. La historia de sus naufragios. Su angustia.
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