10/05/2017
Marzà se enroca y mantendrá el recorte de aulas pese a las protestas
La Conselleria de Educación no dará marcha atrás en el recorte de aulas de Bachillerato. Es decir, no matizará la propuesta -30 unidades menos de 1º que afectan a 25 centros- pese al rechazo mostrado por parte de la comunidad educativa, que el sábado pasado salió a la calle en la manifestación más multitudinaria de las impulsadas hasta la fecha por la escuela concertada.
La única esperanza para los colegios que pierden clases pasa por las alegaciones. Eso sí, siempre que argumenten que hay fallos técnicos en la aplicación de los criterios para decidir qué escuela tiene prioridad para mantener el concierto en cada zona o municipio, algo normal en un procedimiento administrativo.
Se trata de algunas conclusiones que se extraen de las palabras del conseller Vicent Marzà, que compareció ayer en la presentación del plan de mantenimiento de escuelas públicas de la Diputación. Aunque no dijo textualmente que no fuera a rectificar, la defensa férrea del proceso seguido deja entrever que no hay cambio de rumbo a pesar de la presión social o las esperanzas de negociación de parte del sector.
Marzà destacó que los criterios aplicados eran «conocidos, dialogados y se pusieron encima de la mesa en las negociaciones», en referencia a los diferentes foros mantenidos con representantes patronales y sindicales, añadió que se ha aplicado «escrupulosamente la ley estatal y la autonómica» -el decreto del conciertos del Consell-, y apuntó que su costumbre «es cumplir lo que decimos». Es decir, concertar donde no llega la pública.
«Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que había que hacer, que es una gestión eficiente de los recursos públicos», añadió, antes de alegar que «hay 30 unidades que no son necesarias porque ya asume esa oferta la pública, y no podemos duplicar los recursos de la administración, doblar la oferta que ya existe».
Ante la insistencia de si se abriría de nuevo el diálogo tras los últimos acontecimientos, dijo que «no es una cuestión de negociación sino técnica». «En función de las necesidades de escolarización de un barrio o un municipio hemos concertado con los que cumplían más criterios, que son claros y transparentes. En caso de necesidad hemos concertado y por eso se mantienen la mayoría (el 85% de las aulas de 1º), porque son necesarias», añadió.
Respecto a qué le diría a unos padres que deban dejar el colegio elegido para sus hijos por las supresiones, comentó que la misma situación se da en los centros públicos de Secundaria «que no tienen un Bachillerato que guste a algunas familias o alumnos, por lo que deben pensar en qué centro se matricularán». También citó otras situaciones, como que no haya una modalidad determinada, lo que obliga al cambio.
Sin embargo, añadió, para la concertada «si las familias quieren continuar en el mismo centro con oferta privada es muy sencillo que puedan hacerlo», en referencia a que las aulas, pese a perder los fondos públicos, continúan autorizadas. Eso sí, el coste de un Bachillerato privado puede superar los 300 euros mensuales, una cantidad difícil de asumir para muchos valencianos. «Y si no quieren seguir en ese o en una oferta privada pueden matricularse en otros centros de la zona en los cuales hay oferta suficiente para cubrir sus necesidades», añadió.
Sobre los plazos -el ajuste se ha conocido a las puertas de la admisión- dijo que el procedimiento de renovación imposibilitaba abordar antes de enero los trámites administrativos. Eso sí, se comprometió a que todos los colegios conocerán las unidades definitivas con las que cuentan antes de la matriculación.
Deudas, FP y nueva protesta
Marzà también defendió sus políticas hacia la concertada, como el pago de la deuda de los trienios que dejó el PP o la creación de la bolsa de recolocación. Además destacó la creación de más de 30 aulas nuevas de Especial y la apuesta por la FP Básica para atender necesidades específicas de apoyo. Sobre los ciclos ordinarios, dijo que se han suprimido aquellos duplicados respecto a la red pública y que pese a tener demanda de alumnado no presentaban una elevada empleabilidad.
Por otro lado, el colegio Nuestra Señora del Loreto-Fesd organizó un acto simbólico para mostrar, mediante un 'abrazo' gigante, el apoyo del alumnado al centro, que pierde una de sus líneas de Bachillerato.
las provincias
La única esperanza para los colegios que pierden clases pasa por las alegaciones. Eso sí, siempre que argumenten que hay fallos técnicos en la aplicación de los criterios para decidir qué escuela tiene prioridad para mantener el concierto en cada zona o municipio, algo normal en un procedimiento administrativo.
Se trata de algunas conclusiones que se extraen de las palabras del conseller Vicent Marzà, que compareció ayer en la presentación del plan de mantenimiento de escuelas públicas de la Diputación. Aunque no dijo textualmente que no fuera a rectificar, la defensa férrea del proceso seguido deja entrever que no hay cambio de rumbo a pesar de la presión social o las esperanzas de negociación de parte del sector.
Marzà destacó que los criterios aplicados eran «conocidos, dialogados y se pusieron encima de la mesa en las negociaciones», en referencia a los diferentes foros mantenidos con representantes patronales y sindicales, añadió que se ha aplicado «escrupulosamente la ley estatal y la autonómica» -el decreto del conciertos del Consell-, y apuntó que su costumbre «es cumplir lo que decimos». Es decir, concertar donde no llega la pública.
«Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que había que hacer, que es una gestión eficiente de los recursos públicos», añadió, antes de alegar que «hay 30 unidades que no son necesarias porque ya asume esa oferta la pública, y no podemos duplicar los recursos de la administración, doblar la oferta que ya existe».
Ante la insistencia de si se abriría de nuevo el diálogo tras los últimos acontecimientos, dijo que «no es una cuestión de negociación sino técnica». «En función de las necesidades de escolarización de un barrio o un municipio hemos concertado con los que cumplían más criterios, que son claros y transparentes. En caso de necesidad hemos concertado y por eso se mantienen la mayoría (el 85% de las aulas de 1º), porque son necesarias», añadió.
Respecto a qué le diría a unos padres que deban dejar el colegio elegido para sus hijos por las supresiones, comentó que la misma situación se da en los centros públicos de Secundaria «que no tienen un Bachillerato que guste a algunas familias o alumnos, por lo que deben pensar en qué centro se matricularán». También citó otras situaciones, como que no haya una modalidad determinada, lo que obliga al cambio.
Sin embargo, añadió, para la concertada «si las familias quieren continuar en el mismo centro con oferta privada es muy sencillo que puedan hacerlo», en referencia a que las aulas, pese a perder los fondos públicos, continúan autorizadas. Eso sí, el coste de un Bachillerato privado puede superar los 300 euros mensuales, una cantidad difícil de asumir para muchos valencianos. «Y si no quieren seguir en ese o en una oferta privada pueden matricularse en otros centros de la zona en los cuales hay oferta suficiente para cubrir sus necesidades», añadió.
Sobre los plazos -el ajuste se ha conocido a las puertas de la admisión- dijo que el procedimiento de renovación imposibilitaba abordar antes de enero los trámites administrativos. Eso sí, se comprometió a que todos los colegios conocerán las unidades definitivas con las que cuentan antes de la matriculación.
Deudas, FP y nueva protesta
Marzà también defendió sus políticas hacia la concertada, como el pago de la deuda de los trienios que dejó el PP o la creación de la bolsa de recolocación. Además destacó la creación de más de 30 aulas nuevas de Especial y la apuesta por la FP Básica para atender necesidades específicas de apoyo. Sobre los ciclos ordinarios, dijo que se han suprimido aquellos duplicados respecto a la red pública y que pese a tener demanda de alumnado no presentaban una elevada empleabilidad.
Por otro lado, el colegio Nuestra Señora del Loreto-Fesd organizó un acto simbólico para mostrar, mediante un 'abrazo' gigante, el apoyo del alumnado al centro, que pierde una de sus líneas de Bachillerato.
las provincias
