15/03/2016
Tarifa: Denuncian una gestión de gil presidida "Por el oscurantismo y el descontrol del gasto"
El gobierno ha denunciado ante la Fiscalía un supuesto fraude de ley y desviación de fondos públicos en contrataciones laborales suscritas el pasado mayo por el entonces alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil García.
Ocho trabajadores se incorporaron en pleno periodo preelectoral a la plantilla de trabajadores municipales para reparar espacios libres de La Marina II con cargo a una partida finalista de cerca de 80.000 euros del Fondo Estatal de Impulso Económico. Sin embargo, las obras nunca se acometieron y el área municipal de Intervención alertó el pasado noviembre de que ninguna certificación emitida al respecto podía acreditar la aplicación de los citados fondos, reclamada desde la administración central. Ante la sensibilidad del asunto, el gobierno local ha explicado hoy los hechos a los medios de comunicación.
Se cree que en el anterior alcalde y actual portavoz municipal del PP podría haber incurrido en un fraude de ley y desvío de fondos, y se pide la depuración de responsabilidades por parte de la justicia.
Fue la petición circunstancial de uno de los trabajadores, la que alertó del asunto. Los ocho trabajadores contratados inicialmente para un espacio de tres meses, habían visto prolongada su vinculación con la empresa sin que se acometiese trabajo alguno relacionado con el programa finalista.
El gobierno ha querido dejar claro que no focaliza la atención en los trabajadores contratados, víctimas -se ha recalcado hoy- "de un procedimiento oscurantista en el que se han pasado por alto criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". En este sentido, un informe emitido por la oficina laboral advertía también de la falta de rigor del procedimiento. "Era el modo de operar del anterior gobierno; falta de control del gasto, ausencia de criterios en la contratación laboral, procedimientos oscurantistas eran lo común".
Por otro lado, no es la única irregularidad encontrada. Así se ha recordado hoy la próxima contratación de una auditoría externa que permita clarificar la falta de control del gasto público. En esta línea el teniente de alcalde Sebastián Galindo ha apuntado incluso a que existencia de facturas e impagos que exigen responsabilidad patrimonial.
Con todo, el tripartito recuerda que su atención prioritaria se encamina a diario a la gestión municipal y a la resolución de los problemas que afectan al ciudadano, "no a la fiscalización del gobierno anterior. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades determina denuncias como la trasladada ahora ante la Fiscalía".
Con la última denuncia presentada, el gobierno aspira a devolver las garantías jurídicas a los procedimientos municipales. Por último se ha señalado hoy que un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento suscribe la capacidad del gobierno para denunciar el supuesto fraude ante la Fiscalía.
Ocho trabajadores se incorporaron en pleno periodo preelectoral a la plantilla de trabajadores municipales para reparar espacios libres de La Marina II con cargo a una partida finalista de cerca de 80.000 euros del Fondo Estatal de Impulso Económico. Sin embargo, las obras nunca se acometieron y el área municipal de Intervención alertó el pasado noviembre de que ninguna certificación emitida al respecto podía acreditar la aplicación de los citados fondos, reclamada desde la administración central. Ante la sensibilidad del asunto, el gobierno local ha explicado hoy los hechos a los medios de comunicación.
Se cree que en el anterior alcalde y actual portavoz municipal del PP podría haber incurrido en un fraude de ley y desvío de fondos, y se pide la depuración de responsabilidades por parte de la justicia.
Fue la petición circunstancial de uno de los trabajadores, la que alertó del asunto. Los ocho trabajadores contratados inicialmente para un espacio de tres meses, habían visto prolongada su vinculación con la empresa sin que se acometiese trabajo alguno relacionado con el programa finalista.
El gobierno ha querido dejar claro que no focaliza la atención en los trabajadores contratados, víctimas -se ha recalcado hoy- "de un procedimiento oscurantista en el que se han pasado por alto criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". En este sentido, un informe emitido por la oficina laboral advertía también de la falta de rigor del procedimiento. "Era el modo de operar del anterior gobierno; falta de control del gasto, ausencia de criterios en la contratación laboral, procedimientos oscurantistas eran lo común".
Por otro lado, no es la única irregularidad encontrada. Así se ha recordado hoy la próxima contratación de una auditoría externa que permita clarificar la falta de control del gasto público. En esta línea el teniente de alcalde Sebastián Galindo ha apuntado incluso a que existencia de facturas e impagos que exigen responsabilidad patrimonial.
Con todo, el tripartito recuerda que su atención prioritaria se encamina a diario a la gestión municipal y a la resolución de los problemas que afectan al ciudadano, "no a la fiscalización del gobierno anterior. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades determina denuncias como la trasladada ahora ante la Fiscalía".
Con la última denuncia presentada, el gobierno aspira a devolver las garantías jurídicas a los procedimientos municipales. Por último se ha señalado hoy que un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento suscribe la capacidad del gobierno para denunciar el supuesto fraude ante la Fiscalía.
