21/02/2017
Tarifa: Vecinos del Cuarton indignados por las palabras del alcalde de Tarifa
Las palabras del alcalde de Tarifa :"La gestión de lo público solo la garantiza la administración" referidas al Observatorio de Cazalla, indignan a los vecinos de la urbanización "El Cuartón" ya que nunca este ayuntamiento garantizó, ni ha demostrado el más mínimo interés en salvaguardar los intereses públicos en la urbanización.
La seguridad de los compradores de parcelas por parte de la administración nunca estuvo garantizada, todo lo contrario, se dejó al propietario de la urbanización y luego a los propietarios de parcelas a su libre albedrío.
Ha sido habitual por parte de este Ayuntamiento jugar con la indeterminación de sobre quien recaen las responsabilidades y recuerdan que, el Ayuntamiento esgrimía durante años que ésta urbanización es "privada" pretendiendo fuera de toda lógica desligarse de sus responsabilidades cuando es una urbanización pública, asumida por el Ayuntamiento con el Plan General de 1990.
La pésima gestión del Ayuntamiento certificada en tres resoluciones del Defensor del Pueblo andaluz sigue dejando en indefensión a los propietarios dañado sus derechos, en una urbanización que al encontrarse geográficamente entre dos parques naturales con el más alto grado de protección, sin que exista depuración, ni plan de incendios y carencia de agua se producen consecuencias nefastas hacia el entorno.
Nuestra situación, siguen declarando, no es nada nuevo para los asesores y funcionarios del Ayuntamiento, que a sabiendas de que no existe ningún Proyecto aprobado de Urbanización, desde el año 1969, hacen caso omiso a su responsabilidad y se sigue otorgando licencias de obras aparentando que todo está en regla .
Este ayuntamiento agravó muestra mísera situación en el 2016, emitiendo un Decreto que evidencia falta de conocimiento o erróneo asesoramiento, persistiendo en su intención de hacer pagar a los propietarios de parcelas lo que corresponde al propietario de la urbanización.
Los vecinos manifiestan que su labor si que es velar por el interés público, y que por ello se han personado en una demanda del propietario de la urbanización contra el Ayuntamiento para que se le expropie la urbanización, cuando a este propietario el ayuntamiento nunca le reclamó los intereses públicos.
La seguridad de los compradores de parcelas por parte de la administración nunca estuvo garantizada, todo lo contrario, se dejó al propietario de la urbanización y luego a los propietarios de parcelas a su libre albedrío.
Ha sido habitual por parte de este Ayuntamiento jugar con la indeterminación de sobre quien recaen las responsabilidades y recuerdan que, el Ayuntamiento esgrimía durante años que ésta urbanización es "privada" pretendiendo fuera de toda lógica desligarse de sus responsabilidades cuando es una urbanización pública, asumida por el Ayuntamiento con el Plan General de 1990.
La pésima gestión del Ayuntamiento certificada en tres resoluciones del Defensor del Pueblo andaluz sigue dejando en indefensión a los propietarios dañado sus derechos, en una urbanización que al encontrarse geográficamente entre dos parques naturales con el más alto grado de protección, sin que exista depuración, ni plan de incendios y carencia de agua se producen consecuencias nefastas hacia el entorno.
Nuestra situación, siguen declarando, no es nada nuevo para los asesores y funcionarios del Ayuntamiento, que a sabiendas de que no existe ningún Proyecto aprobado de Urbanización, desde el año 1969, hacen caso omiso a su responsabilidad y se sigue otorgando licencias de obras aparentando que todo está en regla .
Este ayuntamiento agravó muestra mísera situación en el 2016, emitiendo un Decreto que evidencia falta de conocimiento o erróneo asesoramiento, persistiendo en su intención de hacer pagar a los propietarios de parcelas lo que corresponde al propietario de la urbanización.
Los vecinos manifiestan que su labor si que es velar por el interés público, y que por ello se han personado en una demanda del propietario de la urbanización contra el Ayuntamiento para que se le expropie la urbanización, cuando a este propietario el ayuntamiento nunca le reclamó los intereses públicos.
