08/02/2018
La Línea: La Línea acoge una jornada formativa sobre la nueva Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
Técnicos de los servicios sociales comunitarios de municipios de todo el Campo de Gibraltar han asistido a la jornada que hoy ha tenido lugar en el Palacio de Congresos sobre las novedades que introduce el Decreto-Ley que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), en vigor desde el 1 de enero.
Esta jornada formativa ha sido presentada por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, Manuel Herrera, y el teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, e impartida por el jefe de servicios de la delegación, Manuel Ceballos.
Partiendo de los datos de lo que hasta ahora había sido el salario social, el año pasado fueron ochocientas personas las perceptoras en la comarca. Las previsiones de solicitudes de renta mínima para la provincia de Cádiz alcanzan las 4.000 familias y alrededor de 11.500 personas beneficiadas.
Herrera aseguró que con la nueva ley se avanza en los derechos de personas con situaciones de exclusión social más graves, pues se han introducido cambios significativos en las condiciones que los perceptores de la renta mínima deben cumplir.
Entre las novedades que introduce la nueva reglamentación, la percepción de la renta básica se ampliará a doce meses con la posibilidad de solicitar ampliaciones sucesivas de seis meses mientras se mantengan las condiciones que motivaron la concesión y el cumplimiento de requisitos y obligaciones. Será más accesible para adaptarse a la realidad sociológica actual y permitirá, por ejemplo, en una misma unidad de convivencia que haya dos unidades familiares percibiendo la renta mínima. No se tendrán en cuenta para el cálculo de la prestación la propiedad de la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo, pensiones de orfandad, remuneración por acogimiento, pensiones de alimento y por dependencia. Tampoco computarán las becas, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y contratos de formación para jóvenes, los inmuebles declarados en ruinas y las ayudas públicas para vivienda habitual.
Por otra parte, se considera como una prestación garantizada un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía que incorpora un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral por cada unidad familiar.
