01/03/2016
Tarifa: La justicia cierra el caso Santa Catalina con la absolución de todos los acusados
El día 6 de abril de 2004, el Ayuntamiento de Tarifa celebró un pleno extraordinario en el que se acordó sacar un concurso de ideas la utilidad del castillo Santa Catalina y sus inmediaciones. El 23 de febrero de 2016 se hacía pública la sentencia sobre el recurso de apelación que el ministerio fiscal presentó sobre el fallo que el 27 de noviembre del año pasado, declaraba absueltos al exalcalde Miguel Manella, ocho concejales y tres empresarios.
Han tenido que pasar doce años para que una simple concesión para instalar unas carpas en un castillo que presentaba un estado ruinoso, terminara su andadura judicial, ya que como explicó a Europa Sur el abogado Juan Aparicio, uno de los que defendía los intereses de los ediles, "el asunto no tiene más recorrido ya que no cabe un recurso ante el TSJA".
La sentencia conocida por este diario desmonta todos y cada uno de los argumentos expuestos por el fiscal cuando presentó su apelación, especialmente a su persistente insistencia en sostener que los concejales del equipo de gobierno que capitaneaba Miguel Manella, cometieron un delito de prevaricación.
El equipo de abogados compuesto por Juan Aparicio, Manuel Buitrago, José Manuel Gareño y Miguel Ángel Torres, puso de manifiesto -y así lo ha corroborado la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, que no hubo connivencia alguna entre los integrantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarifa y los empresarios cuya opción fue elegida en el concurso de ideas para el impulso del castillo de Santa Catalina y que básicamente consistían en la instalación de unas carpas, una oficina de turismo y una pequeña tienda de recuerdos, aspectos todos ellos que no incumplieron ninguno de los preceptos señalados por los técnicos municipales.
La prolija sentencia de apelación comienza con un relato de los hechos para concluir que "no consta acreditado que los acusados, a la hora de solicitar o conceder las licencias, actuaran de común acuerdo con la intención de ignorar la legalidad vigente para que los primeros se vieran ilícitamente beneficiados".
El fallo de la apelación incide en que "el concurso de ideas fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes al pleno, incluido el que hoy se presenta como acusador popular, Juan Andrés García" exalcalde de Tarifa. Las licencias contaron con todos los informes preceptivos por parte de la secretaria y el arquitecto municipal y buena prueba de esa no connivencia, se encuentra el hecho de que cuando el chiringuito abrió sin licencia, fue requerido a subsanar las deficiencias apuntadas y se le sometió a un expediente sancionador con una multa de 3.000 euros.
El magistrado desgrana todos los testimonios emitidos en el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras en el que se dirimió la causa contra los acusados, y no encuentra en ellos, consigna alguna que les hiciera decidirse por la opción que ganó el concurso, "ya que incluso un concejal de la oposición reconoció que era la que más le había gustado".
También se detiene en uno de los aspectos que más había incomodado al grupo de letrados, como fue la intención del ministerio público por volver a analizar las pruebas presentadas en su día ante el tribunal de lo Penal. La legislación tiene contempladas severas restricciones a la posibilidad de rectificar vía recurso los aspectos fácticos de las sentencias absolutorias, un argumento que se basa en numerosas sentencias del Supremo, Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; "cuando se hayan establecido los hechos probados, la rectificación de aquellos requiere una audiencia pública en la que se pueda oír al acusado y en la que se practiquen las pruebas personales que han de ser valoradas".
Tampoco aprecia que se contemplen en este caso los aspectos que determinen la comisión del delito de prevaricación, ya que esta ha de ser "evidente, patente, flagrante y clamorosa", aspectos todos ellos que no se han conseguido demostrar en este caso.
La Audiencia Provincial, insiste en repetidas ocasiones en la sentencia, en uno de los aspectos en los que más se detuvieron los letrados de la defensa, como es que pese a los usos que se determinaban para el Castillo de Santa Catalina, éstos podían ser acompañados de las necesarias modificaciones para que "pudieran obtenerse los beneficios económicos que les permitieran sacar un rendimiento". Así figura en el contrato de concesión en el que se concede el derecho "a explotar las obras y percibir las retribuciones económicas que abonen los usuarios por la utilización de dichas instalaciones". Con ello desmonta una de las pretensiones del fiscal quien sostenía que la actividad ilícita existía desde el momento que se concede la concesión a la empresa y que iban en contra del PGOU tarifeño, algo que es desmentido con la "necesidad de obtener beneficios que compensen el gasto". En este sentido, abunda que "las Ordenanzas de Instalaciones Especiales -como era el caso del castillo- permitían dar un uso distinto al recogido en las ordenanzas". También influye en ello, "el estado de degradación y abandono progresivo que desde el año 2000" sufrían las instalaciones.
Tampoco "tienen dudas jurídicas" los expedientes relativos a licencias para la limpieza del terrero y vaciado del foso, esgrimidos por la apelación, ni con otra de las ideas expuestas por el fiscal en el juicio, como era la presencia del chiringuito en la zona, ya que este "tenía carácter temporal" y contaba con todos los informes de los técnicos municipales favorables al mismo.
Uno de los últimos párrafos de la sentencia sirve como resumen del espíritu de la misma: "Constatamos que en ningún momento se emitió informe técnico por el que se pusiera en conocimiento de los miembros del equipo de Gobierno o del Pleno que se estuviera llevando a cabo una actividad urbanística ilegal y se propusiera la revocación de las licencias y autorizaciones concedidas, al menos la acusación no lo ha probado".
Con esta desestimación se cierra un caso que se ha dilatado durante más de una década en la que los doce acusados han debido de paralizar toda actuación en un castillo que no está en la actualidad mejor de lo que se encontraba cuando el equipo de gobierno de Miguel Manella, decidió darle un uso que frenara su deterioro. Doce años después, continúa en el mismo estado sin que nadie se ocupe del mismo.
Han tenido que pasar doce años para que una simple concesión para instalar unas carpas en un castillo que presentaba un estado ruinoso, terminara su andadura judicial, ya que como explicó a Europa Sur el abogado Juan Aparicio, uno de los que defendía los intereses de los ediles, "el asunto no tiene más recorrido ya que no cabe un recurso ante el TSJA".
La sentencia conocida por este diario desmonta todos y cada uno de los argumentos expuestos por el fiscal cuando presentó su apelación, especialmente a su persistente insistencia en sostener que los concejales del equipo de gobierno que capitaneaba Miguel Manella, cometieron un delito de prevaricación.
El equipo de abogados compuesto por Juan Aparicio, Manuel Buitrago, José Manuel Gareño y Miguel Ángel Torres, puso de manifiesto -y así lo ha corroborado la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, que no hubo connivencia alguna entre los integrantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarifa y los empresarios cuya opción fue elegida en el concurso de ideas para el impulso del castillo de Santa Catalina y que básicamente consistían en la instalación de unas carpas, una oficina de turismo y una pequeña tienda de recuerdos, aspectos todos ellos que no incumplieron ninguno de los preceptos señalados por los técnicos municipales.
La prolija sentencia de apelación comienza con un relato de los hechos para concluir que "no consta acreditado que los acusados, a la hora de solicitar o conceder las licencias, actuaran de común acuerdo con la intención de ignorar la legalidad vigente para que los primeros se vieran ilícitamente beneficiados".
El fallo de la apelación incide en que "el concurso de ideas fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes al pleno, incluido el que hoy se presenta como acusador popular, Juan Andrés García" exalcalde de Tarifa. Las licencias contaron con todos los informes preceptivos por parte de la secretaria y el arquitecto municipal y buena prueba de esa no connivencia, se encuentra el hecho de que cuando el chiringuito abrió sin licencia, fue requerido a subsanar las deficiencias apuntadas y se le sometió a un expediente sancionador con una multa de 3.000 euros.
El magistrado desgrana todos los testimonios emitidos en el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras en el que se dirimió la causa contra los acusados, y no encuentra en ellos, consigna alguna que les hiciera decidirse por la opción que ganó el concurso, "ya que incluso un concejal de la oposición reconoció que era la que más le había gustado".
También se detiene en uno de los aspectos que más había incomodado al grupo de letrados, como fue la intención del ministerio público por volver a analizar las pruebas presentadas en su día ante el tribunal de lo Penal. La legislación tiene contempladas severas restricciones a la posibilidad de rectificar vía recurso los aspectos fácticos de las sentencias absolutorias, un argumento que se basa en numerosas sentencias del Supremo, Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; "cuando se hayan establecido los hechos probados, la rectificación de aquellos requiere una audiencia pública en la que se pueda oír al acusado y en la que se practiquen las pruebas personales que han de ser valoradas".
Tampoco aprecia que se contemplen en este caso los aspectos que determinen la comisión del delito de prevaricación, ya que esta ha de ser "evidente, patente, flagrante y clamorosa", aspectos todos ellos que no se han conseguido demostrar en este caso.
La Audiencia Provincial, insiste en repetidas ocasiones en la sentencia, en uno de los aspectos en los que más se detuvieron los letrados de la defensa, como es que pese a los usos que se determinaban para el Castillo de Santa Catalina, éstos podían ser acompañados de las necesarias modificaciones para que "pudieran obtenerse los beneficios económicos que les permitieran sacar un rendimiento". Así figura en el contrato de concesión en el que se concede el derecho "a explotar las obras y percibir las retribuciones económicas que abonen los usuarios por la utilización de dichas instalaciones". Con ello desmonta una de las pretensiones del fiscal quien sostenía que la actividad ilícita existía desde el momento que se concede la concesión a la empresa y que iban en contra del PGOU tarifeño, algo que es desmentido con la "necesidad de obtener beneficios que compensen el gasto". En este sentido, abunda que "las Ordenanzas de Instalaciones Especiales -como era el caso del castillo- permitían dar un uso distinto al recogido en las ordenanzas". También influye en ello, "el estado de degradación y abandono progresivo que desde el año 2000" sufrían las instalaciones.
Tampoco "tienen dudas jurídicas" los expedientes relativos a licencias para la limpieza del terrero y vaciado del foso, esgrimidos por la apelación, ni con otra de las ideas expuestas por el fiscal en el juicio, como era la presencia del chiringuito en la zona, ya que este "tenía carácter temporal" y contaba con todos los informes de los técnicos municipales favorables al mismo.
Uno de los últimos párrafos de la sentencia sirve como resumen del espíritu de la misma: "Constatamos que en ningún momento se emitió informe técnico por el que se pusiera en conocimiento de los miembros del equipo de Gobierno o del Pleno que se estuviera llevando a cabo una actividad urbanística ilegal y se propusiera la revocación de las licencias y autorizaciones concedidas, al menos la acusación no lo ha probado".
Con esta desestimación se cierra un caso que se ha dilatado durante más de una década en la que los doce acusados han debido de paralizar toda actuación en un castillo que no está en la actualidad mejor de lo que se encontraba cuando el equipo de gobierno de Miguel Manella, decidió darle un uso que frenara su deterioro. Doce años después, continúa en el mismo estado sin que nadie se ocupe del mismo.
