08/03/2016
Tarifa: Las almadrabas presentan alegaciones contra el reparto de la cuota extra de atún rojo
El sector almadrabero ha confiado en que prosperen las alegaciones presentadas contra la resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establece el «injusto» reparto del fondo de maniobra de atún rojo para la campaña de este año, al tiempo que ha hecho un llamamiento a todos los partidos del arco parlamentario andaluz para hacer «un frente común que defienda, sin fisuras», el que es el arte de pesca «más sostenible, respetuoso con la especie y que más empleo genera».
Así lo ha indicado la directora genere de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP-51), Marta Crespo, quien ha destacado, además, que se da la circunstancia de que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula la Orden de atún rojo de 2013 (AAA/642/2013) en dos sentencias dictadas el 1 de diciembre de 2015 y el 29 de enero de 2016 tras los recursos presentados por la organización.
En cualquier caso, a la espera de que las sentencias cobren firmeza -han sido recurridas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, presentan alegaciones a un proyecto normativo que «de facto ya ha sido aplicado sin recato por el Ministerio» en cuanto al reparto de posibilidades de pesca.
Confiando en la desestimación de los recursos presentados por la Administración, pasaría entonces a estar vigente la Orden de 2011, que, además de no incluir a determinadas pesquerías, establece que el fondo de maniobra se nutra de los intercambios de cuota con otros estados miembros. Sin embargo, en la de 2013 el fondo de maniobra se constituye «del 5% de la cuota nacional que se reserva el Gobierno y que, por tanto, se quita al sector», distribuyéndose luego con criterios «arbitrarios».
A su juicio, el Ejecutivo está incurriendo así en «la utilización del fondo de maniobra como instrumento indirecto de asignación paralela de las posibilidades de pesca al margen de la ley, del necesario control y en perjuicio de las pesquerías históricas», que año tras año ven que los aumentos de la cuota nacional «no repercuten en el incremento proporcional de sus posibilidades, sino en el incremento de participantes en la pesquería».
Según ha apuntado, esta «perversión» del fondo de maniobra con el «destino impropio» que quiere darse al mismo queda demostrada con «la ausencia de toda reserva para posibles rebasamientos de la cuota», que debe ser «su verdadera finalidad».
Error en las claves de reparto
En cuanto a las claves de reparto, ha incidido en que se mantienen invariables desde 2008, es decir, sin tener en cuenta los criterios sociolaborales y de dependencia de las almadrabas -en alusión a que no pueden pescar ninguna otra especie distinta del atún y a que es la modalidad de pesca que «más empleo genera y durante más tiempo», pues las campañas se prolongan durante seis meses en los que se da empleo a centenares de personas de las localidades en las que se ubican-.
Por otra parte, han argumentado que en el criterio de capturas históricas debe emplearse la serie más larga posible y procedente de fuente fiable. Al respecto, han indicado que los almadraberos expusieron en 2008 los datos oficiales del Iccat, mientras que otras pesquerías «inflaron hasta en un 44% sus datos de capturas» para obtener mayor cuota.
En este sentido, y aunque «no se aplica», han destacado que las almadrabas tienen reconocido judicialmente el derecho a una cuota superior al 26,4% del total nacional (el porcentaje asignado en la resolución de 2010), pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2013 una sentencia que así lo determinaba teniendo en cuenta que «en el periodo 1950-2006 las capturas de las almadrabas españolas representaban un 49% del total nacional de capturas».
Normativa europea
En sus alegaciones, la OPP-51 también argumenta que el Ministerio «no puede seguir posponiendo indefinidamente la necesaria modificación de la normativa reguladora de la pesca de atún rojo para ajustarla, en lo concerniente a la distribución de posibilidades de pesca, a los criterios de asignación que prevén los preceptos comunitarios».
Hace referencia concretamente al artículo 17 del reglamento del Parlamento Europeo sobre la Política Pesquera Común, que recoge que los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los estados miembros deben ser «transparentes y objetivos, incluyendo aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial de cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de capturas».
Cabe recordar que la cuota de atún rojo asignada a España para 2016 es de 3.534,43 toneladas, ascendiendo a 913 la distribuida para las cuatro almadrabas (Barbate, Conil, Tarifa y Zahara de los Atunes). El Ministerio se ha reservado un fondo de maniobra de 176,72 toneladas que pretende distribuir de la siguiente manera: 100,20 toneladas para la flota canaria; 20,59 toneladas para los buques artesanales del Estrecho; 5,73 toneladas para las embarcaciones de las listas sexta y séptima de la Orden; 50 toneladas a los buques artesanales del Mediterráneo y 0,20 toneladas a una almadraba murciana.
Desde la OPP han expresado su «rotundo rechazo» a esta distribución, que insisten en que supone «la utilización del fondo de maniobra como un instrumento indirecto de asignación paralela de posibilidades de pesca al margen de la ley», pretendiendo así «burlar una norma reglamentaria de rango superior y favoreciendo a unas pesquerías en perjuicio de otras».
Así las cosas, tras reiterar su confianza en que «dentro de poco» se desestime el recurso interpuesto por el Ministerio y se modifique la orden de reparto, han expresado su deseo de que el próximo Gobierno central sea sensible con las almadrabas. Finalmente, ha incidido en su llamamiento a todos los partidos para «hacer desde Andalucía un frente común en defensa del sector», ya que, en su opinión, «el empleo y la sostenibilidad no son cosa de un solo color político».
Así lo ha indicado la directora genere de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP-51), Marta Crespo, quien ha destacado, además, que se da la circunstancia de que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula la Orden de atún rojo de 2013 (AAA/642/2013) en dos sentencias dictadas el 1 de diciembre de 2015 y el 29 de enero de 2016 tras los recursos presentados por la organización.
En cualquier caso, a la espera de que las sentencias cobren firmeza -han sido recurridas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, presentan alegaciones a un proyecto normativo que «de facto ya ha sido aplicado sin recato por el Ministerio» en cuanto al reparto de posibilidades de pesca.
Confiando en la desestimación de los recursos presentados por la Administración, pasaría entonces a estar vigente la Orden de 2011, que, además de no incluir a determinadas pesquerías, establece que el fondo de maniobra se nutra de los intercambios de cuota con otros estados miembros. Sin embargo, en la de 2013 el fondo de maniobra se constituye «del 5% de la cuota nacional que se reserva el Gobierno y que, por tanto, se quita al sector», distribuyéndose luego con criterios «arbitrarios».
A su juicio, el Ejecutivo está incurriendo así en «la utilización del fondo de maniobra como instrumento indirecto de asignación paralela de las posibilidades de pesca al margen de la ley, del necesario control y en perjuicio de las pesquerías históricas», que año tras año ven que los aumentos de la cuota nacional «no repercuten en el incremento proporcional de sus posibilidades, sino en el incremento de participantes en la pesquería».
Según ha apuntado, esta «perversión» del fondo de maniobra con el «destino impropio» que quiere darse al mismo queda demostrada con «la ausencia de toda reserva para posibles rebasamientos de la cuota», que debe ser «su verdadera finalidad».
Error en las claves de reparto
En cuanto a las claves de reparto, ha incidido en que se mantienen invariables desde 2008, es decir, sin tener en cuenta los criterios sociolaborales y de dependencia de las almadrabas -en alusión a que no pueden pescar ninguna otra especie distinta del atún y a que es la modalidad de pesca que «más empleo genera y durante más tiempo», pues las campañas se prolongan durante seis meses en los que se da empleo a centenares de personas de las localidades en las que se ubican-.
Por otra parte, han argumentado que en el criterio de capturas históricas debe emplearse la serie más larga posible y procedente de fuente fiable. Al respecto, han indicado que los almadraberos expusieron en 2008 los datos oficiales del Iccat, mientras que otras pesquerías «inflaron hasta en un 44% sus datos de capturas» para obtener mayor cuota.
En este sentido, y aunque «no se aplica», han destacado que las almadrabas tienen reconocido judicialmente el derecho a una cuota superior al 26,4% del total nacional (el porcentaje asignado en la resolución de 2010), pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2013 una sentencia que así lo determinaba teniendo en cuenta que «en el periodo 1950-2006 las capturas de las almadrabas españolas representaban un 49% del total nacional de capturas».
Normativa europea
En sus alegaciones, la OPP-51 también argumenta que el Ministerio «no puede seguir posponiendo indefinidamente la necesaria modificación de la normativa reguladora de la pesca de atún rojo para ajustarla, en lo concerniente a la distribución de posibilidades de pesca, a los criterios de asignación que prevén los preceptos comunitarios».
Hace referencia concretamente al artículo 17 del reglamento del Parlamento Europeo sobre la Política Pesquera Común, que recoge que los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los estados miembros deben ser «transparentes y objetivos, incluyendo aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial de cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de capturas».
Cabe recordar que la cuota de atún rojo asignada a España para 2016 es de 3.534,43 toneladas, ascendiendo a 913 la distribuida para las cuatro almadrabas (Barbate, Conil, Tarifa y Zahara de los Atunes). El Ministerio se ha reservado un fondo de maniobra de 176,72 toneladas que pretende distribuir de la siguiente manera: 100,20 toneladas para la flota canaria; 20,59 toneladas para los buques artesanales del Estrecho; 5,73 toneladas para las embarcaciones de las listas sexta y séptima de la Orden; 50 toneladas a los buques artesanales del Mediterráneo y 0,20 toneladas a una almadraba murciana.
Desde la OPP han expresado su «rotundo rechazo» a esta distribución, que insisten en que supone «la utilización del fondo de maniobra como un instrumento indirecto de asignación paralela de posibilidades de pesca al margen de la ley», pretendiendo así «burlar una norma reglamentaria de rango superior y favoreciendo a unas pesquerías en perjuicio de otras».
Así las cosas, tras reiterar su confianza en que «dentro de poco» se desestime el recurso interpuesto por el Ministerio y se modifique la orden de reparto, han expresado su deseo de que el próximo Gobierno central sea sensible con las almadrabas. Finalmente, ha incidido en su llamamiento a todos los partidos para «hacer desde Andalucía un frente común en defensa del sector», ya que, en su opinión, «el empleo y la sostenibilidad no son cosa de un solo color político».
