08/11/2016
Tarifa: El empresario tarifeño Antonio Guerrero y el Guardia Civil José Romero ingresan en prisión sin fianza
Ocho de los once detenidos en Tarifa el pasado viernes por blanqueo de capitales ingresaron anoche en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 decretara su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Entre estos ocho se encuentran el empresario tarifeño Antonio Guerrero Aznar, conocido también por su cargo como presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), y José Romero, miembro de la Guardia Civil y exjefe de la Policía Local de Los Barrios. Los otros tres detenidos por esta causa, la relativa al blanqueo de capitales, quedaron en libertad bajo fianza con cuantías fijadas entre los 3.000 y 6.000 euros.
Los detenidos llegaron a la prisión cerca de la medianoche, tras una larga jornada que se prolongó durante más de quince horas, el período que transcurrió desde su llegada a la sede judicial -sobre las siete de la mañana- hasta que recibieron el auto para su ingreso en prisión, pasadas las diez y media de la noche.
El ingreso en prisión del guardia civil se prevé que sea provisional, ya que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suelen ser destinados a otros centros para preservar su seguridad y alejarlos de los delicuentes comunes, que podrían reconocerles. La prisión de este tipo que se encuentra más cercana al Campo de Gibraltar es la situada en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, donde conviven policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, preventivos o condenados, que integran módulos separados del resto de internos, los considerados civiles, para evitar problemas.
Esta causa, que lleva el juzgado número uno, se abrió por blanqueo de capitales, pero es Emilio Miró, el fiscal antidroga, el responsable de la misma por lo que, presumiblemente, el blanqueo de capitales podría estar ligado a dinero procedente del tráfico de drogas.
Con el traslado a prisión de estos ocho detenidos concluyó una jornada muy dura para todos, arrestados, funcionarios, abogados y familiares que, desde muy temprano, acudieron a los juzgados de la Plaza de la Constitución para conocer el destino de las personas que habían sido detenidas días antes por miembros de la Brigada de Información de la Guardia Civil.
A partir de ahora, y una vez que la puesta a disposición judicial ya se ha completado, ahora queda un largo camino por recorrer a cada uno de los abogados defensores.
El operativo por drogas cayó en otro juzgado, en el número 2, y algunas fuentes señalaron a este diario que únicamente para tres de ellos se decretó el ingreso en la prisión de Botafuegos.
La operación llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado viernes en Tarifa causó un gran revuelo en el municipio, que hoy se despertará con la noticia del ingreso en prisión de uno de sus vecinos y más conocidos empresarios. La sede de una de sus empresas, GMR Proyectos, Servicios y Gestión, fue una de las registradas por los agentes responsables de la investigación. También hubo registros en viviendas y garajes, aunque no ha trascendido si se encontró droga o dinero, circunstancias no confirmadas. De momento, la prisión provisional sin fianza se decreta como medida para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas.
Entre estos ocho se encuentran el empresario tarifeño Antonio Guerrero Aznar, conocido también por su cargo como presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca), y José Romero, miembro de la Guardia Civil y exjefe de la Policía Local de Los Barrios. Los otros tres detenidos por esta causa, la relativa al blanqueo de capitales, quedaron en libertad bajo fianza con cuantías fijadas entre los 3.000 y 6.000 euros.
Los detenidos llegaron a la prisión cerca de la medianoche, tras una larga jornada que se prolongó durante más de quince horas, el período que transcurrió desde su llegada a la sede judicial -sobre las siete de la mañana- hasta que recibieron el auto para su ingreso en prisión, pasadas las diez y media de la noche.
El ingreso en prisión del guardia civil se prevé que sea provisional, ya que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suelen ser destinados a otros centros para preservar su seguridad y alejarlos de los delicuentes comunes, que podrían reconocerles. La prisión de este tipo que se encuentra más cercana al Campo de Gibraltar es la situada en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, donde conviven policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, preventivos o condenados, que integran módulos separados del resto de internos, los considerados civiles, para evitar problemas.
Esta causa, que lleva el juzgado número uno, se abrió por blanqueo de capitales, pero es Emilio Miró, el fiscal antidroga, el responsable de la misma por lo que, presumiblemente, el blanqueo de capitales podría estar ligado a dinero procedente del tráfico de drogas.
Con el traslado a prisión de estos ocho detenidos concluyó una jornada muy dura para todos, arrestados, funcionarios, abogados y familiares que, desde muy temprano, acudieron a los juzgados de la Plaza de la Constitución para conocer el destino de las personas que habían sido detenidas días antes por miembros de la Brigada de Información de la Guardia Civil.
A partir de ahora, y una vez que la puesta a disposición judicial ya se ha completado, ahora queda un largo camino por recorrer a cada uno de los abogados defensores.
El operativo por drogas cayó en otro juzgado, en el número 2, y algunas fuentes señalaron a este diario que únicamente para tres de ellos se decretó el ingreso en la prisión de Botafuegos.
La operación llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado viernes en Tarifa causó un gran revuelo en el municipio, que hoy se despertará con la noticia del ingreso en prisión de uno de sus vecinos y más conocidos empresarios. La sede de una de sus empresas, GMR Proyectos, Servicios y Gestión, fue una de las registradas por los agentes responsables de la investigación. También hubo registros en viviendas y garajes, aunque no ha trascendido si se encontró droga o dinero, circunstancias no confirmadas. De momento, la prisión provisional sin fianza se decreta como medida para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas.
