10/07/2018
San Roque: Grande-Marlaska promete reforzar la lucha contra el narcotráfico e investigar su vertiente económica
El primer edil sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asistido a la reunión con los alcaldes y otras autoridades. Destacó el regidor sanroqueño el interés del ministro en conocer la realidad de la comarca en materia de seguridad, que se demuestra en que en menos de una semana ha visitado la zona en dos ocasiones, la vez anterior en Algeciras.
Recordó que la oposición ciudadana al narcotráfico renació a raíz de la liberación violenta de un traficante en el Hospital de La Línea hace unos meses. Por eso, Ruiz Boix espera que el resultado de estas visitas de Grande-Marlaska se traduzcan en un incremento de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar hasta alcanzar las cifras previstas en los catálogos de efectivos para cubrir las necesidades de la zona en materia de seguridad, como demandan los colectivos y la ciudadanía de la zona.
Por su parte, el ministro del Interior recalcó que el objetivo último es “garantizar el principio de autoridad del Estado de Derecho” en la zona, para lo cual hay que tomar “las medidas e instrumentos precisos para garantizar la convivencia”. Para ello hay que actuar de manera “inmediata” ante “un problema real”, pero no hay que pedir medidas de excepcionalidad porque “la inmensa mayoría de la sociedad campogibraltareña vive de su trabajo, y hay una industria y un turismo importante. El tema es alarmante, pero no hay que ir más allá”.
En este sentido, Grande-Marlaska se comprometió a “reforzar las plantillas y los medios” de Policía Nacional y Guardia Civil, dando respuesta a las demandas de los mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, no descartó que el catálogo de efectivos para la zona “deba ampliarse”.
Hizo hincapié en la necesidad de “completar” la labor policial sobre el terreno con “investigación en ámbitos económicos. No se termina con el narcotráfico sin investigaciones serias y complejas, que abarquen de forma específica el ámbito patrimonial”. En este sientido, citó su experiencia de 30 años como juez, de los cuales quince fueron específicamente luchando contra estas organizaciones: “Hay que luchar contra ellas -sostuvo- atajando sus fuentes de financiación y los resultados/beneficios de la actividad criminal”.
En cuanto a la prohibición de las narcolanchas, recordó depende del Ministerio de Hacienda, pero dijo “que la estamos acelerando”, existiendo ya un borrador del texto legislativo. Además, avanzó que “en los próximos días” habrá “alguna novedad” sobre el demandado Plan Integral para la zona.
Grande-Marlaska también destacó que “todas las administraciones tenemos un compromiso firme de acabar con el problema con la seriedad que se merece. El ámbito local (Diputación, Mancomunidad y ayuntamientos) tiene mucho que decir, ya que está aguantando el tirón y generando cohesión social”.
Estas declaraciones han sido acogidas de manera muy positiva también por los colectivos ciudadanos. Así, Francisco Mena, de la Coordinadora Alternativas y de la Plataforma por la Seguridad, se mostró muy “contento” con las intenciones del ministro.
Mena hizo hincapié en las medidas de carácter socio-económico para evitar que los jóvenes se introduzcan en el mundo del narcotráfico, entre las que citó la lucha contra el absentismo escolar y mejorar la formación laboral. También se mostró contento el portavoz ciudadano de que existe el compromiso de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz para aportar a ese Plan Integral en función de sus competencias.
Finalmente, señaló que le había recordado al ministro que el problema no se ciñe a La Línea y Algeciras, sino que las mafias se desplazan a Torreguadiaro o Puente Mayorga, por poner dos ejemplos, cuando se les impide alijar en cualquier punto de la costa.
Hay que recordar que en su anterior visita el ministro se centró en el abordaje del problema de la inmigración. De hecho, ya se está hablando de la posibilidad de instalar un gran centro de acogida de inmigrantes en la zona industrial y portuaria de Crinavis, en la barriada de Campamento.
Junto a Grande-Marlaska, participaron en estas reuniones, entre otros, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar; el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García.
Recordó que la oposición ciudadana al narcotráfico renació a raíz de la liberación violenta de un traficante en el Hospital de La Línea hace unos meses. Por eso, Ruiz Boix espera que el resultado de estas visitas de Grande-Marlaska se traduzcan en un incremento de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar hasta alcanzar las cifras previstas en los catálogos de efectivos para cubrir las necesidades de la zona en materia de seguridad, como demandan los colectivos y la ciudadanía de la zona.
Por su parte, el ministro del Interior recalcó que el objetivo último es “garantizar el principio de autoridad del Estado de Derecho” en la zona, para lo cual hay que tomar “las medidas e instrumentos precisos para garantizar la convivencia”. Para ello hay que actuar de manera “inmediata” ante “un problema real”, pero no hay que pedir medidas de excepcionalidad porque “la inmensa mayoría de la sociedad campogibraltareña vive de su trabajo, y hay una industria y un turismo importante. El tema es alarmante, pero no hay que ir más allá”.
En este sentido, Grande-Marlaska se comprometió a “reforzar las plantillas y los medios” de Policía Nacional y Guardia Civil, dando respuesta a las demandas de los mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, no descartó que el catálogo de efectivos para la zona “deba ampliarse”.
Hizo hincapié en la necesidad de “completar” la labor policial sobre el terreno con “investigación en ámbitos económicos. No se termina con el narcotráfico sin investigaciones serias y complejas, que abarquen de forma específica el ámbito patrimonial”. En este sientido, citó su experiencia de 30 años como juez, de los cuales quince fueron específicamente luchando contra estas organizaciones: “Hay que luchar contra ellas -sostuvo- atajando sus fuentes de financiación y los resultados/beneficios de la actividad criminal”.
En cuanto a la prohibición de las narcolanchas, recordó depende del Ministerio de Hacienda, pero dijo “que la estamos acelerando”, existiendo ya un borrador del texto legislativo. Además, avanzó que “en los próximos días” habrá “alguna novedad” sobre el demandado Plan Integral para la zona.
Grande-Marlaska también destacó que “todas las administraciones tenemos un compromiso firme de acabar con el problema con la seriedad que se merece. El ámbito local (Diputación, Mancomunidad y ayuntamientos) tiene mucho que decir, ya que está aguantando el tirón y generando cohesión social”.
Estas declaraciones han sido acogidas de manera muy positiva también por los colectivos ciudadanos. Así, Francisco Mena, de la Coordinadora Alternativas y de la Plataforma por la Seguridad, se mostró muy “contento” con las intenciones del ministro.
Mena hizo hincapié en las medidas de carácter socio-económico para evitar que los jóvenes se introduzcan en el mundo del narcotráfico, entre las que citó la lucha contra el absentismo escolar y mejorar la formación laboral. También se mostró contento el portavoz ciudadano de que existe el compromiso de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz para aportar a ese Plan Integral en función de sus competencias.
Finalmente, señaló que le había recordado al ministro que el problema no se ciñe a La Línea y Algeciras, sino que las mafias se desplazan a Torreguadiaro o Puente Mayorga, por poner dos ejemplos, cuando se les impide alijar en cualquier punto de la costa.
Hay que recordar que en su anterior visita el ministro se centró en el abordaje del problema de la inmigración. De hecho, ya se está hablando de la posibilidad de instalar un gran centro de acogida de inmigrantes en la zona industrial y portuaria de Crinavis, en la barriada de Campamento.
Junto a Grande-Marlaska, participaron en estas reuniones, entre otros, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar; el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García.
