27/08/2014
Las empresas para cursos de formación no podrán funcionar solo con ayudas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dad luz verde este martes al anteproyecto de la nueva Ley Formación Profesional de la comunidad y que, entre otras medidas, incluye la creación de una Red de Centros de FP a la que podrán adherirse, previa autorización de la Administración regional, las entidades privadas que no dependan ni desarrollen su labor "exclusivamente a través de subvenciones".
Es una de las novedades de esta nueva norma con la que el Ejecutivo andaluz, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, busca "elevar los niveles de cualificación de la población activa andaluza y potenciar el empleo". La memoria económica de esta norma es, en principio, de 1.200 millones de euros.
Cuando se apruebe esta nueva Ley de Formación Profesional, algo que Alonso ha deseado que ocurra "muy deprisa" aunque tras ser "enriquecido" el texto a lo largo del trámite parlamentario, los sindicatos, las federaciones de cooperativas o las empresas que quieran impartir cursos de formación tendrán que estar inscritos obligatoriamente en la Red de Centros de FP de Andalucía para poder recibir subvenciones.
Además, "se les impone como condiciones el tener autonomía financiera suficiente; acreditar un funcionamiento ordinario adecuado y poseer experiencia previa formativa reconocida y contar con un plan permanente de calidad".
"Esto es una garantía extra", ha sentenciado Alonso, quien, además de incidir en que estas entidades privadas no podrán depender "en ningún momento" de subvenciones de forma exclusiva, ha explicado que aquellos centros que dejen de funcionar "al menos durante un año quedarán fuera del sistema" y no podrán, por tanto, recibir subvenciones o ayudas, que ahora se concederán mediante "convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva".
Como excepción a esto, "sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas tal y como señala la normativa estatal", según ha explicado Alonso. "No hacemos más que seguir la ley estatal, no vamos a exonerar ni a exceptuar", ha apostillado.
El consejero de Educación también ha incidido en que "en ningún caso la Junta podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de formación profesional" y que el pago de las ayudas "quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiaras acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".
De esta manera, la Junta "mejora los controles" de los cursos de formación, evalúa el "retorno" a la sociedad y convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma, en palabras de Alonso, "en darle un vuelco" a esta formación para el empleo con una ley "absolutamente innovadora" que aúna "educación y formación creando sinergias y sumando esfuerzos".
"Ordenamos el pasado, gestionamos el presente y planificamos el futuro con esta Ley, que concibe la formación profesional no como un fin en sí misma, sino como un instrumento para avanzar en oportunidades laborales en un mercado muy difícil", ha enfatizado el consejero, que también ha señalado que las acciones formativas tendrán como destinatarios "prioritarios" a jóvenes, mujeres, desempleados mayores de 45 años y víctimas por violencia de género, entre otros colectivos.
Alonso ha negado que esta ley se ponga en marcha como respuesta a los casos de posible fraude detectados en cursos de formación y, tras insistir en que el "objetivo con mayúsculas" es "elevar el nivel de cualificación de la población activa en Andalucía", ha explicado que también prevé la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía como medio de integración coordinada de todas las políticas activas en la materia, la formación profesional en sus distintas modalidades y los servicios de información y orientación profesional, hasta la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas.
Además, ha valorado que se trata de una norma que "por primera vez en este país impulsa el emprendimiento". Así, tanto en la FP Inicial como en la Ocupacional se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales ligados a la innovación y a la transferencia tecnológica, sobre todo en relación a las iniciativas sociales y al medio rural. En estos últimos se contará con la implicación de las personas mayores, para fomentar el aprendizaje intergeneracional.
Por su parte, el Consejo Andaluz de Formación Profesional será el encargado de planificar la oferta formativa. En este órgano, las entidades sindicales y empresariales más significativas y aquellas consejerías con competencias en formación, entran a formar parte las corporaciones locales, los agentes de economía social más representativos y las organizaciones de centros de formación profesional.
Un Plan Plurianual de Innovación, Calidad y Evaluación, medirá con inspectores la consecución de objetivos a través del parámetro de la inserción laboral del alumnado. Asimismo, se establecerá un protocolo común y una plataforma única de recursos entre la Consejería de Educación y al SAE para la puesta en marcha de un sistema integrado de información y orientación profesional.
La futura norma también especifica la creación del Catálogo Andaluz de Cualificaciones Profesionales, con el fin de incluir aquellas específicas del tejido productivo de Andalucía que no tienen reflejo en el listado nacional, como las de los sectores textil, minero y de enseñanzas artísticas.
CENTROS INTEGRADOS
El anteproyecto de ley regula asimismo la figura de los Centros Integrados de FP, que impartirán ofertas que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad, es decir, incluirán actividades propias tanto de la FP inicial como de la ocupacional.
Por otro lado, la norma introducirá cambios en cada una de las áreas que conforman el nuevo Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía. De este modo, se posibilitará a los alumnos de la formación profesional básica la obtención del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.
En cuanto a la FP para el empleo, las actividades docentes se organizarán de manera que el alumnado entre en contacto lo antes posible con las empresas y complete la adquisición de competencias profesionales. Asimismo, para luchar contra el abandono de estas enseñanzas, se realizará en el grado medio una evaluación inicial que identifique el nivel de las aptitudes básicas del alumnado y diseñar así planes individualizados de aprendizaje.
Igualmente, se establece como prioridad las enseñanzas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad. La normativa establece como novedad la creación de cursos y pruebas de competencia clave, que deberán superar las personas sin titulación para acceder a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3.
La normativa fija también cambios en la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Así, habrá un procedimiento permanente que permitirá solicitar estos certificados y acreditaciones en cualquier momento, y no a través de una sola convocatoria al año para las especialidades más demandadas como se hacía hasta ahora.
La ley introducirá modificaciones en la actividad docente. La novedad principal es que el profesorado podrá impartir todas las ofertas formativas en conformidad a su especialidad, y no sólo en la FP inicial como hasta ahora. Esta formación también podrá ser impartida por formadores y profesionales cualificados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
Es una de las novedades de esta nueva norma con la que el Ejecutivo andaluz, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, busca "elevar los niveles de cualificación de la población activa andaluza y potenciar el empleo". La memoria económica de esta norma es, en principio, de 1.200 millones de euros.
Cuando se apruebe esta nueva Ley de Formación Profesional, algo que Alonso ha deseado que ocurra "muy deprisa" aunque tras ser "enriquecido" el texto a lo largo del trámite parlamentario, los sindicatos, las federaciones de cooperativas o las empresas que quieran impartir cursos de formación tendrán que estar inscritos obligatoriamente en la Red de Centros de FP de Andalucía para poder recibir subvenciones.
Además, "se les impone como condiciones el tener autonomía financiera suficiente; acreditar un funcionamiento ordinario adecuado y poseer experiencia previa formativa reconocida y contar con un plan permanente de calidad".
"Esto es una garantía extra", ha sentenciado Alonso, quien, además de incidir en que estas entidades privadas no podrán depender "en ningún momento" de subvenciones de forma exclusiva, ha explicado que aquellos centros que dejen de funcionar "al menos durante un año quedarán fuera del sistema" y no podrán, por tanto, recibir subvenciones o ayudas, que ahora se concederán mediante "convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva".
Como excepción a esto, "sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas tal y como señala la normativa estatal", según ha explicado Alonso. "No hacemos más que seguir la ley estatal, no vamos a exonerar ni a exceptuar", ha apostillado.
El consejero de Educación también ha incidido en que "en ningún caso la Junta podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de formación profesional" y que el pago de las ayudas "quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiaras acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".
De esta manera, la Junta "mejora los controles" de los cursos de formación, evalúa el "retorno" a la sociedad y convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma, en palabras de Alonso, "en darle un vuelco" a esta formación para el empleo con una ley "absolutamente innovadora" que aúna "educación y formación creando sinergias y sumando esfuerzos".
"Ordenamos el pasado, gestionamos el presente y planificamos el futuro con esta Ley, que concibe la formación profesional no como un fin en sí misma, sino como un instrumento para avanzar en oportunidades laborales en un mercado muy difícil", ha enfatizado el consejero, que también ha señalado que las acciones formativas tendrán como destinatarios "prioritarios" a jóvenes, mujeres, desempleados mayores de 45 años y víctimas por violencia de género, entre otros colectivos.
Alonso ha negado que esta ley se ponga en marcha como respuesta a los casos de posible fraude detectados en cursos de formación y, tras insistir en que el "objetivo con mayúsculas" es "elevar el nivel de cualificación de la población activa en Andalucía", ha explicado que también prevé la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía como medio de integración coordinada de todas las políticas activas en la materia, la formación profesional en sus distintas modalidades y los servicios de información y orientación profesional, hasta la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas.
Además, ha valorado que se trata de una norma que "por primera vez en este país impulsa el emprendimiento". Así, tanto en la FP Inicial como en la Ocupacional se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales ligados a la innovación y a la transferencia tecnológica, sobre todo en relación a las iniciativas sociales y al medio rural. En estos últimos se contará con la implicación de las personas mayores, para fomentar el aprendizaje intergeneracional.
Por su parte, el Consejo Andaluz de Formación Profesional será el encargado de planificar la oferta formativa. En este órgano, las entidades sindicales y empresariales más significativas y aquellas consejerías con competencias en formación, entran a formar parte las corporaciones locales, los agentes de economía social más representativos y las organizaciones de centros de formación profesional.
Un Plan Plurianual de Innovación, Calidad y Evaluación, medirá con inspectores la consecución de objetivos a través del parámetro de la inserción laboral del alumnado. Asimismo, se establecerá un protocolo común y una plataforma única de recursos entre la Consejería de Educación y al SAE para la puesta en marcha de un sistema integrado de información y orientación profesional.
La futura norma también especifica la creación del Catálogo Andaluz de Cualificaciones Profesionales, con el fin de incluir aquellas específicas del tejido productivo de Andalucía que no tienen reflejo en el listado nacional, como las de los sectores textil, minero y de enseñanzas artísticas.
CENTROS INTEGRADOS
El anteproyecto de ley regula asimismo la figura de los Centros Integrados de FP, que impartirán ofertas que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad, es decir, incluirán actividades propias tanto de la FP inicial como de la ocupacional.
Por otro lado, la norma introducirá cambios en cada una de las áreas que conforman el nuevo Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía. De este modo, se posibilitará a los alumnos de la formación profesional básica la obtención del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.
En cuanto a la FP para el empleo, las actividades docentes se organizarán de manera que el alumnado entre en contacto lo antes posible con las empresas y complete la adquisición de competencias profesionales. Asimismo, para luchar contra el abandono de estas enseñanzas, se realizará en el grado medio una evaluación inicial que identifique el nivel de las aptitudes básicas del alumnado y diseñar así planes individualizados de aprendizaje.
Igualmente, se establece como prioridad las enseñanzas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad. La normativa establece como novedad la creación de cursos y pruebas de competencia clave, que deberán superar las personas sin titulación para acceder a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3.
La normativa fija también cambios en la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Así, habrá un procedimiento permanente que permitirá solicitar estos certificados y acreditaciones en cualquier momento, y no a través de una sola convocatoria al año para las especialidades más demandadas como se hacía hasta ahora.
La ley introducirá modificaciones en la actividad docente. La novedad principal es que el profesorado podrá impartir todas las ofertas formativas en conformidad a su especialidad, y no sólo en la FP inicial como hasta ahora. Esta formación también podrá ser impartida por formadores y profesionales cualificados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
