01/08/2016
San Roque: Archivada la denuncia al Ayuntamiento por la adjudicación en 2013 del servicio de monitores de la UP
El citado empresario había denunciado presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación que podría derivar en un presunto delito de prevaricación contra el alcalde y la Secretaría Municipal.
En el auto se señala que “habiéndose dado traslado a Ministerio Fiscal de las actuaciones e interesando sobreseimiento provisional vista la instrucción practicada, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º/779.1-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Como el auto tiene fecha del pasado 29 de abril, y en el Ayuntamiento no se ha notificado la interposición de recurso de reforma ni de apelación en el plazo fijado por Ley, se entiende que el denunciante ha asumido la decisión de la juez y que el caso se ha cerrado definitivamente.
Ruiz Boix explicó al respecto que “hace tres años la oposición volvió a utilizar la demanda de una empresa, que como se ha demostrado era injusta, para tratar de manchar la labor del Equipo de Gobierno. Al igual que en la actualidad, se nos acusó de una adjudicación manipulada, de intereses de algunos miembros del Gobierno para estar a favor de una empresa. Y se nos imputaron los mismos delitos que hoy en día la oposición tiene interés en que se nos acuse en lo concerniente a la adjudicación del mantenimiento de los campos de fútbol”.
“Y la Justicia ha vuelto a darnos la razón -recalcó-. Son ya muchos los contenciosos y las denuncias que viene recibiendo este Gobierno en los últimos cinco años por parte de distintas empresas con el aliento de la oposición o presentadas por parte de la misma oposición. Pero siempre se acaba dando la razón al Gobierno, sea con el archivo de la causa o con una sentencia a favor”.
“Siempre -sostuvo el alcalde- se ha actuado siguiendo el principio de legalidad, tanto por parte de los concejales del Equipo de Gobierno, como por los técnicos municipales que también son miembros de la Mesa de Contratación, incluyendo a la secretaria general”.
“En los próximos meses -continuó- vamos a tener tres procedimientos de contratación importantes: la piscina municipal, el servicio de transporte urbano y la adjudicación de la Escuela Infantil Villa Carmela. Estoy convencido de que, cuando finalice el proceso de adjudicación y después de actuar la Mesa de Contratación siguiendo los criterios de legalidad exigidos, la oposición va a alentar a las empresas que no consigan estas adjudicaciones a que presenten denuncias, sino denuncian los mismos concejales por cuenta propia. Y todo ello para buscar una serie de titulares en la prensa que no tienen nada que ver con la realidad”, concluyó.
En verano de 2013 salió a concurso la contratación de monitores para la ejecución de los talleres, jornadas y seminarios incluidos en la programación de UP, del personal de limpieza y del suministro de los materiales higiénicos necesarios para la correcta ejecución del servicio. El coste era de unos 200.000 euros anuales y se adjudicó a la empresa BCM.
En el auto se señala que “habiéndose dado traslado a Ministerio Fiscal de las actuaciones e interesando sobreseimiento provisional vista la instrucción practicada, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641-1º/779.1-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Como el auto tiene fecha del pasado 29 de abril, y en el Ayuntamiento no se ha notificado la interposición de recurso de reforma ni de apelación en el plazo fijado por Ley, se entiende que el denunciante ha asumido la decisión de la juez y que el caso se ha cerrado definitivamente.
Ruiz Boix explicó al respecto que “hace tres años la oposición volvió a utilizar la demanda de una empresa, que como se ha demostrado era injusta, para tratar de manchar la labor del Equipo de Gobierno. Al igual que en la actualidad, se nos acusó de una adjudicación manipulada, de intereses de algunos miembros del Gobierno para estar a favor de una empresa. Y se nos imputaron los mismos delitos que hoy en día la oposición tiene interés en que se nos acuse en lo concerniente a la adjudicación del mantenimiento de los campos de fútbol”.
“Y la Justicia ha vuelto a darnos la razón -recalcó-. Son ya muchos los contenciosos y las denuncias que viene recibiendo este Gobierno en los últimos cinco años por parte de distintas empresas con el aliento de la oposición o presentadas por parte de la misma oposición. Pero siempre se acaba dando la razón al Gobierno, sea con el archivo de la causa o con una sentencia a favor”.
“Siempre -sostuvo el alcalde- se ha actuado siguiendo el principio de legalidad, tanto por parte de los concejales del Equipo de Gobierno, como por los técnicos municipales que también son miembros de la Mesa de Contratación, incluyendo a la secretaria general”.
“En los próximos meses -continuó- vamos a tener tres procedimientos de contratación importantes: la piscina municipal, el servicio de transporte urbano y la adjudicación de la Escuela Infantil Villa Carmela. Estoy convencido de que, cuando finalice el proceso de adjudicación y después de actuar la Mesa de Contratación siguiendo los criterios de legalidad exigidos, la oposición va a alentar a las empresas que no consigan estas adjudicaciones a que presenten denuncias, sino denuncian los mismos concejales por cuenta propia. Y todo ello para buscar una serie de titulares en la prensa que no tienen nada que ver con la realidad”, concluyó.
En verano de 2013 salió a concurso la contratación de monitores para la ejecución de los talleres, jornadas y seminarios incluidos en la programación de UP, del personal de limpieza y del suministro de los materiales higiénicos necesarios para la correcta ejecución del servicio. El coste era de unos 200.000 euros anuales y se adjudicó a la empresa BCM.
