El Consejo Consultivo suma a su papel de control externo de la administración el afán de proximidad y pedagogía con las Entidades Locales

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado desde el inicio de sus funciones en 2003 un total de 13.140 dictámenes, el 25,5% de los cuales (3.354) derivan de las consultas que históricamente se han iniciado en la provincia de León. La provincia de Palencia, con 1.520 dictámenes aprobados, es la cuarta provincia de la Comunidad que más consultas remite al “superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad”. Los dictámenes correspondientes a la provincia palentina suponen el 11,5 por ciento del total de los emitidos hasta la fecha que ya superan los 13.140.

Así lo expresó hoy el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Mario Amilivia, en la inauguración de la Jornada “El Consejo Consultivo de Castilla y León y las Entidades Locales”, que se celebró en Palencia, en colaboración con la Diputación Provincial. Una Jornada en la que la institución propia de la Comunidad ha querido sumar a su papel de control externo de la Administración, su afán de proximidad y pedagogía con las entidades locales palentinas. En la inauguración ha intervenido además Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación, quien valoró el destacado papel que desempeña el Consejo Consultivo a la hora de asesorar a las administraciones locales.

A la Jornada han acudido un centenar de participantes, especialmente secretarios e interventores de la provincia, a los que se ha transmitido el papel de garante de la legalidad que desempeña el Consejo Consultivo en los procedimientos tramitados por las entidades locales, aportando garantía a los intereses de los ciudadanos y su derecho a una buena administración. Amilivia incidió en que los dictámenes preceptivos suponen una garantía de que las decisiones que afectan a los intereses de los particulares son ajustadas a derecho. El hecho de eludir alguno de los dictámenes contemplados en la ley conlleva un vicio de nulidad en la decisión administrativa que se adopte.

La letrada jefe del Consejo Consultivo, María García Fonseca, expuso en una primera intervención, con el consejero Francisco Ramos como moderador de la misma, la importancia del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y otros expedientes tramitados por las entidades locales como son la revisión de oficio de los actos administrativos, el recurso extraordinario de revisión, modificación, interpretación y resolución de contratos, alteración de términos municipales, etc.

Posteriormente, el secretario del Tribunal de Recursos Contractuales, Luis Gracia, expuso el trabajo de este Tribunal, adscrito al Consejo Consultivo desde 2012, y que ya ha resuelto cerca de 310 recursos que han contribuido a depurar la contratación pública en Castilla y León, todo ello, sin que esta labor añadida que realiza el Consejo Consultivo suponga coste alguno para la Administración.

Finalmente, varios técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación expusieron las novedades legislativas 2015 y sobre la Ley de Presupuesto Generales del estado para el año 2016.

BALANCE HISTÓRICO DEL CONSEJO CONSULTIVO

Históricamente, la primera provincia por número de dictámenes emitidos es la de León, con 3.354 (el 25,5 %), la segunda Burgos, con 1.893 (el 14,4 %) y la tercera Salamanca, con 1.666 (el 12,7 %).

Por Administraciones consultantes, desde el inicio de la función consultiva en Castilla y León, en el año 2003, un total de 8.360 dictámenes (64%) corresponden a consultas presentadas por la Administración autonómica a través de sus distintas Consejerías, 4.752 (36,1%) a las que han remitido las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y entidades locales menores) y 27 (el 0,2%) a otro tipo de administraciones.

Por materias, los dictámenes sobre asuntos de responsabilidad patrimonial centran buena parte de las consultas recibidas. Son aquellas que tienen como finalidad indemnizar a los particulares de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que no tengan en deber jurídico de soportarlo. El Consejo Consultivo ha aprobado ya más de 11.500 dictámenes sobre esta materia (el 87,5% del total), mediante los cuales “hemos depurado la responsabilidad patrimonial de las administraciones, garantizando los derechos de los ciudadanos, coadyuvando a que la Administración sirva al interés general y a una buena asignación de los recursos públicos”.

El segundo grupo más numeroso de dictámenes aprobados por el Consejo deriva de las consultas sobre revisión de oficio de los actos administrativos, formuladas tanto por las entidades locales como por parte de la Administración autonómica. Son hasta la fecha 547, el 4,1%, los informes aprobados.

El tercer grupo más importante es el de los dictámenes de índole jurídico-normativo (Anteproyectos de Ley, Reglamentos Ejecutivos y proyectos de legislación delegada) con 418 (el 3,2% del total) mediante los que “realizamos una función de asesoramiento al Ejecutivo en materia legislativa que nos ha permitido participar en la función legislativa en su fase pre parlamentaria de una manera reservada, prudente y eficaz”.

El cuarto grupo por número de dictámenes es el correspondiente a la contratación administrativa (fundamentalmente interpretación y resolución de contratos), que suman 294 (2,24%).

Detrás de ellos, caben destacar los 189 dictámenes sobre recursos administrativos, 69 sobre modificación de planes urbanísticos, 43 sobre régimen local, 28 sobre convenios y acuerdos de cooperación, 20 sobre consultas facultativas, 15 sobre concesiones administrativas, 13 sobre transacciones o sometimiento a arbitraje y 12 sobre recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia.

MEMORIA DEL CONSEJO CONSULTIVO 2015

Respecto a la Memoria de actividad de 2015, duodécimo año completo, que el Consejo está preparando en la actualidad de cara a su próxima presentación, se puede manifestar que se tramitaron unas 600 consultas, aprobándose finalmente 513 dictámenes.

271 derivaron de consultas iniciadas por la Administración autonómica, 239 de la Administración local y 3 más de las universidades. La mayoría de ellos, como en años anteriores, derivaron de las consultas sobre responsabilidad patrimonial 402, el 78,3%. El segundo grupo por cantidad de dictámenes emitidos fue el de revisión de oficio de los actos administrativos, con 39, el 7,6%, y el tercero, con 26, el correspondiente a las consultas sobre normas de carácter jurídico-normativo (3 Anteproyectos de ley, 22 proyectos de decreto y uno de legislación delegada), que son aquellos a través de los cuales el Consejo Consultivo mejora tanto jurídica como técnicamente los textos normativos de la Comunidad Autónoma.

En relación al sentido final de los dictámenes, 283 fueron desestimatorios, 59 estimatorios y 54 estimatorios parciales. En cuanto al resto, o bien no procedía la emisión de dictamen, se declaró la nulidad y/o caducidad del mismo, o bien fueron acuerdos y observaciones. En casi un 80 por ciento de los dictámenes emitidos existe inicialmente plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa y el sentido final por parte del Consejo Consultivo, porcentaje que se eleva a más de un 95% una vez que el Consejo Consultivo conoce las comunicaciones oficiales sobre la resolución que finalmente aprueban las administraciones consultantes. Este alto grado de aceptación de los dictámenes es la expresión de la ‘auctoritas’ de la Institución, en definitiva, de la incorporación de las observaciones y recomendaciones del Consejo.

Por provincias, León fue la que concentró el mayor número de dictámenes (120), seguida de Valladolid (85), Burgos (83), Salamanca (55), Segovia (45), Palencia (33), Zamora (31), Ávila 22 y Soria (12).

Las consultas remitidas al Consejo Consultivo por las 9 capitales de provincia de Castilla y León generaron 106 dictámenes, la mayoría de ellos, como viene siendo habitual, relacionados con expedientes de responsabilidad patrimonial. Por número de dictámenes emitidos, el Ayuntamiento de Burgos generó 26, el de León 20, los de Salamanca y Segovia 19 respectivamente, el de Palencia 12, el de Ávila 7 y el de Zamora 2. En cuanto a las Diputaciones Provinciales, la de Salamanca ocupó el primer lugar con 5 dictámenes, la de León registró 3, otras 3 la de Valladolid y la de Palencia 2.

El conjunto de las indemnizaciones solicitadas en las consultas sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial –de las que se pudo disponer- alcanzó en 2015 un total de 32.265.373 euros- reflejándose un incremento de 7,5 millones de euros con respecto al año anterior debido, fundamentalmente, al mayor número de dictámenes del ámbito sanitario.

En el análisis concreto de los 28 dictámenes correspondientes a la provincia de Palencia en 2015, 9 derivaron de reclamaciones sanitarias, 8 de reclamaciones por daños y perjuicios causados por distintos servicios del ámbito municipal, 6 por el mal estado del mobiliario urbano, 2 por atropellos de animales, otros dos por reclamaciones en procesos de selección y provisión de plazas y 1 por un accidente a causa del mal estado de la calzada.

Además del Ayuntamiento de Palencia, con 12 dictámenes, los de Congosto de Valdavia, Prádanos de Ojeda, Venta de Baños y Dueñas generaron un dictamen respectivamente, y dos más la Diputación Provincial.

Los dictámenes relativos al Ayuntamiento de Palencia fueron todos ellos sobre responsabilidad patrimonial, salvo el correspondiente al levantamiento parcial de la suspensión de la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, en el ámbito del PERI-3; y el de resolución del contrato de suministro de vestuario para la plantilla de Policía Local para los años 2013-2016.

TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

A la actividad propiamente consultiva, el Consejo Consultivo añade también su función como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que le fue adscrito por la Ley 1/2012.. Durante 2015 resolvió 104 recursos, con 101 resoluciones y 3 acuerdos. Se trata de un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, un instrumento de transparencia y buen gobierno que lleva a cabo un control de la legalidad en la contratación pública.

En su tercer año completo de actividad, el Tribunal ha venido registrando un incremento de recursos resueltos (307) y de resoluciones dictadas, que hasta la fecha suman 304. Fueron 31 en 2012 –año de su creación-; 75 en 2013; 96 en 2014 y 101 en 2015. Resoluciones mediante las cuales se ha favorecido la depuración de la contratación pública, garantizando la libre concurrencia y contribuyendo al ahorro de dinero público, todo ello en plazos muy reducidos, evitando la litigiosidad y optimizando el uso de los recursos públicos. Todo ello, sin que el trabajo del Tribunal, a diferencia de otros constituidos en el país, genere coste alguno.

Los 304 recursos que ha sido objeto de resolución por parte del Tribunal hasta la fecha superan los 2.620 millones de euros.

En 2015, 39 de los recursos afectaron a las Consejerías de la Administración autonómica, 37 a los municipios de la Comunidad, 18 a las Diputaciones y 7 a las universidades y otros poderes adjudicadores.

Por contratos, 48 eran de servicios, 35 de suministros, y 13 de gestión de servicio público.

De las 101 resoluciones, 42 fueron desestimatorias, 18 estimatorias, y 9 estimatorias parciales. 32 recursos de los presentados al Tribunal fueron inadmitidos.

Por actos impugnados, 54 fueron por adjudicación, 22 por exclusión, 21 por los pliegos y 4 por otros motivos.

En referencia a la provincia de Palencia, el Tribunal resolvió 7 recursos, 6 de ellos sobre contratos del Ayuntamiento de Palencia y uno correspondiente a la Consejería de Sanidad. En el caso del Consistorio fueron contratos relativos al servicio de teleasistencia, suministro de combustible para calefacción escolar, servicio de recogida de aceite de cocina usado, entre otros,