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29/05/2024

Los abogados de CyL analizan en Cervera la situación del mundo rural y estudian propuestas legislativas que elevarán a la Junta y al Estado

Los abogados de CyL analizan en Cervera la situación del mundo rural y estudian propuestas legislativas que elevarán a la Junta y al Estado

El Consejo de la Abogacía de CyL elige la localidad palentina para la I Jornada Abogacía y Patrimonio, donde examinará la normativa existente en la materia. La letrada Lola Villar recogerá la Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía en reconocimiento a su labor como abogada durante 45 años en el medio rural.

 

Medio centenar de abogados de Castilla y León se reúnen mañana jueves 30 de mayo en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga para analizar el contexto jurídico que protege al patrimonio histórico de la Comunidad como motor económico del mundo rural. El paso a la acción se materializará en tres actuaciones: la creación de grupos de trabajo para elaborar propuestas legislativas que se elevarán a las administraciones competentes en cada caso, el impulso a la formación de los abogados en esta materia específica y la creación de una red de apoyo a la sociedad civil para asesorar en actuaciones relacionadas con el patrimonio.
La I Jornada Abogacía y Patrimonio del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) se convertirá así en el primer paso de distintas iniciativas en torno a la protección del medio rural.

 

“En este foro se concretará el compromiso del CACYL en esta materia, que se hará extensible a los cerca de 5.000 colegiados que ejercen en Castilla y León a través de cursos y formaciones en patrimonio”, señala el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, quien subraya implicación social que la abogacía mantiene como institución. En el marco de este encuentro, la abogada cerverana Lola Villar recogerá este viernes la Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía que le concede el consejo regional tras 45 años de profesión en el mundo rural.

 

En estas jornadas, organizadas por el CACYL en colaboración de los colegios de Palencia y Burgos, se asentarán los pilares que mantendrán las futuras redes de apoyo en las zonas rurales, en las que los abogados funcionarán como nexo para poner en contacto a personas interesadas en la protección del patrimonio con profesionales que puedan asesorarles o con otras asociaciones con fines coincidentes. El CACYL creará estas redes a través de los colegios, donde un grupo de abogados se encargará de forma voluntaria de vertebrar las actuaciones. “Las acciones pueden alcanzar muchos ámbitos, desde orientarles para constituirse como asociación, a hacer un estudio de financiación para la obtención de fondos para la conservación patrimonial, pasando por asesoramiento tributario o la elaboración de informes a petición de las entidades”, explica Sanz Orejudo sobre la hoja de ruta del CACYL en esta materia.

 

Las actividades formativas, que comenzarán este mismo año y se prolongarán durante 2025, se centrarán en tres áreas fundamentales: medidas jurídicas de protección y salvaguarda; medidas de fiscalidad y mecenazgo; y comunicación. Los diversos grupos de trabajo __que quedarán establecidos al término de esta jornada__ tienen como fin último redactar una serie propuestas de medidas legislativas que favorezcan no sólo la puesta en valor del patrimonio, sino que sirvan para consolidar la actividad económica y la población en el medio rural.

 

Partidos judiciales

Sin perder de vista el medio rural, una de las áreas en las que también se centrarán es la territorialidad en el ámbito de la Justicia, ante la nueva Ley de Eficiencia Organizativa que se encuentra en tramitación parlamentaria. El CACYL mantiene una postura a favor de conservar la existencia de una estructura territorial que llegue a las zonas rurales y no se centralice en las capitales de provincia. “Si queremos mantener un principio de justicia, debemos empezar por asegurar que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a este derecho independientemente del lugar en el que vivan”, señala Sanz Orejudo.

 

Economía y comunicación

En el encuentro, los abogados estarán apoyados también por profesionales de otras disciplinas. En concreto, participarán en los debates los presidentes del Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y Zamora y el del de Burgos, que debatirán acerca de las medidas económicas actuales y su eficacia en la protección del patrimonio.

 

En otro debate, aportarán sus perspectivas los creadores de contenido digitales Cristina Párbole y José Daniel Navarro, especializados en la divulgación del patrimonio histórico, y compartirán sus experiencias organizaciones como la Archidiócesis de Burgos, la Fundación Santa María la Real, la Fundación Rioseco o la Fundación Nártex de la Diócesis de Palencia. También habrá un hueco para el Fondo para la Defensa Jurídica de la Montaña Palentina (FDJMP), que busca emprender iniciativas jurídicas que sirvan para evitar un modelo basado en megainstalaciones energéticas en la zona.

 

Medalla a Lola Villar

El CACYL aprovechará para celebrar al día siguiente una reunión del Pleno del Consejo, en el que, entre otros asuntos, se hará entrega de la Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía a la letrada cerverana Lola Villar tras 45 años de desempeño de la profesión en el mundo rural.

 

El Pleno del CACYL aprobó por unanimidad el pasado mes de octubre la concesión de este reconocimiento y destacó “el esfuerzo, la entrega y el servicio a la abogacía institucional durante sus años como miembro de la Junta de Gobierno, su ejercicio como abogada durante más de cuatro décadas en la montaña palentina, cuando la profesión era mayormente ejercida por hombres y más en el medio rural”, así como “su dedicación, y la disponibilidad prestada a todos los compañeros, órganos judiciales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

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La Institución provincial financió en 1981 la construcción del parque y el Ayuntamiento acordó ese mismo año constituir a su favor un derecho de superficie durante 75 años.   Transcurridas cuatro décadas sin cumplir el compromiso la Diputación exigirá el derecho a ser indemnizada por el perjuicio económico ocasionado, como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.   La valoración realizada por los técnicos de la Diputación cifra en 272.143 euros.       La Comisión Informativa de Hacienda de la Diputación ha dictaminado favorablemente la propuesta para que la Institución reclame al Ayuntamiento de Palencia 272.143 euros, más los intereses legales que correspondan, por los perjuicios ocasionados al no haber cumplido el compromiso que adquirió en 1981 para ceder a la Diputación el uso del terreno sobre el que se construyó el parque provincial de bomberos. La historia se remonta a 1981, cuando la Diputación Provincial acordó financiar con cargo a su presupuesto la construcción de un parque de bomberos en la ciudad de Palencia. El objetivo era contar con unas instalaciones que permitieran prestar el servicio provincial de prevención y extinción de incendios y, al mismo tiempo, que pudieran ser utilizadas por el Ayuntamiento para la prestación de su propio servicio municipal. Para hacer posible esta colaboración, la Diputación estableció la condición aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Palencia por unanimidad el 6 de octubre de 1981 de constituir un derecho de superficie a favor de la Diputación durante 75 años sobre una parcela municipal situada en el Polígono Nuestra Señora de los Ángeles. En términos sencillos, esto significaba que la Diputación financiaba la construcción del parque y el Ayuntamiento se comprometía a reconocerle durante 75 años el derecho sobre el terreno en el que se levantaba el edificio. Sin embargo, ese acuerdo nunca llegó a hacerse efectivo mediante su formalización e inscripción registral. La Diputación no renunció en ningún momento a ese derecho y fue reclamando su cumplimiento a lo largo de los años, con requerimientos realizados en 1984, 1987, 1988, 2017 y 2021. Además, el compromiso municipal fue reconocido posteriormente en convenios suscritos por ambas administraciones en 1989 y 2002. Por ello, interrumpida unilateralmente la colaboración institucional y persistiendo el incumplimiento por el ayuntamiento de Palencia la Diputación reclama su derecho en defensa del patrimonio provincial. La vía judicial. Ante la falta de cumplimiento, la Diputación volvió a reclamar formalmente al Ayuntamiento en marzo de 2024 y dejó expresamente a salvo su derecho a exigir los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la situación. Posteriormente acudió a los tribunales. La Sentencia 200/2026, de 23 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmó que en la actualidad ya no es posible constituir el derecho de superficie previsto en 1981, debido a la naturaleza jurídica que tiene actualmente el terreno, afectado al servicio público. Pero la misma sentencia abre la puerta a la reclamación económica. En concreto, señala la posible responsabilidad del Ayuntamiento por su incumplimiento y considera que esa actuación habría generado un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación. La sentencia fue declarada firme en mayo de 2026. Como consecuencia de ello, la Diputación considera que el perjuicio deja de ser una mera expectativa y pasa a ser un daño efectivo, real y económicamente evaluable, al resultar ya imposible obtener el derecho de superficie que se había acordado en 1981. 272.143 euros de perjuicio económico. Para determinar la cantidad que debe reclamarse, la Diputación cuenta con un informe de valoración elaborado por el servicio de Arquitectura de la Institución. Los técnicos han calculado el valor actual del edificio construido sobre la parcela y han aplicado el método de coste, ya que no existen parques de bomberos en venta que permitan establecer una comparación de mercado y tampoco resulta aplicable el método basado en la rentabilidad económica del inmueble. El informe establece que, a fecha de junio de 2026, el valor actual de mercado del edificio asciende a 908.090 euros. A esta cantidad se resta el valor que tendría la reversión del edificio al finalizar el derecho de superficie, calculado en 635.946,50 euros. La diferencia, 272.143 euros, es la cantidad que la Diputación considera que debe reclamar al Ayuntamiento como indemnización por el perjuicio ocasionado.  

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