El Tribunal Supremo limita las revisiones anticipadas del INSS sobre incapacidad permanente

El Tribunal Supremo ha recordado a la Seguridad Social que no puede iniciar un procedimiento de revisión de una incapacidad permanente antes del plazo fijado en la resolución inicial, salvo en supuestos excepcionales. Esta doctrina refuerza la seguridad jurídica de los pensionistas y pone de relieve la importancia de conocer cómo funciona una resolución del INSS sobre incapacidad permanente y qué derechos tienen los beneficiarios ante actuaciones administrativas indebidas.

La sentencia, que confirma el criterio de instancias judiciales anteriores, establece que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no puede revisar de oficio una incapacidad permanente antes de la fecha fijada en la propia resolución administrativa, salvo que el beneficiario esté trabajando o exista un error de diagnóstico.

El caso: retirada anticipada de una incapacidad permanente absoluta

El litigio se originó tras la decisión de la Seguridad Social de retirar una pensión de incapacidad permanente absoluta a una trabajadora antes del plazo establecido para su revisión.

La afectada, que trabajaba como limpiadora, había sido reconocida en noviembre de 2017 en situación de incapacidad permanente absoluta debido a un cuadro clínico grave. Entre sus patologías figuraban lumbociatalgia severa, incontinencia fecal y urinaria, fibromialgia y episodios depresivos con intentos autolíticos.

En la resolución del INSS sobre incapacidad permanente se establecía claramente que el estado de la trabajadora no podría revisarse antes del 3 de diciembre de 2018. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social inició el expediente de revisión el 2 de noviembre de 2018, es decir, un mes antes del plazo fijado.

Posteriormente, en enero de 2019, el organismo dictó una nueva resolución en la que afirmaba que la trabajadora había experimentado una mejoría y que sus lesiones ya no alcanzaban el grado necesario para mantener la incapacidad permanente absoluta. Como consecuencia, se acordó la retirada de la pensión.

La justicia anula la revisión anticipada

La trabajadora impugnó la actuación de la Seguridad Social alegando que el expediente se había iniciado antes del plazo legalmente establecido y que no concurría ninguna de las excepciones previstas por la ley.

Tanto el Juzgado de lo Social nº 3 de Girona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimaron su reclamación. Ambos tribunales declararon nulo el procedimiento de revisión, al entender que el INSS había vulnerado el plazo mínimo fijado en la resolución administrativa.

La Seguridad Social recurrió posteriormente ante el Tribunal Supremo, pero el Alto Tribunal ha confirmado ahora el criterio de las instancias anteriores.

El Tribunal Supremo: el plazo de revisión es vinculante

En su sentencia, el Tribunal Supremo interpreta el artículo 200.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que toda resolución que reconozca una incapacidad permanente debe fijar un plazo a partir del cual puede revisarse el grado de incapacidad.

El Alto Tribunal subraya que este plazo es vinculante para todos los sujetos que pueden promover la revisión, incluida la propia Administración.

Según la sentencia, el término “instar” significa iniciar o solicitar el procedimiento. Por tanto, no basta con que la resolución final se dicte después de la fecha establecida; el procedimiento tampoco puede iniciarse antes.

El Tribunal Supremo considera que permitir lo contrario generaría una situación de inseguridad jurídica para los pensionistas, que quedarían sometidos a revisiones constantes.

En palabras del fallo, respetar el plazo es esencial para garantizar la estabilidad de las situaciones de incapacidad y evitar una revisión permanente e ilimitada de las prestaciones.

La legislación prevé únicamente dos excepciones que permiten iniciar una revisión antes de la fecha fijada en la resolución inicial:

• cuando el pensionista comienza a trabajar

• cuando existe un error de diagnóstico en la resolución inicial

Si no concurren estas circunstancias, cualquier revisión anticipada es nula.

En el caso analizado, ninguna de estas excepciones se cumplía, por lo que el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del procedimiento y el mantenimiento de la pensión de incapacidad permanente absoluta.

El papel de los abogados en los litigios contra el INSS

Los procedimientos relacionados con incapacidad permanente suelen implicar cuestiones médicas complejas y una normativa específica. Además, los plazos para impugnar las resoluciones administrativas son breves y estrictos.

Cuando una persona recibe una resolución desfavorable del INSS o se enfrenta a una revisión de su incapacidad, el asesoramiento jurídico adecuado puede marcar la diferencia entre mantener o perder la prestación.

Despachos especializados como Javaloyes Legal cuentan con abogados especializados en Seguridad Social, asesorando a trabajadores y pensionistas en reclamaciones frente a la Seguridad Social.

Su intervención resulta especialmente relevante en situaciones como:

• denegaciones de incapacidad permanente

• revisiones por supuesta mejoría

• retirada de pensiones

• impugnación de informes del tribunal médico

• recursos frente a resoluciones del INSS

El conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la normativa de Seguridad Social permite a estos profesionales defender de forma eficaz los derechos de los afectados.