09/01/2018
Algeciras: El equipo de Gobierno Local, tras las alegaciones presentadas anteriormente, acuerda recurrir la venta directa de la finca de Cortijo Botaf
La Junta de Gobierno de Local, reunida esta mañana bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha acordado interponer nuevos recursos administrativos por parte del ayuntamiento contra la venta directa de la finca de Cortijo Botafuegos que pretende efectuar el Ministerio de Defensa y acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo para reclamar su paralización.
Este hecho se produce al considerar que la parte de la finca que en su día fue expropiada al Ayuntamiento de Algeciras debe volver a este una vez concluido su uso por parte del Ministerio de Defensa y que su venta es incompatible con la calificación de monte público que posee, cuestiones por las que se viene litigando desde hace más muchos años.
Así, estos nuevos recursos se unen también a los que los Servicios Jurídicos del propio ayuntamiento interpusieron, con fecha 16 de octubre de 2017, contra las subastas públicas que se pusieron en marcha y que finalmente quedaron desiertas. Estos recursos incluyeron el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de agosto para efectuarlos, el informe del arquitecto municipal de 17 de agosto, los distintos informes del secretario general municipal relativos a la cuestión y el certificado de monte público de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, así como los documentos históricos de la expropiación y de la subasta abierta en 2006 y los recursos interpuestos contra ella.
Además, el ayuntamiento también solicitó el 26 de octubre por vía administrativa el pronunciamiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz de la Junta de Andalucía, quien contestó a la institución municipal el 30 de noviembre certificando que no constaba en los archivos ningún documento relativo a la desafección como Monte de Utilidad Pública de la parcela y que la propia Junta de Andalucía también había requerido la paralización de estas subastas.
Landaluce ha indicado que, si bien no parece que pueda venderse esta parcela porque su catalogación como monte público restringe mucho sus futuros usos por cuestiones medioambientales, “hemos acudido al Contencioso-Administrativo para reclamarle de administración a administración en los tribunales que entienden de estas cuestiones”.
Este hecho se produce al considerar que la parte de la finca que en su día fue expropiada al Ayuntamiento de Algeciras debe volver a este una vez concluido su uso por parte del Ministerio de Defensa y que su venta es incompatible con la calificación de monte público que posee, cuestiones por las que se viene litigando desde hace más muchos años.
Así, estos nuevos recursos se unen también a los que los Servicios Jurídicos del propio ayuntamiento interpusieron, con fecha 16 de octubre de 2017, contra las subastas públicas que se pusieron en marcha y que finalmente quedaron desiertas. Estos recursos incluyeron el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de agosto para efectuarlos, el informe del arquitecto municipal de 17 de agosto, los distintos informes del secretario general municipal relativos a la cuestión y el certificado de monte público de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, así como los documentos históricos de la expropiación y de la subasta abierta en 2006 y los recursos interpuestos contra ella.
Además, el ayuntamiento también solicitó el 26 de octubre por vía administrativa el pronunciamiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz de la Junta de Andalucía, quien contestó a la institución municipal el 30 de noviembre certificando que no constaba en los archivos ningún documento relativo a la desafección como Monte de Utilidad Pública de la parcela y que la propia Junta de Andalucía también había requerido la paralización de estas subastas.
Landaluce ha indicado que, si bien no parece que pueda venderse esta parcela porque su catalogación como monte público restringe mucho sus futuros usos por cuestiones medioambientales, “hemos acudido al Contencioso-Administrativo para reclamarle de administración a administración en los tribunales que entienden de estas cuestiones”.
