Flores fracasa en intentar parar el juicio de Arena

Madrid, 13 de enero de 2016.-El juicio por las cinco jóvenes muertas en el pabellón municipal Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 se inició ayer en la Audiencia Provincial madrileña con el primer revés para el principal acusado, el controvertido promotor Miguel Ángel Flores, a quien la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por las cinco muertes, mientras que las acusaciones particulares solicitan 20 años al acumular los cuatro años por homicidio imprudente por cada una de las fallecidas, todas ellas entre los 17 y los 19 años cuando tuvieron lugar los hechos.

Como ha venido sucediendo durante todo el proceso, el letrado de Flores solicitó ayer la nulidad de «parte de la instrucción» por, señaló, «no haberse imputado hasta ahora a ningún responsable político municipal» por unos hechos que sucedieron dentro de un pabellón de titularidad pública. Así, el abogado pidió, aprovechando las cuestiones previas al inicio de la fase oral del proceso, que se reabra la instrucción, llevada adelante con puño de hierro por el juez Eduardo López Palop, para que se investigue en ella a dos ex ediles del Gobierno municipal de Ana Botella: Pedro Calvo y Fátima Núñez.

Calvo era el máximo responsable en ese momento de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa consistorial que gestionaba el recinto de Madrid Arena, que sufría, en la fecha en que sucedieron los hechos, una importante cantidad de carencias, empezando por su ausencia de licencia municipal.

Núñez era la responsable política de la seguridad en una noche en que el despliegue policial en la Casa de Campo de Madrid, donde se sitúa Arena, fue notoriamente insuficiente para controlar a los miles de jóvenes que se congregaron en sus inmediaciones. Sin embargo, ni Calvo ni Núñez fueron imputados por estos hechos. El primero dimitió el mismo día en que la Fiscalía anunció que se solicitaría la imputación formal del edil al que correspondiera la responsabilidad última de Madridec. Calvo dimitió en cuanto la noticia se hizo pública, pero dicha imputación jamás llegó a solicitarse formalmente, en un episodio cuanto menos singular.

Por el exiguo despliegue policial se imputó, finalmente, al inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, ahora sentado en el banquillo de los acusados y sobre quien pende una pieza separada aún por dirimirse por, presuntamente, falsificar a posteriori documentos para ocultar la negligencia.

El abogado de Flores pidió así, ayer, que se reabriera la instrucción respecto de ellos, pero la magistrada que preside el tribunal, María Luisa Aparicio, le negó dicha posibilidad por entender que su petición no estaba suficientemente fundamentada y que, en todo caso, no afectaba para nada a la situación procesal de su representado.

«Difícilmente el representante de los acusados puede decidir que se continúe la instrucción. No entendemos esa petición de nulidad parcial porque no está relacionada con una supuesta vulneración de los derechos fundamentales del señor Flores», le espetó la magistrada al letrado, antes de negar también la declaración como testigo del propio Calvo en el proceso, pero de admitir curiosamente la de Antonio de Guindos, concejal de Seguridad entonces, y también imputado durante algunos meses de instrucción (lo que le llevó igualmente al cese).

Hoy, así las cosas, tendrá lugar la declaración de Flores, quien no hizo declaraciones ayer a su entrada en la Audiencia y que escuchó los debates jurídicos con expresión hierática, en un extremo de las sillas ocupadas por los 15 acusados, que serán juzgados por espacio de unos cinco meses.

Un juicio curioso desde la perspectiva de género: cinco víctimas mujeres, 15 acusados varones, defendidos muy mayoritariamente por hombres y, a la hora de dictar sentencia, tres juezas.
Fuente: El Mundo