29/04/2016
Cifuentes se compromete a que los dueños de pisos protegidos no pagarán el IBI
Madrid, 29 de abril de 2016.-La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometió a que los beneficiarios de los 20.000 pisos protegidos no tendrán que pagar IBI. Rectificaba así a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima) que, tal y como ha informado hoy este diario, en un primer momento había decidido repercutir el impuesto a los inquilinos. Esa decisión estaba en el orden del día previsto a aprobar el pasado viernes en el Consejo de Administración de la entidad.
Luego, en el último momento, decidió retirar la propuesta y, en su lugar, elevar una consulta a la Comisión Jurídica Asesora -organismo que sustituyó al Consejo Consultivo- para que, en virtud del informe emitido «se determinara si se repercute el IBI a los inquilinos o bien era la propia Administración regional la que asumía el coste». Concretamente, se trata de 13 millones de euros, correspondiente al pago de este impuesto de los últimos cuatro años.
Desmentido informativo
Al ser preguntada directamente por la cuestión, Cifuentes «desmentía la información publicada» por este periódico, pese a que el lunes un portavoz oficial de la Agencia de Vivienda Social lo había admitido punto punto, tal y como ha aparecido reflejado en el diario.
La versión oficial del organismo público autonómico fue: «Hemos elevado una consulta la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid -órgano que sustituye al Consejo Consultivo- para que aclare la cuestión». «La intención es tener la seguridad de actuar conforme a derecho», para concluir «aún no se ha tomado una decisión». «La política de la agencia es asistir a aquellas familias más desfavorecidas, por lo que antes de tomar la decisión hemos tenido que valorar mucho todo». «Antes de tomar una decisión hay que valorar e incluso buscar soluciones para que no repercutan brutalmente en las rentas de estas familias».
Por lo demás, la presidenta ha explicado lo mismo que ya adelantaba ayer este periódico; que en 2008 se había modificado la Ley de Haciendas Locales que les obligaba a las regiones a tener que pagar el IBI a partir de 2009. Además, recordaba que sus antecesores no habían acatado esa modificación, por lo que el Tribunal de Cuentas le remitió a finales del último trimestre del año un requerimiento para que cumpliese la legalidad.
«Los inquilinos de viviendas sociales no tendrán que pagar IBI. La Comunidad asume el pago», insistía Cifuentes. Luego, ha recordado que instaran a los ayuntamientos a bonifiquen la cuota íntegra y que el PP presentará una Proposición no de Ley en la Asamblea con este objetivo, tal y como ya informaba ayer este periódico.
Finalmente, también ha admitido que se ha hecho una consulta a la Comisión Jurídica Asesora para que determine los extremos de la cuestión . «Bajo ningún concepto vamos a repercutirlo. Mientras que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid los vecinos de las viviendas sociales no pagarán el IBI», insistió. A su juicio, «sería incoherente que tuvieran que pagar un impuesto que, en muchos casos, sería más alto que el propio alquiler que actualmente pagan, algo imposible de asumir para estas personas», dijo.
Según sus cálculos, dejar en las espaldas de las familias beneficiarias de las viviendas protegidas supondría incrementar «entre un 22 y un 1.022 %» las rentas que mensualmente pagan. La oposición ha salido en tromba por la mañana para exigirle que no lo hiera.
Fuente: El Mundo
Luego, en el último momento, decidió retirar la propuesta y, en su lugar, elevar una consulta a la Comisión Jurídica Asesora -organismo que sustituyó al Consejo Consultivo- para que, en virtud del informe emitido «se determinara si se repercute el IBI a los inquilinos o bien era la propia Administración regional la que asumía el coste». Concretamente, se trata de 13 millones de euros, correspondiente al pago de este impuesto de los últimos cuatro años.
Desmentido informativo
Al ser preguntada directamente por la cuestión, Cifuentes «desmentía la información publicada» por este periódico, pese a que el lunes un portavoz oficial de la Agencia de Vivienda Social lo había admitido punto punto, tal y como ha aparecido reflejado en el diario.
La versión oficial del organismo público autonómico fue: «Hemos elevado una consulta la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid -órgano que sustituye al Consejo Consultivo- para que aclare la cuestión». «La intención es tener la seguridad de actuar conforme a derecho», para concluir «aún no se ha tomado una decisión». «La política de la agencia es asistir a aquellas familias más desfavorecidas, por lo que antes de tomar la decisión hemos tenido que valorar mucho todo». «Antes de tomar una decisión hay que valorar e incluso buscar soluciones para que no repercutan brutalmente en las rentas de estas familias».
Por lo demás, la presidenta ha explicado lo mismo que ya adelantaba ayer este periódico; que en 2008 se había modificado la Ley de Haciendas Locales que les obligaba a las regiones a tener que pagar el IBI a partir de 2009. Además, recordaba que sus antecesores no habían acatado esa modificación, por lo que el Tribunal de Cuentas le remitió a finales del último trimestre del año un requerimiento para que cumpliese la legalidad.
«Los inquilinos de viviendas sociales no tendrán que pagar IBI. La Comunidad asume el pago», insistía Cifuentes. Luego, ha recordado que instaran a los ayuntamientos a bonifiquen la cuota íntegra y que el PP presentará una Proposición no de Ley en la Asamblea con este objetivo, tal y como ya informaba ayer este periódico.
Finalmente, también ha admitido que se ha hecho una consulta a la Comisión Jurídica Asesora para que determine los extremos de la cuestión . «Bajo ningún concepto vamos a repercutirlo. Mientras que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid los vecinos de las viviendas sociales no pagarán el IBI», insistió. A su juicio, «sería incoherente que tuvieran que pagar un impuesto que, en muchos casos, sería más alto que el propio alquiler que actualmente pagan, algo imposible de asumir para estas personas», dijo.
Según sus cálculos, dejar en las espaldas de las familias beneficiarias de las viviendas protegidas supondría incrementar «entre un 22 y un 1.022 %» las rentas que mensualmente pagan. La oposición ha salido en tromba por la mañana para exigirle que no lo hiera.
Fuente: El Mundo
