13/02/2017
La UDEF investigará el lucro ilegal con los cadáveres de la Complutense
La Policía indagará por orden del juez el uso de cuerpos para cursos privados sin conocimiento de la universidad
Madrid, 13 de febrero de 2017.-La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigará el lucro oculto con los 534 cadáveres hallados por EL MUNDO en un sótano de la Universidad Complutense de Madrid en 2014, en condiciones de absoluta insalubridad y hacinamiento.
Fuentes policiales han confirmado a este diario que, en efecto, se van a investigar a fondo los presuntos réditos económicos obtenidos por los responsables complutenses, que alquilaban privadamente los cuerpos, que aparecieron desmembrados y parasitados en varias estancias de la Facultad de Medicina, a unos 750 euros por pieza al día, como admitieron fuentes del departamento.
Varios trabajadores han denunciado ante la Justicia beneficios económicos desconocidos por parte de los directores del departamento de Anatomía II, que presuntamente utilizaban los cuerpos para realizar cursos en negro en dependencias de la universidad. La juez de Instrucción 37 de Plaza de Castilla, que investiga los hechos, ha librado un oficio a la UDEFpara que investigue.
La magistrada accede así a la petición de la Fiscalía, que lo solicitó previamente. El lucro con los cadáveres, donados a la ciencia por particulares, explicaría el amontonamiento en condiciones de podredumbre y absoluta falta de higiene. Esa situación llevaba produciéndose unos siete años antes de ser destapada por este periódico.
Los trabajadores denunciantes han declarado ante la juez, como anteriormente lo hicieron en este mismo diario, cómo los cuerpos se utilizaban una y otra vez para onerosos cursos de todo tipo de cirugías. Muchos de ellos a espaldas de la Universidad, sospechan, y a ellos mismos los jefes de Anatomía II les remuneraban en negro su trabajo, los fines de semana, en relación con estas actividades.
Los denunciantes han puesto en conocimiento de la magistrada cómo las actividades estrictamente universitarias fueron dejando paso a la realización de cada vez más cursos privados. Los clientes eran empresas de implantes de todo tipo: odontológicos, oftalmológicos, de traumatología... Se trataba, refirieron, de cursos muy caros, con matrículas de miles de euros en algunos casos, puesto que la práctica con cadáveres es muy costosa.
En su última providencia, la magistrada apunta directamente a Ramón Mérida, entonces jefe del departamento, en la formulación de la propia solicitud a la Policía para «que se proceda a la investigación de la existencia y financiación de los cursos no homologados atribuidos al investigado don José Ramón Mérida, dando cuenta a este juzgado del resultado de tales gestiones». Este responsable fue apartado de su cargo dos días después de la publicación del reportaje.
Tenían tres denuncias
Es un hecho que la propia universidad había recibido al menos tres denuncias por estos cursos ilegales, pero no las tomó en serio. Se recibieron durante el rectorado de Carlos Berzosa, pero se archivaron. Su sucesor José Carrillo admitió a este periódico en su día que al menos dos de esas denuncias se conocieron en la época de Berzosa.
La solicitud a la UDEF supone la apertura de una vía nueva en el procedimiento, en el que se hallan hasta ahora imputados el mentado Mérida y el anterior rector, José Carrillo, por delito contra la salud de los trabajadores. Una de las víctimas, Pilar Mansilla, llegó a sufrir cáncer tras trabajar 15 años en el lugar, sometida a niveles excesivos de formol, según los estándares publicados por la Organización Mundial de la Salud. La mujer y sus compañeros estuvieron años trabajando mientras soportaban alrededor de 30 veces el nivel de formaldehído permitido.
Antes de conocerse la situación de los 534 cuerpos, un investigador manchego cuestionó al departamento privadamente sobre cuánto costaría la realización de un curso con cadáveres en una condiciones determinadas: «No, la pregunta es al revés: ¿cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar?», fue la respuesta que recibió de la secretaria del departamento.
En su último escrito, la magistrada cita como imputado (investigado, según la nueva terminología) a otro responsable de la Complutense: se trata de Antonio Luis Colorado, de Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores aseguran que las recomendaciones de dicho departamento nunca fueron tenidas en cuenta en Anatomía II.
La magistrada instructora apunta claramente a la responsabilidad del jefe del departamento, Ramón Mérida, a quien ha solicitado «los 534 contratos de donación de cuerpos correspondientes a los cadáveres que se encontraban a su disposición, de obrar en su poder. O, en caso contrario, a que designe el lugar en que pueden ser localizados», dice el auto. La realidad es que el descontrol en Anatomía y Embriología Humana II era tal que los trabajadores dudan de que dichos archivos existan siquiera.
'Entregas' a todas horas
El operario que trasladaba los cadáveres a la Facultad -«un chaval con coleta», dicen los funcionarios- tenía él mismo llave del depósito, introducía allí los cuerpos a cualquier hora del día o la noche y llegó un momento en que los empleados encontraban los cadáveres allí instalados por la mañana. Por eso, el destino de la documentación asociada no está nada claro.
La juez ha pedido también a la Universidad Complutense cualquier dato sobre las «dos denuncias al parecer formuladas» por el centro «a las que hizo referencia en su declaración prestada ante este juzgado el investigado José Carrillo», ya ex rector. Éste aseguró que «en 2014 y 2015» se formularon dos denuncias en relación con los hechos, y la magistrada quiere conocer, «a la mayor brevedad posible», el número de diligencias previas. En efecto, Carrillo anunció entonces que la UCM había denunciado a Fiscalía tras enterarse de las irregularidades por este periódico.
Además, la juez solicita también a todos los responsables de la Complutense que se hallan investigados en la causa, seis hasta ahora, «las respectivas pólizas de responsabilidad civil profesional que, en su caso, tuviesen suscritas en la fecha de los hechos».
Dichas pólizas, a través de las cuales se podrían iniciar acciones para resarcir a los posibles afectados, ya les fueron requeridas al ex rector y demás responsables universitarios, pero nunca fueron aportadas.
Fuente: El Mundo
Fuentes policiales han confirmado a este diario que, en efecto, se van a investigar a fondo los presuntos réditos económicos obtenidos por los responsables complutenses, que alquilaban privadamente los cuerpos, que aparecieron desmembrados y parasitados en varias estancias de la Facultad de Medicina, a unos 750 euros por pieza al día, como admitieron fuentes del departamento.
Varios trabajadores han denunciado ante la Justicia beneficios económicos desconocidos por parte de los directores del departamento de Anatomía II, que presuntamente utilizaban los cuerpos para realizar cursos en negro en dependencias de la universidad. La juez de Instrucción 37 de Plaza de Castilla, que investiga los hechos, ha librado un oficio a la UDEFpara que investigue.
La magistrada accede así a la petición de la Fiscalía, que lo solicitó previamente. El lucro con los cadáveres, donados a la ciencia por particulares, explicaría el amontonamiento en condiciones de podredumbre y absoluta falta de higiene. Esa situación llevaba produciéndose unos siete años antes de ser destapada por este periódico.
Los trabajadores denunciantes han declarado ante la juez, como anteriormente lo hicieron en este mismo diario, cómo los cuerpos se utilizaban una y otra vez para onerosos cursos de todo tipo de cirugías. Muchos de ellos a espaldas de la Universidad, sospechan, y a ellos mismos los jefes de Anatomía II les remuneraban en negro su trabajo, los fines de semana, en relación con estas actividades.
Los denunciantes han puesto en conocimiento de la magistrada cómo las actividades estrictamente universitarias fueron dejando paso a la realización de cada vez más cursos privados. Los clientes eran empresas de implantes de todo tipo: odontológicos, oftalmológicos, de traumatología... Se trataba, refirieron, de cursos muy caros, con matrículas de miles de euros en algunos casos, puesto que la práctica con cadáveres es muy costosa.
En su última providencia, la magistrada apunta directamente a Ramón Mérida, entonces jefe del departamento, en la formulación de la propia solicitud a la Policía para «que se proceda a la investigación de la existencia y financiación de los cursos no homologados atribuidos al investigado don José Ramón Mérida, dando cuenta a este juzgado del resultado de tales gestiones». Este responsable fue apartado de su cargo dos días después de la publicación del reportaje.
Tenían tres denuncias
Es un hecho que la propia universidad había recibido al menos tres denuncias por estos cursos ilegales, pero no las tomó en serio. Se recibieron durante el rectorado de Carlos Berzosa, pero se archivaron. Su sucesor José Carrillo admitió a este periódico en su día que al menos dos de esas denuncias se conocieron en la época de Berzosa.
La solicitud a la UDEF supone la apertura de una vía nueva en el procedimiento, en el que se hallan hasta ahora imputados el mentado Mérida y el anterior rector, José Carrillo, por delito contra la salud de los trabajadores. Una de las víctimas, Pilar Mansilla, llegó a sufrir cáncer tras trabajar 15 años en el lugar, sometida a niveles excesivos de formol, según los estándares publicados por la Organización Mundial de la Salud. La mujer y sus compañeros estuvieron años trabajando mientras soportaban alrededor de 30 veces el nivel de formaldehído permitido.
Antes de conocerse la situación de los 534 cuerpos, un investigador manchego cuestionó al departamento privadamente sobre cuánto costaría la realización de un curso con cadáveres en una condiciones determinadas: «No, la pregunta es al revés: ¿cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar?», fue la respuesta que recibió de la secretaria del departamento.
En su último escrito, la magistrada cita como imputado (investigado, según la nueva terminología) a otro responsable de la Complutense: se trata de Antonio Luis Colorado, de Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores aseguran que las recomendaciones de dicho departamento nunca fueron tenidas en cuenta en Anatomía II.
La magistrada instructora apunta claramente a la responsabilidad del jefe del departamento, Ramón Mérida, a quien ha solicitado «los 534 contratos de donación de cuerpos correspondientes a los cadáveres que se encontraban a su disposición, de obrar en su poder. O, en caso contrario, a que designe el lugar en que pueden ser localizados», dice el auto. La realidad es que el descontrol en Anatomía y Embriología Humana II era tal que los trabajadores dudan de que dichos archivos existan siquiera.
'Entregas' a todas horas
El operario que trasladaba los cadáveres a la Facultad -«un chaval con coleta», dicen los funcionarios- tenía él mismo llave del depósito, introducía allí los cuerpos a cualquier hora del día o la noche y llegó un momento en que los empleados encontraban los cadáveres allí instalados por la mañana. Por eso, el destino de la documentación asociada no está nada claro.
La juez ha pedido también a la Universidad Complutense cualquier dato sobre las «dos denuncias al parecer formuladas» por el centro «a las que hizo referencia en su declaración prestada ante este juzgado el investigado José Carrillo», ya ex rector. Éste aseguró que «en 2014 y 2015» se formularon dos denuncias en relación con los hechos, y la magistrada quiere conocer, «a la mayor brevedad posible», el número de diligencias previas. En efecto, Carrillo anunció entonces que la UCM había denunciado a Fiscalía tras enterarse de las irregularidades por este periódico.
Además, la juez solicita también a todos los responsables de la Complutense que se hallan investigados en la causa, seis hasta ahora, «las respectivas pólizas de responsabilidad civil profesional que, en su caso, tuviesen suscritas en la fecha de los hechos».
Dichas pólizas, a través de las cuales se podrían iniciar acciones para resarcir a los posibles afectados, ya les fueron requeridas al ex rector y demás responsables universitarios, pero nunca fueron aportadas.
Fuente: El Mundo
