La Comunidad regulará el derecho a morir

Madrid, 3 de marzo de 2017.-La Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó este jueves por unanimidad la proposición de ley que regula los «derechos y garantías de las personas en el proceso de morir», presentada por el grupo socialista, y que enmarca las actuaciones que los pacientes pueden llevar a cabo en relación a su fallecimiento. También dota de respaldo jurídico a los facultativos.

La ley, cuya toma en consideración comenzó en julio del pasado año, contempla que los pacientes conozcan las distintas opciones que pueden tener en cuanto a asistencia sanitaria en el final de sus días, como la posibilidad de unos cuidados paliativos integrales, desarrollados en el propio domicilio del enfermo o en los centros hospitalarios, ya sean públicos o privados.
También, a partir de ahora, aquellos pacientes con enfermedades irreversibles y progresivas en las que el deterioro grave de la persona y el fallecimiento sean posibles, pueden dejar por escrito instrucciones previas relativas a su cuidado médico, apareciendo en el historial clínico del paciente: rechazo de tratamientos o de medidas de soporte vital, suministro de sedación paliativa, etc. Hasta la fecha, este tipo de acciones sólo podían llevarse a cabo en el único registro de instrucciones previas del que dispone la Comunidad, situado en la calle Sagasta; la Ley dispone que, a partir de su entrada en vigor, todos los centros de salud y hospitales, públicos y privados, sean centros donde poder registrar estas instrucciones.
Con intención de regular el «proceso final de la vida», la ley estipula que el uso de la sedación como medida paliativa se realizará con intención de aliviar el dolor del paciente, aun a riesgo de que ello tenga como consecuencia «un acortamiento de su vida». El diputado socialista José Manuel Freire quiso desvincular la Ley con el debate sobre el suicidio asistido y la eutanasia que Podemos puso encima de la mesa en la Asamblea: «Si la única forma de conseguir evitar el dolor es disminuir la conciencia del paciente hasta el punto de que ello acelere un proceso de muerte inminente es buena práctica médica y nada tiene que ver con eutanasia o suicidio asistido», explicó el socialista.
Freire aseguró que la ley comenzará a ser efectiva en un periodo de tres a seis meses y quiso aclarar la intencionalidad de la misma: «esta es una ley de buenas prácticas: los buenos médicos nunca la han necesitado porque forma parte de la buena práctica médica». «La característica fundamental con las otras Comunidades Autónomas es la voluntad de que no sea papel mojado», aseguró Freire. Con Madrid, sonnueve las Autonomías que regulan de alguna manera los últimos días del enfermo.
Para el presidente de la Asociación para el Derecho a una Muerte Digna en la Comunidad de Madrid, Fernando Marín, sin embargo, «los hechos demuestran que estas leyes no sirven para nada; todo lo que plantea la ley se puede hacer sin la ley». Marín incide en que la intención primera de la Ley, mejorar la calidad de la muerte de los madrileños, no es un objetivo claro: «Midamos cómo se muere la gente. Si no sabemos de dónde partimos, ¿cómo vamos a saber qué mejorar?».
En cuanto a las acciones de los facultativos y las instituciones sanitarias, la ley estipula que los enfermos deberán disponer de una habitación individual y, en el caso de ser menores de edad, que los padres o tutores puedan acompañarlos durante el proceso sin tener en cuenta restricciones de horario. Los enfermos en estadio terminal podrán solicitar con carácter de urgencia un Plan Individual de Atención para recibir la atención necesaria.
En cada centro de salud se creará también la figura del Comité de Ética Asistencial para juzgar el correcto funcionamiento de la ley y, de forma anual, el Gobierno de la Comunidad deberá rendir cuentas ante la Asamblea para valorar si el procedimiento llevado a cabo es realmente útil.
Fuente: El Mundo