Conservar en privado

Cuando una zona se ha urbanizado, difícilmente volverá a la situación original. En cambio, una zona destinada al suelo rústico, siempre es susceptible (sólo en nuestro entorno, no a la Europa avanzada) de ser transformada y edificada mediante una recalificación oa partir de las veces inverosímiles declaraciones de interés general.

Esta incertidumbre permanente dificulta mucho los pactos para los modelos económicos que puedan implantarse en los territorios. Supongamos el caso actual de todas las intervenciones que se quieren hacer al alegato del conde de Torre Saura, de las que no se conocen por el momento más que los titulares de la prensa.

Imaginemos que fuera posible un hipotético acuerdo para introducir actividades turísticas no masificadas en estos fincas, por ejemplo a partir de aprovechar o reubicar volúmenes de antiguos edificios agrarios no utilizados, respetar las zonas con destacados naturales o paisajísticos, ordenar los usos para no entorpecer o incluso mejorar las condiciones de espacios sensibles como los que incluyen (zonas húmedas, espacios de cría en acantilados, terrenos dunares, etc).

Imaginemos, aunque sea en un ejercicio onírico, que nos encontramos con unos promotores que no buscan la ganancia rápida de la especulación sino la apuesta del medio y largo plazo a partir de actividades económicas permanentes y que generan puestos de trabajo. Supongamos que están interesados ??en buscar un acuerdo social amplio porque saben que no lo podrán fiar todo a una sola legislatura.

Presuponemos que estos condiciones idílicas se dan. ¿Cuál podría ser el temor? Pues el temor sería abrir la entrada a la transformación de espacios valiosos, porque ahora se puede pactar una dimensión determinada, pero nadie te asegura que, en un próximo cambio de gobierno, o simplemente de consejero, insular o balear, no se 'aproveche para incrementar la operación.

Tal recelo es bien fundamentado en las cosas que todavía están pasando. Basta ver los últimos casos de declaraciones de interés general que se están tramitando.

El caso del parque acuático de San Luis habría podido conducir a condiciones que no generaran conflicto. Estando en el dudosamente honorable ranking de ser uno de los 25 municipios más urbanizados del Estado, resulta que en San Luis todavía hay terreno previsto para urbanizar un 47% más de lo que ha hecho. En este contexto se promueve un parque acuático, pero en suelo rústico. No es de extrañar la polémica.

El parque se podría hacer en suelo urbanizable. La zona de piscinas podría funcionar con agua marina, de tal forma que no s'afectàs el acuífero. Incluso, si la ubicación conflictiva se trata de un tema de propiedad y de vínculo con el hotel del borde, se podría plantear una permuta de derechos urbanísticos con otra zona urbanizable. Pero si no se hace nada de eso, lo que hay es una tramitación para declarar de interés general la transformación de un territorio que la ley no prevé y aumentar un gran consumo de agua en un municipio que hace años que padece intrusión marina por sobreexplotación.

Veamos otro caso bien sintomático del problema. El caso de la planta de triaje de Biniaiet, que también busca la declaración de interés general para poder construir en suelo rústico. Esto ocurre en 2013, cuando a 2 kilómetros de esta ubicación tenemos la 4 ª. fase del polígono de Mahón totalmente infrautilizada y ya dotada de viales asfaltados, luz, agua y alcantarillado.

Es lógico declarar de interés general una nueva planta de triaje en rústico, a fregar de dos monumentos prehistóricos y una zona de alto valor botánico, en un momento donde no hay actividad de construcción que justifique ninguna demanda? Si ya hay una planta de tratamiento de residuos de excavación que hace unos años que opera en el suelo industrial de Maó, por qué esta nueva debe ir en suelo rústico?

La respuesta es evidente. Porque el suelo rústico es más barato. De acuerdo. Pero es más barato porque la ley no prevé que se hagan cosas de este estilo.

En medio de esta dinámica, donde las autoridades desregulan e intentan trastocar cualquier planificación, qué opciones tiene la conservación? Pues una de las principales es la vía de conservación privada. Eso que se llama custodia del territorio. Hay una modalidad que son los acuerdos de custodia con alta seguridad jurídica, una manera muy usada en otros países, que consiste en dejar constancia en las escrituras de propiedad de servidumbres de conservación. Se trata de un sistema que ahora se está abriendo camino de los Pirineos hacia abajo y que seguramente se convertirá en una forma de paliar las grandes deficiencias públicas que sufrimos en nuestro entorno.

Porque cuando se interacciona con gente de otras zonas europeas, todos sobrecoge los ojos al saber que aquí el suelo rústico siempre es susceptible de ser recalificado o de sufrir una súbita declaración de "interés general". Las organizaciones europeas que fuera compran terrenos y alquilan tierras para destinarlas a conservación, aquí no se atreven a operar ante la inseguridad jurídica que impera.

Es la consecuencia de las décadas de retraso que nosotros llevamos en materia de medio ambiente. Mientras aquí, hasta 1973, se incentivaba la muerte de animales emblemáticos considerados "alimañas", a otras bandas educaban para aprender a respetar los límites de las leyes ambientales y para incorporar la iniciativa privada en la conservación. Nos toca ir recortando la distancia que nos llevan.