“Puede haber recortes económicos y dispendio del conocimiento"

El presidente de la SESPAS, Andreu Segura, cree necesario evaluar el impacte real de las investigaciones para discernir aquellas que son inocuas y no tienen efectos positivos. Se estima que un 85% del gasto en investigación en ciencias de la vida se desperdicia.

Hablar de dilapidación de recursos públicos en el campo de la investigación suena extraño. Venimos de unos años en que los recortes han sido una constante en casi todos los capítulos de gasto, también en I + D. Por eso cuando Andreu Segura, presidente del Grupo de Trabajo de Ética y Salud Pública de la SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), pronuncia expresiones como "dispendio del conocimiento" resulta imposible no sorprenderse.

Esta frase, como todo, tiene su contexto. Y el contexto, en este caso, tiene forma de encuentro de expertos organizada per SESPAS y la UIMP y patrocinada por la Fundació Víctor Grífols i Lucas en el marco de la XXVI Escuela de Salud Pública de Menorca. Segura ha coordinado este grupo de trabajo que ha congregado profesionales del ámbito de la salud pública, de la filosofía y de la ética para debatir sobre 'Despilfarro en investigación y traslación del conocimiento en la práctica'. Las conclusiones, en pocos días. Mientras esperamos, pero, Segura nos hace un avance: "es del todo necesario evaluar el impacto de las investigaciones en términos reales de mejora de la salud de las personas".

La razón de este reclamo proviene de la constatación de que muchas de las investigaciones que se realizan hoy en día sirven de poco o de nada. "Se ha probado que el esfuerzo que se hace para sufragar investigaciones en el campo de la medicina y la salud pública no revierte en la mejora de la salud de la población, al menos no todo lo que cabría esperar", señala el presidente de la SESPAS, que cita un estudio reciente para cifrar el gasto en investigación a nivel mundial en doscientos mil millones de euros, un 85% de los que "no ha tenido repercusión positiva".

Para Andreu Segura probar la efectividad de las investigaciones debería ser un tema prioritario para las administraciones públicas, no sólo para mejorar en términos de eficiencia económica, sino sobre todo para avanzar en términos de cobertura y protección social. "Hay que poner en práctica un sistema que permita modular la aplicación de las investigaciones y saber el impacto que tienen", razona. Desgraciadamente, el punto de partida está muy alejado de eso. "Las políticas públicas se evalúan muy poco", dice el experto.

Esta falta de evaluación o supervisión, sumada al poco recorrido lucrativo de determinadas investigaciones de probado interés general ya la práctica recurrente en el mundo científico de anteponer el prestigio individual por encima del beneficio colectivo, es la que según Andreu Segura ha abonado el terreno para la proliferación de estudios de escasa utilidad pública.

La guinda a esta combinación de factores lo ha puesto, una vez más, la administración con la aplicación de las impopulares medidas de austeridad. "Puede haber recortes y dispendio del conocimiento y esto es así porque los políticos no tienen suficiente coraje para hacer recortes inteligentes, les resulta más fácil hacerlas transversales". Dicho esto, Segura no esconde su responsabilidad y la de todos: "para hacer determinadas políticas es necesario que todos rememos en la misma dirección"