29/09/2015
El Consell y la consellería de Servicios Sociales y Cooperación del Govern definen las prioridades en materia social para esta legislatura
Durante el encuentro que han mantenido la consellera Fina Santiago y la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, y su equipo, se ha coincidido en trabajar en cuatro líneas estratégicas en relación con los servicios sociales. Tanto Santiago como Salord y los responsables de bienestar social de la institución insular han identificado cuatro necesidades sociales a las que se ha de dar cobertura de forma prioritaria.
Una es la de las familias con menores a cargo que no tienen recursos económicos para cubrir las necesidades básicas, que son a las que irá destinada la renta social garantizada, un compromiso del Gobierno en la lucha contra la pobreza.
Otro colectivo al que se dará prioridad es el de personas con diagnóstico de salud mental, que hasta ahora no disponía de una red de servicios específicos. Por ello, se ha acordado estructurar, tanto desde el Govern como desde el Consell de Menorca, un conjunto de servicios especializados, ya sea mediante pisos tutelados, centros de día o centros ocupacionales.
También se han puesto de acuerdo en la necesidad de continuar protegiendo a los menores tutelados por la Administración, más allá de los 18 años, momento en que quedan al margen de esta protección. Consell y Govern trabajarán para ayudarles en su proceso de emancipación, y los ofrecerán viviendas tuteladas y una renta de emancipación.
Otra necesidad es la de reactivar la Ley de la dependencia, dado que ambas instituciones coinciden en que ha sido paralizada durante la última legislatura.
A estas cuatro líneas de trabajo se debe añadir la atención a las personas refugiadas, una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en la reunión. Mientras se espera que el Gobierno determine el número de personas que se acogerían, los plazos y las condiciones, la Consellería de Servicios Sociales y el Consell de Menorca ya han establecido líneas de colaboración y de coordinación durante las diversas fases que dure el proceso de acogida.
Una es la de las familias con menores a cargo que no tienen recursos económicos para cubrir las necesidades básicas, que son a las que irá destinada la renta social garantizada, un compromiso del Gobierno en la lucha contra la pobreza.
Otro colectivo al que se dará prioridad es el de personas con diagnóstico de salud mental, que hasta ahora no disponía de una red de servicios específicos. Por ello, se ha acordado estructurar, tanto desde el Govern como desde el Consell de Menorca, un conjunto de servicios especializados, ya sea mediante pisos tutelados, centros de día o centros ocupacionales.
También se han puesto de acuerdo en la necesidad de continuar protegiendo a los menores tutelados por la Administración, más allá de los 18 años, momento en que quedan al margen de esta protección. Consell y Govern trabajarán para ayudarles en su proceso de emancipación, y los ofrecerán viviendas tuteladas y una renta de emancipación.
Otra necesidad es la de reactivar la Ley de la dependencia, dado que ambas instituciones coinciden en que ha sido paralizada durante la última legislatura.
A estas cuatro líneas de trabajo se debe añadir la atención a las personas refugiadas, una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en la reunión. Mientras se espera que el Gobierno determine el número de personas que se acogerían, los plazos y las condiciones, la Consellería de Servicios Sociales y el Consell de Menorca ya han establecido líneas de colaboración y de coordinación durante las diversas fases que dure el proceso de acogida.
