El Govern impulsa los servicios sociales con la aprobación de la Ley de la Renta Social

Por una parte, se ha aprobado el Proyecto de Ley de la Renta Social Garantizada, una norma que aporta un nuevo derecho a la ciudadanía, como el de recibir una prestación económica para cubrir sus necesidades básicas. Con la intención de agilizar la aplicación de esta ley, el Consell de Govern ha acordado solicitar a la Mesa del Parlament su tramitación por vía de urgencia. Se considera que la situación de pobreza que viven muchas familias de las Illes Balears provocada por la crisis social y económica requiere que las instituciones actúen con rapidez. El hecho de que el Proyecto de Ley de la Renta Social ya incorpore el procedimiento e incluya un régimen sancionador también hace que la tramitación sea más rápida y no se esté pendiente de otras regulaciones. La Ley de la Renta Social, que en la primera fase beneficiará unas 10.000 personas (3.000 familias sin ingresos y con menores a cargo), es una de las medidas incluidas en los acuerdos de gobernabilidad y supone un paso más en el desarrollo de la Ley de servicios sociales, iniciada en la legislatura 2007-2011 y paralizada durante los últimos cuatro años.

En la línea de defensa de los servicios públicos, el Consell de Govern ha acordado también afianzar y aumentar el compromiso del Govern de les Illes Balears con los consejos insulares y los ayuntamientos en materia de servicios sociales, con la aprobación del Plan de Financiación de los Servicios Sociales. Se trata de un plan que ordena, unifica y establece criterios de financiación de los servicios sociales comunitarios básicos de los municipios. Por primera vez, los ayuntamientos sabrán cuál es la aportación que recibirán de los consejos insulares para el año siguiente.

En total, la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación destinará 11,5 millones de euros a los servicios sociales comunitarios básicos de los ayuntamientos de las Balears. Por islas, el Consell Insular de Mallorca recibirá 8.955.105 euros para gestionar estos servicios a través de los ayuntamientos; el Consell Insular de Menorca recibirá 1.094.491 euros; el Consell Insular d’Eivissa, 1.337.392 euros, y el Consell Insular de Formentera, 160.507 euros.

Además, el Plan de Financiación de los Servicios Sociales agiliza tanto la tramitación como la recepción de las prestaciones económicas dirigidas a los ayuntamientos a través de los consejos insulares, dado que se han unido en un solo convenio los tres que hasta ahora se suscribían por separado. En este único convenio, que suscribirá la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación con los cuatro consejos insulares, se incluyen las partidas dirigidas a financiar el Programa de Prestaciones Básicas, el de Integración en Personas Inmigrantes y el de Apoyo a la Familia y la Infancia. Hasta ahora, estos tres programas correspondían a tres convenios separados.

Por otra parte, el Consell de Govern también ha aprobado fijar un mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procesos de contratación pública de la Administración autonómica a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción y a los programas de empleo protegido. Este acuerdo da respuesta a una reivindicación histórica de las entidades que trabajan en la inserción de personas en situación de vulnerabilidad.

En otro sentido, se ha aprobado también el Proyecto de Ley de derogación de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece y regula la protección a la maternidad. De esta manera, se propone al Parlament de les Illes Balears el inicio de la tramitación para derogar la llamada Ley de Protección a la Maternidad. El Govern considera que esta ley es innecesaria, porque prevé medidas ya incluidas en leyes estatales.