29/01/2016
El Govern presentará un contencioso contra el Estado para no tener que devolver 185.433,98 € de inversiones estatutarias para Menorca
Son importes no justificados del Convenio para financiar las salas multifuncionales de Sant Lluís i Ferreries, que el Estado reclama. El Govern entiende que es obligación del Estado ejecutar las inversiones
El Consell de Govern ha instado y autorizado a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a preparar y, cuando llegue el momento, a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la secretaria de Estado de Turismo en la que reclama a las Illes Balears el reintegro de un total de 185.433,98 € de importes no justificados (142.654,68 €) más los intereses de demora (42.779,30 €) del Convenio entre Turespaña y la CAIB para llevar a cabo actuaciones y obras orientadas a la reestructuración, modernización y diversificación del sector turístico, entre las que se encuentran las salas multifuncionales de Sant Lluís y Ferreries (en Menorca), donde la aportación de Turespaña era de 5 millones de euros.
El Govern está en desacuerdo con dicha Resolución, dado que supone una vulneración de las obligaciones de la Administración del Estado hacia la CAIB. Hay que recordar que los convenios para ejecutar las inversiones estatutarias establecen la obligación del Estado de ejecutar estas inversiones en Baleares con el fin de compensar la insularidad y de forma transitoria, mientras no se aprueba un nuevo régimen especial para las Illes Balears (tal y como contempla el Estatuto de autonomía).
Justo es decir que el protocolo firmado el pasado 3 de diciembre entre la CAIB y el Ministerio de Hacienda prevé compensaciones por las inversiones estatutarias reclamadas, pero mientras el Estado no acceda a retirar las reclamaciones, desde el Govern de les Illes Balears se agotará la vía judicial. El Govern no renuncia a ninguna de las inversiones que en su día se establecieron por convenio con el Estado, porque considera que es la obligación del Estado llevarlas a cabo, en cumplimiento de lo que establece el Estatuto de autonomía.
El Govern está en desacuerdo con dicha Resolución, dado que supone una vulneración de las obligaciones de la Administración del Estado hacia la CAIB. Hay que recordar que los convenios para ejecutar las inversiones estatutarias establecen la obligación del Estado de ejecutar estas inversiones en Baleares con el fin de compensar la insularidad y de forma transitoria, mientras no se aprueba un nuevo régimen especial para las Illes Balears (tal y como contempla el Estatuto de autonomía).
Justo es decir que el protocolo firmado el pasado 3 de diciembre entre la CAIB y el Ministerio de Hacienda prevé compensaciones por las inversiones estatutarias reclamadas, pero mientras el Estado no acceda a retirar las reclamaciones, desde el Govern de les Illes Balears se agotará la vía judicial. El Govern no renuncia a ninguna de las inversiones que en su día se establecieron por convenio con el Estado, porque considera que es la obligación del Estado llevarlas a cabo, en cumplimiento de lo que establece el Estatuto de autonomía.
