MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALAIOR

Solicitar al Govern de les Illes Balears a que revoque urgentemente la aprobación del Decreto Ley 1/2016 de 12 de Enero de medidas urgentes en materia urbanística.

Exposición de motivos:

Con el inicio del nuevo año, el Govern balear ha adoptado medidas contundentes para derogar disposiciones y normativas que durante la pasada legislatura resultaron adecuadas y eficientes para ayudar a superar la más grave y prolongada crisis económica que ha conocido el archipiélago en las últimas décadas.

Las decisiones adoptadas, por otra parte, han dejado en una especie de limbo, indefinición y al margen de toda seguridad jurídica algunas expectativas de inversión así como proyectos concretos encaminados a crear riqueza en nuestras islas.

El Ejecutivo regional ha establecido una suspensión urbanística por un período de dos años.  Si nos centramos en el municipio de Alaior, estas disposiciones tienen ya consecuencias directas que hay que entender en la suspensión de la tramitación iniciada para la  construcción de dos hoteles de alta categoría a emplazar en suelo rústico, que aprovechaban las edificaciones existentes en los terrenos, evitando el deterioro y la ruina de estas construcciones en el campo.

La aniquilación del marco jurídico previo y legítimo,  las normas aprobadas con el objetivo de facilitar el crecimiento, a partir de una amplia base de consenso con los sectores implicados, se ha realizado ahora con cierta temeridad y precipitación, casi por sorpresa, de espaldas a los sectores más afectados y, en general, de la ciudadanía. Esta modificación se ha efectuado por el procedimiento de un “decretazo”, que hurta la posibilidad de cualquier participación:  no tan solo se ha hecho de espaldas a la sociedad, con sus respectivos sectores implicados, sino directamente excluyendo, sin consideración, a las fuerzas de oposición del Parlament balear.  

El “decretazo” aprobado por el Govern, con el pretexto de asegurar la  protección del  territorio,  condena a la economía balear a una suerte de parálisis y la hace retroceder a las condiciones que existían en el inicio de la crisis económica.

Las diferencias de modelo turístico y económico que puedan mantener las fuerzas políticas con representación parlamentario deberían recogerse en la formulación precisa de un modelo concreto. En absoluto admisible se antoja que una comunidad de inequívoca vocación turística, de hecho pionera en el despertar del turismo nacional, deje en suspenso las leyes del turismo, los usos del suelo agrario  y la propia regulación del sector agrario, sin más, por un período de dos años -- lo que supone el bloqueo durante más de la mitad de legislatura-- de  toda acción susceptible de encajar en el marco legal previo. El mero procedimiento que se ha seguido hipoteca las posibilidades de consenso entre los sectores más afectados por estas disposiciones, el Govern balear y las fuerzas en la oposición, cuando necesariamente se tenga que cancelar tan perniciosa suspensión.

La derogación de las tres leyes anteriormente citadas, viene además a producirse tras la aprobación del controvertido impuesto para el turismo sostenible (ITS) que compromete los  acuerdos ya suscritos entre hoteleros y touroperadores.  En definitiva, el nuevo Ejecutivo está actuando en la línea de un desgobierno, eso es, retroceder desmontando disposiciones que ya regían y creando un ambiente de espesa inseguridad jurídica que no hace sino ahuyentar las expectativas de inversión en el archipiélago. El nuevo decreto va a incidir en el desvío de capitales hacia zonas que demuestren mayor aprecio por inversiones que estimulan el crecimiento económico y el empleo, y lo que es peor, con probabilidad coincidirán con  algunos de los destinos turísticos que más competencia oponen al nuestro.

El decreto derogatorio es asimismo  un ataque directo al sector primario y al futuro del campo menorquín, que respaldó con firmeza la Ley Agraria aprobada en la anterior legislatura. Una vez más, la normativa provoca un paso atrás para el sector agrario al que se dejan apenas resquicios para continuar siendo una actividad subsidiada, en lugar de proveer mecanismos y herramientas que permitan su viabilidad.

Convendrá recordar que el modelo económico está basado en el turismo y por tanto, es  responsabilidad de cualquier político en el gobierno defender al sector turístico, en lugar de erigirse en una amenaza para el mismo. Ni las banderas de falsa protección territorial, ni el  uso partidista del interés general resolverán las dificultades que tienen a diario las pequeñas empresas, los autónomos, incluso las grandes compañías hoteleras para ser competitivas y rentables.

El Govern de izquierdas ha pretendido hacer creer a la sociedad que el anterior ejecutivo balear puso en peligro con su normativa el marco territorial, desde una implacable sed de destrucción del territorio, mediante una ambición empresarial descomedida que hubiera emprendido la urbanización y la construcción incontrolada.

El modelo turístico y territorial anterior a la legislatura 2011/2015, el modelo del PTI,  llevó a Menorca a unos drásticos niveles de estancamiento y paralización de la inversión sólo remontados gracias a la receta económica aplicada durante la legislatura pasada, cuando se recuperaron todos los índices económicos y turísticos, llegando a crecimientos impensables hace más bien poco.

Al amparo de las leyes vigentes, la reactivación económica provocó la generación de empleo, hasta el punto de que Baleares ha llegado a liderar el ranking por comunidades autónomas. A partir de políticas impulsadas por el Govern balear entre 2011 y 2015, mediante una inversión de 1.500 millones de euros se ha conseguido una importante mejora en la calidad y la categoría de los establecimientos y servicios turísticos, es decir, una revalorización de la oferta. A todo ello hay que añadir además el inicio de la recuperación estética y funcional de las zonas maduras y obsoletas, con los correspondientes beneficios no sólo para el sector turístico sino para todos los servicios auxiliares que intervienen en la renovación de la planta turística balear.

El decreto derogatorio no  mejora la protección del territorio y en cambio enturbia y amenaza la confianza empresarial y los movimientos inversores cuando se empezaba a vislumbrar la recuperación. En contra del objetivo que es conseguir una administración fiable, trasparente y eficiente, de nuevo se duplican y multiplican los trámites administrativos en número y en tiempo.

Es por todo ello que el Grupo Municipal del PP propone al pleno de la Corporación:

PRIMERO - Solicitar al Govern de les Illes Balears que revoque urgentemente la aprobación del Decreto Ley 1/2016 de 12 de Enero de medidas urgentes en materia urbanística.

SEGUNDO -Trasladar este acuerdo a Presidencia del Govern balear así como a los portavoces de todos los grupos municipales representados en la Cámara autonómica.