08/02/2016
La presidenta Maite Salord explica los motivos por los que se ha llegado a la rescisión del contrato de obras de mejora del tramo Alaior- Maó
También datos sobre la situación actual del proyecto de la carretera Me-1
La presidenta Maite Salord ha explicado hoy los motivos por los que se ha llegado a la rescisión de mutuo acuerdo, entre el Consell Insular de Menorca y la UTE Dragados - Antonio Gomila SA, del contrato de obras de mejora del tramo Alaior-Maó. Una propuesta de acuerdo que se ha aprobado en la Comisión de Gobierno celebrada esta mañana.
Salord ha comunicado que la reforma de este tramo no responde únicamente a una decisión política sino también obligada, ya que el proyecto de la obra era inviable por las carencias halladas y por su sobrecoste. En primer lugar, la presidenta ha explicado los antecedentes que han llevado al equipo de gobierno a replantear el proyecto.
El año 2007 se firma el convenio de carreteras entre el Consell Insular de Menorca y el Ministerio de Fomento, por un importe de 63 millones de euros: 33 de los cuales se destinan a la variante de Ferreries y 30 a la Me-1.
Día 17 de septiembre de 2012, la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Menorca aprobó inicialmente el proyecto de trazado denominado “Mejora de la carretera Me-1 entre Alaior y Maó”, dónde ya se contemplaban las rotondas a doble nivel pese a que no se contemplaban en el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto del trazado ni en la oferta ganadora. El mes de septiembre de 2014 comienzan las obras.
El mes de julio de 2015, con el cambio de gobierno, se hace patente el retraso en la programación de la ejecución de las obras en la carretera Me-1, en todos sus tramos, respecto de la adenda firmada el mes de diciembre de 2014 y aprobada en el Pleno del mes de abril de 2015. En este sentido, afirma Salord, “solicitamos una re-programación de las obras al Ministerio de Fomento, lo que se traduce en un aumento de un año en el plazo global de ejecución de las obras de la carretera, hasta el mes de diciembre de 2018. El mes julio de 2015, el tramo Alaior-Maó era el único que se había comenzado. En ese momento se había ejecutado un 20% de la obra, cuando debía haber sido ejecutado un 88 % según la programación aprobada, lo que ocasiono un retraso de 6 meses en una obra que debía durar 14 meses. Además, la UTE que ejecutaba las obras había presentado, a tres semanas de comenzarlas (octubre de 2014), una desviación de presupuesto de un 38 %, más de 2,9 millones de euros, cuando el pliego de condiciones sólo permitía un modificado con un incremento máximo del 6,5 %, añadido al 10% que fija le ley de contratos.
Por otro lado, la presidenta ha recordado la voluntad manifiesta del actual equipo de gobierno de reducir el proyecto para ajustarlo a las dimensiones de Menorca, una isla Reserva de Biosfera. «En ese momento ya valoramos que las rotondas sobredimensionadas responden más a criterios políticos que no técnicos», con dos consecuencias muy negativas: consumo innecesario de territorio y un gasto innecesario de millones de euros.
“Ante esta situación, el equipo de gobierno se pone manos a la obra para modificar el proyecto, especialmente en los enlaces más polémicos, lo que sólo es posible si se rescinde el contrato”, destaca Salord que subraya que “no hemos dejado de trabajar en ningún momento, de la misma manera que con el tramo Ciutadella-Ferreries”.
Del mismo modo, al margen del modelo de carretera que se plantee, se empieza a detectar dos cuestiones preocupantes:
1. Imprevisiones y carencias que revelan la imposibilidad de ejecutar el proyecto adjudicado por el Consell Insular de Menorca por deficiencias en estos temas:
- Servicios afectados (Telefónica y GESA, entre otros)
- Taludes
- Drenaje
- Incidencias en materia de expropiaciones
- Cambio del eje en planta para reducir costes
2. Problemas presupuestarios:
Con la obra adjudicada, los contratos de la dirección de obra y coordinación de seguridad, los gastos de redacción de proyectos y estudios, ya se han consumido los 10 millones de euros para el tramo Maó-Alaior.
“Por tanto, dar solución a los problemas anteriores, significaba un aumento de presupuesto con unos fondos que no existían. Cualquier sobrecoste por encima del importe del proyecto habría ido en detrimento del presupuesto destinado a los otros tramos”, señala la presidenta.
A la vista de esta situación, resulta evidente que la rescisión del contrato debía llevarse a termino y no sólo para modificar los enlaces los enlaces polémicos: el proyecto aprobado no se puede ejecutar tal y como está y, además, “no hay presupuesto para llevalo a cabo”. De esto modo, y con el objetivo prioritario de defender el interés público se valora que mejor camino es el mutuo acuerdo, ya que “evita el abono de las indemnizaciones y posibilita el inicio del procedimiento para adjudicar el nuevo contrato”. Después de muchos meses de negociaciones, se llega a un acuerdo por el cual se pagan 112.000 euros a la UTE en concepto de gastos previos que, en caso de rescisión del contrato, se le deben bonificar.
También se aprueba llevar a cabo mejoras en la seguridad del tramo tal y como se anunció en un decreto de Presidencia de día 14 de diciembre de 2015. Según el texto refundido de la ley de contratos del sector público, artículo 225, el contratista tiene la obligación de llevar a cabo y la administración de pagarlas.
Finalmente, se han de pagar a la UTE 190.901,06 euros de obra ejecutada y no prevista dentro del proyecto (aprobada hoy en la Comisión de Gobierno que se llevará al Pleno de día 15 de febrero), pactada por la administración y la UTE día 15 de marzo de 2015, que tampoco fue aprobado por el órgano de contratación. La obra ejecutada asciende a 1.815.752,09 euros, que respecto de los 9.164.828,49 euros adjudicados, representa un 19,81 %. De esta obra ejecutada 1.624.851,03 euros van a certificación, según el contrato, y 190.901,06 euros van a reconocimiento extrajudicial de crédito porque serán ejecutadas con precios contradictorios no aprobados por el órgano de contratación. Esta obra, al no tener precio tramitado correctamente ya había sido avanzado mediante la certificación de otras unidades de obra realmente no ejecutadas. Y de aquí se deriva una última certificación negativa de -167.565,73 euros (que va al Pleno de día 15 de febrero) y que compensa casi en su totalidad estos 190.000 euros.
La propuesta del equipo de gobierno actual en lo referido al futuro del proyecto implica continuar el mismo procedimiento que se ha iniciado en el tramo Ciutadella-Ferreries:
- Inicio del expediente de contratación par ala revisión y redacción de un nuevo proyecto constructivo de mejora del tramo entre Alaior y Maó de la Me-1.
- Mientras se sigue trabajando en el nuevo proyecto, se informará y se consultará a los ayuntamientos de Maó y Ferreries de los posibles cambios.
- Se llevaran a cabo exposiciones públicas del proyecto.
- Se valoraran las aportaciones de todos y se llevará a aprobación el nuevo proyecto, que estará en exposición pública para que se realicen las alegaciones que se consideren.
- También se informará a la oposición.
La presidenta Maite Salord ha dicho que el nuevo objetivo previsto para el inicio de las obras es a finales de 2016 o principios de 2017.
Salord ha comunicado que la reforma de este tramo no responde únicamente a una decisión política sino también obligada, ya que el proyecto de la obra era inviable por las carencias halladas y por su sobrecoste. En primer lugar, la presidenta ha explicado los antecedentes que han llevado al equipo de gobierno a replantear el proyecto.
El año 2007 se firma el convenio de carreteras entre el Consell Insular de Menorca y el Ministerio de Fomento, por un importe de 63 millones de euros: 33 de los cuales se destinan a la variante de Ferreries y 30 a la Me-1.
Día 17 de septiembre de 2012, la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Menorca aprobó inicialmente el proyecto de trazado denominado “Mejora de la carretera Me-1 entre Alaior y Maó”, dónde ya se contemplaban las rotondas a doble nivel pese a que no se contemplaban en el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto del trazado ni en la oferta ganadora. El mes de septiembre de 2014 comienzan las obras.
El mes de julio de 2015, con el cambio de gobierno, se hace patente el retraso en la programación de la ejecución de las obras en la carretera Me-1, en todos sus tramos, respecto de la adenda firmada el mes de diciembre de 2014 y aprobada en el Pleno del mes de abril de 2015. En este sentido, afirma Salord, “solicitamos una re-programación de las obras al Ministerio de Fomento, lo que se traduce en un aumento de un año en el plazo global de ejecución de las obras de la carretera, hasta el mes de diciembre de 2018. El mes julio de 2015, el tramo Alaior-Maó era el único que se había comenzado. En ese momento se había ejecutado un 20% de la obra, cuando debía haber sido ejecutado un 88 % según la programación aprobada, lo que ocasiono un retraso de 6 meses en una obra que debía durar 14 meses. Además, la UTE que ejecutaba las obras había presentado, a tres semanas de comenzarlas (octubre de 2014), una desviación de presupuesto de un 38 %, más de 2,9 millones de euros, cuando el pliego de condiciones sólo permitía un modificado con un incremento máximo del 6,5 %, añadido al 10% que fija le ley de contratos.
Por otro lado, la presidenta ha recordado la voluntad manifiesta del actual equipo de gobierno de reducir el proyecto para ajustarlo a las dimensiones de Menorca, una isla Reserva de Biosfera. «En ese momento ya valoramos que las rotondas sobredimensionadas responden más a criterios políticos que no técnicos», con dos consecuencias muy negativas: consumo innecesario de territorio y un gasto innecesario de millones de euros.
“Ante esta situación, el equipo de gobierno se pone manos a la obra para modificar el proyecto, especialmente en los enlaces más polémicos, lo que sólo es posible si se rescinde el contrato”, destaca Salord que subraya que “no hemos dejado de trabajar en ningún momento, de la misma manera que con el tramo Ciutadella-Ferreries”.
Del mismo modo, al margen del modelo de carretera que se plantee, se empieza a detectar dos cuestiones preocupantes:
1. Imprevisiones y carencias que revelan la imposibilidad de ejecutar el proyecto adjudicado por el Consell Insular de Menorca por deficiencias en estos temas:
- Servicios afectados (Telefónica y GESA, entre otros)
- Taludes
- Drenaje
- Incidencias en materia de expropiaciones
- Cambio del eje en planta para reducir costes
2. Problemas presupuestarios:
Con la obra adjudicada, los contratos de la dirección de obra y coordinación de seguridad, los gastos de redacción de proyectos y estudios, ya se han consumido los 10 millones de euros para el tramo Maó-Alaior.
“Por tanto, dar solución a los problemas anteriores, significaba un aumento de presupuesto con unos fondos que no existían. Cualquier sobrecoste por encima del importe del proyecto habría ido en detrimento del presupuesto destinado a los otros tramos”, señala la presidenta.
A la vista de esta situación, resulta evidente que la rescisión del contrato debía llevarse a termino y no sólo para modificar los enlaces los enlaces polémicos: el proyecto aprobado no se puede ejecutar tal y como está y, además, “no hay presupuesto para llevalo a cabo”. De esto modo, y con el objetivo prioritario de defender el interés público se valora que mejor camino es el mutuo acuerdo, ya que “evita el abono de las indemnizaciones y posibilita el inicio del procedimiento para adjudicar el nuevo contrato”. Después de muchos meses de negociaciones, se llega a un acuerdo por el cual se pagan 112.000 euros a la UTE en concepto de gastos previos que, en caso de rescisión del contrato, se le deben bonificar.
También se aprueba llevar a cabo mejoras en la seguridad del tramo tal y como se anunció en un decreto de Presidencia de día 14 de diciembre de 2015. Según el texto refundido de la ley de contratos del sector público, artículo 225, el contratista tiene la obligación de llevar a cabo y la administración de pagarlas.
Finalmente, se han de pagar a la UTE 190.901,06 euros de obra ejecutada y no prevista dentro del proyecto (aprobada hoy en la Comisión de Gobierno que se llevará al Pleno de día 15 de febrero), pactada por la administración y la UTE día 15 de marzo de 2015, que tampoco fue aprobado por el órgano de contratación. La obra ejecutada asciende a 1.815.752,09 euros, que respecto de los 9.164.828,49 euros adjudicados, representa un 19,81 %. De esta obra ejecutada 1.624.851,03 euros van a certificación, según el contrato, y 190.901,06 euros van a reconocimiento extrajudicial de crédito porque serán ejecutadas con precios contradictorios no aprobados por el órgano de contratación. Esta obra, al no tener precio tramitado correctamente ya había sido avanzado mediante la certificación de otras unidades de obra realmente no ejecutadas. Y de aquí se deriva una última certificación negativa de -167.565,73 euros (que va al Pleno de día 15 de febrero) y que compensa casi en su totalidad estos 190.000 euros.
La propuesta del equipo de gobierno actual en lo referido al futuro del proyecto implica continuar el mismo procedimiento que se ha iniciado en el tramo Ciutadella-Ferreries:
- Inicio del expediente de contratación par ala revisión y redacción de un nuevo proyecto constructivo de mejora del tramo entre Alaior y Maó de la Me-1.
- Mientras se sigue trabajando en el nuevo proyecto, se informará y se consultará a los ayuntamientos de Maó y Ferreries de los posibles cambios.
- Se llevaran a cabo exposiciones públicas del proyecto.
- Se valoraran las aportaciones de todos y se llevará a aprobación el nuevo proyecto, que estará en exposición pública para que se realicen las alegaciones que se consideren.
- También se informará a la oposición.
La presidenta Maite Salord ha dicho que el nuevo objetivo previsto para el inicio de las obras es a finales de 2016 o principios de 2017.
