05/05/2016
El conseller Marc Pons se reúne la próxima semana con la ministra de Fomento para exigir mejoras en la conectividad
El Gobierno balear reafirmará en el encuentro, previsto para el próximo miércoles día 11, su oposición a cualquier medida perjudicial para el descuento de residente del 50%
La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, Marc Pons, se reunirán el próximo miércoles 11 de mayo en el Ministerio de Fomento, en respuesta a la solicitud cursada por el Gobierno balear para abordar temas de máxima prioridad para la Conselleria, como las mejoras en la conectividad aérea y el cumplimiento de los convenios de carreteras y en materia ferroviaria.
El conseller pondrá sobre la mesa la necesidad de instaurar cuanto antes una tarifa plana de 30 euros para los vuelos interinsulares, recordando a la ministra la documentación enviada recientemente por parte de la Conselleria al Ministerio relativa al sistema de tarifa de precio máximo que está vigente en otros territorios de la Unión Europea, como Cerdeña, como prueba de la ausencia de impedimentos en la normativa europea para trasladar un modelo similar a las Islas Baleares.
Igualmente —entre otros asuntos— el conseller también reclamará que se modifiquen las actuales condiciones de la Obligación de Servicio Público (OSP) para los trayectos Maó - Madrid, de manera que se puedan incluir en el nuevo concurso del próximo mes de octubre mejoras como:
— Una tarifa máxima de 60 euros por trayecto.
— Tarifas sociales para estudiantes (hasta 27 años), personas mayores (a partir de 65 años), menores y personas con discapacidad.
— Reducción del período de obligación de servicio público del 1 de octubre al 30 de abril.
— Aumento de la capacidad a 90.000 plazas y dos frecuencias diarias.
— Modificación del último vuelo, que tendría que salir de Madrid entre las 20 y las 21 horas.
En cuanto a conectividad, el conseller también reclamará a la ministra más información sobre los cambios que, a partir de enero de 2017, pondrá en marcha el Gobierno central en relación a los contratos entre compañías aéreas y distintos colectivos, a fin de que quede garantizado que no se pueden derivar perjuicios para los ciudadanos de Baleares.
Precisamente, en relación a esta medida —de la que se hace eco hoy la prensa—, esta mañana, desde la Conselleria se han pedido explicaciones al Gobierno central y desde la Dirección General de Aviación Civil se ha negado rotundamente que esta medida suponga ningún cambio en el descuento de residente del 50% para los ciudadanos de las Islas. Desde el Ministerio se ha explicado que se trata de medidas de control que se aprobaron ya en el 2014 (y que no se aplicaron por motivos técnicos) y que simplemente se ha comunicado recientemente a los colectivos afectados que se aplicarían a partir de enero de 2017. Se ha garantizado que de ninguna manera afecta a la aplicación del descuento de residente del 50% a los ciudadanos de las Islas Baleares.
Con respecto a este tema, el consejero defenderá que el Gobierno balear no se opone al hecho de que haya controles, pero siempre con la advertencia de que no se aceptarán medidas que puedan tener efectos negativos para los ciudadanos de Baleares. Por ello, reclamará información detallada al Ministerio sobre el alcance de estas medidas.
El conseller también aprovechará para dejar claro que desde el Gobierno balear tampoco se aceptarán propuestas (como se ha planteado desde algunos sectores) que supongan cambios en el sistema del descuento de residente mediante las que se subvencione sólo una cantidad fija del precio del billete en lugar del 50% del precio total porque, por ejemplo, pueden ser muy perjudiciales en el caso de compra de billetes de urgencia, que habitualmente tienen un precio mucho más alto.
El Gobierno balear se mostrará firme en el mantenimiento del descuento de residente del 50% para los ciudadanos de las Islas en sus traslados fuera de las Islas y en la instauración de una tarifa plana de 30 euros entre las Islas.
Durante la reunión, también se tratará la necesidad de cumplimiento de los convenios de carreteras y en materia ferroviaria suscritos entre el Estado y la Comunidad Autónoma y pendientes de ejecución.
La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, Marc Pons, se reunirán el próximo miércoles 11 de mayo en el Ministerio de Fomento, en respuesta a la solicitud cursada por el Gobierno balear para abordar temas de máxima prioridad para la Conselleria, como las mejoras en la conectividad aérea y el cumplimiento de los convenios de carreteras y en materia ferroviaria.
El conseller pondrá sobre la mesa la necesidad de instaurar cuanto antes una tarifa plana de 30 euros para los vuelos interinsulares, recordando a la ministra la documentación enviada recientemente por parte de la Conselleria al Ministerio relativa al sistema de tarifa de precio máximo que está vigente en otros territorios de la Unión Europea, como Cerdeña, como prueba de la ausencia de impedimentos en la normativa europea para trasladar un modelo similar a las Islas Baleares.
Igualmente —entre otros asuntos— el conseller también reclamará que se modifiquen las actuales condiciones de la Obligación de Servicio Público (OSP) para los trayectos Maó - Madrid, de manera que se puedan incluir en el nuevo concurso del próximo mes de octubre mejoras como:
— Una tarifa máxima de 60 euros por trayecto.
— Tarifas sociales para estudiantes (hasta 27 años), personas mayores (a partir de 65 años), menores y personas con discapacidad.
— Reducción del período de obligación de servicio público del 1 de octubre al 30 de abril.
— Aumento de la capacidad a 90.000 plazas y dos frecuencias diarias.
— Modificación del último vuelo, que tendría que salir de Madrid entre las 20 y las 21 horas.
En cuanto a conectividad, el conseller también reclamará a la ministra más información sobre los cambios que, a partir de enero de 2017, pondrá en marcha el Gobierno central en relación a los contratos entre compañías aéreas y distintos colectivos, a fin de que quede garantizado que no se pueden derivar perjuicios para los ciudadanos de Baleares.
Precisamente, en relación a esta medida —de la que se hace eco hoy la prensa—, esta mañana, desde la Conselleria se han pedido explicaciones al Gobierno central y desde la Dirección General de Aviación Civil se ha negado rotundamente que esta medida suponga ningún cambio en el descuento de residente del 50% para los ciudadanos de las Islas. Desde el Ministerio se ha explicado que se trata de medidas de control que se aprobaron ya en el 2014 (y que no se aplicaron por motivos técnicos) y que simplemente se ha comunicado recientemente a los colectivos afectados que se aplicarían a partir de enero de 2017. Se ha garantizado que de ninguna manera afecta a la aplicación del descuento de residente del 50% a los ciudadanos de las Islas Baleares.
Con respecto a este tema, el consejero defenderá que el Gobierno balear no se opone al hecho de que haya controles, pero siempre con la advertencia de que no se aceptarán medidas que puedan tener efectos negativos para los ciudadanos de Baleares. Por ello, reclamará información detallada al Ministerio sobre el alcance de estas medidas.
El conseller también aprovechará para dejar claro que desde el Gobierno balear tampoco se aceptarán propuestas (como se ha planteado desde algunos sectores) que supongan cambios en el sistema del descuento de residente mediante las que se subvencione sólo una cantidad fija del precio del billete en lugar del 50% del precio total porque, por ejemplo, pueden ser muy perjudiciales en el caso de compra de billetes de urgencia, que habitualmente tienen un precio mucho más alto.
El Gobierno balear se mostrará firme en el mantenimiento del descuento de residente del 50% para los ciudadanos de las Islas en sus traslados fuera de las Islas y en la instauración de una tarifa plana de 30 euros entre las Islas.
Durante la reunión, también se tratará la necesidad de cumplimiento de los convenios de carreteras y en materia ferroviaria suscritos entre el Estado y la Comunidad Autónoma y pendientes de ejecución.
