23/06/2016
El Juzgado de Instrucción núm. 8 acuerda incoar diligencias previas contra los responsables de Cesgarden por posible estafa
En respuesta a la querella criminal interpuesta por el Consell Insular de Menorca contra los administradores de CESGARDEN, el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Palma de Mallorca ha dictado un Auto en el que acuerda incoar diligencias previas. En su Auto, el órgano judicial considera que los hechos que resultan de las actuaciones puestas de manifiesto por el Consell Insular de Menorca, presentan características que hacen presumir la existencia de un delito de estafa con utilización de fraude procesal.
Cabe recordar que el Consell Insular de Menorca acordó interponer una querella criminal contra los responsables de CESGARDEN raíz de la Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el 10 de septiembre de 2015. Este auto había sido dictada por el TSJIB con motivo de una demanda incidental presentada por la sociedad mercantil relativa a la ejecución de algunos puntos de la sentencia de mayo de 2011. El alto tribunal -que desestimó las pretensiones de la promotora-- constató que, al contrario de lo que la mercantil había afirmado durante el proceso contencioso administrativo, ésta había adquirido los terrenos donde se tenían que trasladar los aprovechamientos urbanísticos con anterioridad a ser dictada sentencia (es decir, que los adquirió voluntariamente). Estos terrenos habían sido adquiridos por la promotora incluso antes de la aprobación del Plan Territorial Insular en 2003. Por el contrario, la promotora había afirmado ante el Tribunal que estos terrenos los debería adquirir en un futuro para poder materializar sus derechos, lo que se ha demostrado como incierto.
La presidenta Maite Salord ha resaltado la importancia de esta decisión judicial, pero pidió prudencia para que los órganos judiciales puedan continuar con su tarea.
Cabe recordar que el Consell Insular de Menorca acordó interponer una querella criminal contra los responsables de CESGARDEN raíz de la Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el 10 de septiembre de 2015. Este auto había sido dictada por el TSJIB con motivo de una demanda incidental presentada por la sociedad mercantil relativa a la ejecución de algunos puntos de la sentencia de mayo de 2011. El alto tribunal -que desestimó las pretensiones de la promotora-- constató que, al contrario de lo que la mercantil había afirmado durante el proceso contencioso administrativo, ésta había adquirido los terrenos donde se tenían que trasladar los aprovechamientos urbanísticos con anterioridad a ser dictada sentencia (es decir, que los adquirió voluntariamente). Estos terrenos habían sido adquiridos por la promotora incluso antes de la aprobación del Plan Territorial Insular en 2003. Por el contrario, la promotora había afirmado ante el Tribunal que estos terrenos los debería adquirir en un futuro para poder materializar sus derechos, lo que se ha demostrado como incierto.
La presidenta Maite Salord ha resaltado la importancia de esta decisión judicial, pero pidió prudencia para que los órganos judiciales puedan continuar con su tarea.
