07/11/2016
El conseller Miquel Àngel Maria da a conocer la propuesta de resolución que presentará al Pleno del día 21 de noviembre
En relación al expediente sancionador por realización de obras sin autorización en el lugar de Son Aparets Vives
El conseller de Cultura y Educación, Miquel Àngel Maria, ha dado hoy a conocer la propuesta de resolución que presentará al Pleno del Consell Insular de Menorca del próximo 21 de noviembre, en relación al expediente sancionador de patrimonio histórico por realización de obras sin autorización en el lugar de Son Aparets Vives de Ciutadella.
Cabe señalar que día 19 de octubre de 2016, el Consejo Consultivo de las Illes Balears emitió el dictamen número 136/2016, a petición del Consell Insular de Menorca, que da la razón al planteamiento defendido por los servicios jurídicos del Consell y por el el actual equipo de gobierno de la institución insular, en el sentido de que se debe desestimar íntegramente el recurso extraordinario de revisión, que fue admitido a trámite por el anterior equipo de gobierno de este Consell "En consecuencia, mi propuesta es confirmar las sanciones impuestas por el Pleno del Consell Insular el 21 de octubre de 2013", explicó el conseller.
"El proceso que ha seguido este expediente sancionador, además de muy largo, ha sido extraño", ha agregado Maria.
- El 21 de octubre de 2013 el Pleno del Consell aprobó la imposición de sanciones por obras no autorizadas en la finca de Son Na Paredes Vives, que afectaron bienes de interés cultural.
- Posteriormente, los afectados por estas sanciones presentaron recursos de reposición que, en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios del Consell, fueron desestimados por el Pleno de 20 de junio de 2014.
- Dos meses más tarde, el 4 de agosto de 2014, los sancionados presentaron un recurso extraordinario de revisión, y "ahí es cuando comienza una actuación del anterior equipo de gobierno del Consell Insular, que no entendemos ni aceptamos", subraya el conseller.
Miquel Àngel Maria afirma que "no sabemos por qué, habiendo unos informes perfectamente claros por parte de los técnicos del Consell, el equipo de gobierno decidió, en el verano de 2014, encomendó un informe a un abogado externo, que avalaba las tesis de los sancionados, y pedía que fuera admitido el recurso extraordinario de revisión que éstos habían presentado "y recuerda en este punto que" el Pleno del Consell Insular del mes pasado, en el debate sobre las obras de la carretera general, los representantes del PP defendieron de manera rotunda que los informes técnicos deben hacer los funcionarios del propio Consell Insular, y que no se han de encargar informes externos ". El conseller señala, pues, "que el caso que estamos hablando, es el perfecto contraejemplo de esta afirmación".
El conseller ha explicado que sin haber ningún motivo, el Consell encomendó y pagó un informe a un jurista externo, cuando ya estaban todos los informes perfectamente claros por parte de los técnicos de la institución insular. "Es una actuación que no se entiende, a menos que se pretendía dar marcha atrás y evitar que los presuntos infractores fueran efectivamente sancionados". "Se entiende, a partir de estos antecedentes, que los medios de comunicación hayan dicho en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses que las sanciones aprobadas en 2013 podían finalmente quedar en nada. Evidentemente, no es esa nuestra intención ", ha añadió.
Maria ha informado de que cuando en verano de 2015 se produce el cambio de gobierno en el Consell Insular de Menorca, "lo que nos encontramos en ese momento es con la contradicción entre lo que plantean los informes realizados por los juristas del Consell, y el informe de un abogado externo que avala las pretensiones de los presuntos infractores. A la vista de todo el expediente, el actual equipo de gobierno concluimos que la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión había sido totalmente incorrecta, porque no se daba ninguno de los supuestos tasados por la ley para admitir un recurso de estas características ".
En consecuencia, se encomendó un nuevo informe a los juristas del Consell Insular de Menorca, para que valorasen la situación del expediente e informasen de la decisión correcta a adoptar.
La conclusión del informe de los Servicios Jurídicos del Consell de 30 de agosto de 2016 es clara: el recurso extraordinario de revisión se debe desestimar, y se han de ratificar las sanciones impuestas en 2013.
Con esta recomendación, a principios de septiembre se envió el expediente al Consejo Consultivo de las Illes Balears, para que se pronunciaré sobre la materia.
Las conclusiones del Consejo Consultivo no dejan lugar a dudas: "3. El Consejo Consultivo considera que el recurso extraordinario de revisión analizado debe ser desestimado íntegramente de acuerdo con las consideraciones jurídicas segunda, tercera y cuarta ".
"La propuesta de resolución que llevamos al Pleno del próximo 21 de noviembre cumple pues esta conclusión: desestimam el recurso extraordinario de revisión, y confirmamos las sanciones impuestas en su día a los presuntos infractores", afirmó el consejero.
Estas sanciones, que imponen a los responsables de las actuaciones llevadas a cabo sin autorización que han afectado bienes de interés cultural, son las siguientes:
• En la entidad Son Aparets, SRM, como autora del proyecto del proyecto básico de instalaciones para camping en la finca de Son Aparets Vives, dos multas por una cuantía de 49.467,20 y 83.917,50, respectivamente, que hacen un total de € 133.384,70.
• En la propiedad de los terrenos, dos multas por la misma cuantía.
• En el arquitecto autor del anteproyecto y del proyecto básico de edificios e instalaciones, una multa por valor de 83.917,50 €.
Hoy mismo, la Comisión Técnica Asesora de Patrimonio Histórico ha dictaminado a favor de esta resolución.
Finalmente, Miquel Àngel Maria comentó que "en las noticias aparecidas en los medios de comunicación en el que se recogía la opinión de los presuntos infractores, éstos han apelado a la discusión del contenido de los informes, discutiendo si lo que dicen los informes técnicos se ajusta a la realidad. Según ellos, no se ha producido ninguna destrucción de bienes de interés cultural ".
"Sobre este punto, debo dejar claro que mi función como consejero ejecutivo en materia de patrimonio histórico no es entrar a valorar si los informes técnicos son correctos o no. La propuesta de resolución que llevamos al pleno se fundamenta en la corrección de todo el procedimiento, y como no puede ser de otra manera asumimos todos los informes técnicos de los funcionarios del Consell Insular. Si los presuntos infractores consideran que los informes técnicos o los acuerdos de los órganos del Consell Insular lesionan sus derechos, tienen todas las garantías jurídicas de defenderse ante los tribunales. No hay, por tanto, ningún tipo de indefensión ni vulneración de ningún derecho ".
Este caso se trata de la sanción por lesiones al patrimonio histórico más alta que se ha puesto nunca en Menorca. "El Consell Insular, como institución competente en protección del patrimonio histórico, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, de velar por la protección efectiva del patrimonio, y de sancionar a los infractores cuando se produzca cualquier tipo de daño. Se trata, ciertamente, de una sanción ejemplar, y queremos que sea interpretada así por la ciudadanía. El patrimonio histórico es un bien de toda la sociedad, y las instituciones deben ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes ", Ha dicho Maria.
Cabe señalar que día 19 de octubre de 2016, el Consejo Consultivo de las Illes Balears emitió el dictamen número 136/2016, a petición del Consell Insular de Menorca, que da la razón al planteamiento defendido por los servicios jurídicos del Consell y por el el actual equipo de gobierno de la institución insular, en el sentido de que se debe desestimar íntegramente el recurso extraordinario de revisión, que fue admitido a trámite por el anterior equipo de gobierno de este Consell "En consecuencia, mi propuesta es confirmar las sanciones impuestas por el Pleno del Consell Insular el 21 de octubre de 2013", explicó el conseller.
"El proceso que ha seguido este expediente sancionador, además de muy largo, ha sido extraño", ha agregado Maria.
- El 21 de octubre de 2013 el Pleno del Consell aprobó la imposición de sanciones por obras no autorizadas en la finca de Son Na Paredes Vives, que afectaron bienes de interés cultural.
- Posteriormente, los afectados por estas sanciones presentaron recursos de reposición que, en base a los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios del Consell, fueron desestimados por el Pleno de 20 de junio de 2014.
- Dos meses más tarde, el 4 de agosto de 2014, los sancionados presentaron un recurso extraordinario de revisión, y "ahí es cuando comienza una actuación del anterior equipo de gobierno del Consell Insular, que no entendemos ni aceptamos", subraya el conseller.
Miquel Àngel Maria afirma que "no sabemos por qué, habiendo unos informes perfectamente claros por parte de los técnicos del Consell, el equipo de gobierno decidió, en el verano de 2014, encomendó un informe a un abogado externo, que avalaba las tesis de los sancionados, y pedía que fuera admitido el recurso extraordinario de revisión que éstos habían presentado "y recuerda en este punto que" el Pleno del Consell Insular del mes pasado, en el debate sobre las obras de la carretera general, los representantes del PP defendieron de manera rotunda que los informes técnicos deben hacer los funcionarios del propio Consell Insular, y que no se han de encargar informes externos ". El conseller señala, pues, "que el caso que estamos hablando, es el perfecto contraejemplo de esta afirmación".
El conseller ha explicado que sin haber ningún motivo, el Consell encomendó y pagó un informe a un jurista externo, cuando ya estaban todos los informes perfectamente claros por parte de los técnicos de la institución insular. "Es una actuación que no se entiende, a menos que se pretendía dar marcha atrás y evitar que los presuntos infractores fueran efectivamente sancionados". "Se entiende, a partir de estos antecedentes, que los medios de comunicación hayan dicho en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses que las sanciones aprobadas en 2013 podían finalmente quedar en nada. Evidentemente, no es esa nuestra intención ", ha añadió.
Maria ha informado de que cuando en verano de 2015 se produce el cambio de gobierno en el Consell Insular de Menorca, "lo que nos encontramos en ese momento es con la contradicción entre lo que plantean los informes realizados por los juristas del Consell, y el informe de un abogado externo que avala las pretensiones de los presuntos infractores. A la vista de todo el expediente, el actual equipo de gobierno concluimos que la admisión a trámite del recurso extraordinario de revisión había sido totalmente incorrecta, porque no se daba ninguno de los supuestos tasados por la ley para admitir un recurso de estas características ".
En consecuencia, se encomendó un nuevo informe a los juristas del Consell Insular de Menorca, para que valorasen la situación del expediente e informasen de la decisión correcta a adoptar.
La conclusión del informe de los Servicios Jurídicos del Consell de 30 de agosto de 2016 es clara: el recurso extraordinario de revisión se debe desestimar, y se han de ratificar las sanciones impuestas en 2013.
Con esta recomendación, a principios de septiembre se envió el expediente al Consejo Consultivo de las Illes Balears, para que se pronunciaré sobre la materia.
Las conclusiones del Consejo Consultivo no dejan lugar a dudas: "3. El Consejo Consultivo considera que el recurso extraordinario de revisión analizado debe ser desestimado íntegramente de acuerdo con las consideraciones jurídicas segunda, tercera y cuarta ".
"La propuesta de resolución que llevamos al Pleno del próximo 21 de noviembre cumple pues esta conclusión: desestimam el recurso extraordinario de revisión, y confirmamos las sanciones impuestas en su día a los presuntos infractores", afirmó el consejero.
Estas sanciones, que imponen a los responsables de las actuaciones llevadas a cabo sin autorización que han afectado bienes de interés cultural, son las siguientes:
• En la entidad Son Aparets, SRM, como autora del proyecto del proyecto básico de instalaciones para camping en la finca de Son Aparets Vives, dos multas por una cuantía de 49.467,20 y 83.917,50, respectivamente, que hacen un total de € 133.384,70.
• En la propiedad de los terrenos, dos multas por la misma cuantía.
• En el arquitecto autor del anteproyecto y del proyecto básico de edificios e instalaciones, una multa por valor de 83.917,50 €.
Hoy mismo, la Comisión Técnica Asesora de Patrimonio Histórico ha dictaminado a favor de esta resolución.
Finalmente, Miquel Àngel Maria comentó que "en las noticias aparecidas en los medios de comunicación en el que se recogía la opinión de los presuntos infractores, éstos han apelado a la discusión del contenido de los informes, discutiendo si lo que dicen los informes técnicos se ajusta a la realidad. Según ellos, no se ha producido ninguna destrucción de bienes de interés cultural ".
"Sobre este punto, debo dejar claro que mi función como consejero ejecutivo en materia de patrimonio histórico no es entrar a valorar si los informes técnicos son correctos o no. La propuesta de resolución que llevamos al pleno se fundamenta en la corrección de todo el procedimiento, y como no puede ser de otra manera asumimos todos los informes técnicos de los funcionarios del Consell Insular. Si los presuntos infractores consideran que los informes técnicos o los acuerdos de los órganos del Consell Insular lesionan sus derechos, tienen todas las garantías jurídicas de defenderse ante los tribunales. No hay, por tanto, ningún tipo de indefensión ni vulneración de ningún derecho ".
Este caso se trata de la sanción por lesiones al patrimonio histórico más alta que se ha puesto nunca en Menorca. "El Consell Insular, como institución competente en protección del patrimonio histórico, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, de velar por la protección efectiva del patrimonio, y de sancionar a los infractores cuando se produzca cualquier tipo de daño. Se trata, ciertamente, de una sanción ejemplar, y queremos que sea interpretada así por la ciudadanía. El patrimonio histórico es un bien de toda la sociedad, y las instituciones deben ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes ", Ha dicho Maria.
