12/11/2016
El Consell Insular se suma a las reivindicaciones del Gobierno de las Illes Baleares en cuanto a la reclamación del Gobierno de 50 millones de euros
Por las desaladoras de Eivissa y Menorca incumpliendo el acuerdo político al que se llegó al mayo
El Consell Insular de Menorca se suma a las reivindicaciones del Govern en cuanto a la reclamación ahora del Gobierno que pide a las Islas el abono de 50 millones de euros por las desaladoras de Santa Eulalia des Ríu y de Ciutadella.
"Todos sabemos que el agua es un recurso limitado que en las últimas décadas no ha sido gestionado adecuadamente ni en Menorca ni en todo Baleares. Ha habido una falta de gestión de la demanda, una falta de control sobre las explotaciones y la inexistencia de una gestión activa para cumplir los objetivos del buen estado ecológico de todas las masas de agua en el 2015, tal como propugnaba la Directiva marco del Agua (DMA). Todo esto nos ha llevado a la necesidad de recurrir a la instalación de desaladoras con los inconvenientes que conllevan y el gran coste de construcción, conexión, funcionamiento y mantenimiento de las mismas ", explicó Javier Ares, conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera.
Ares señala que con las actuales fuentes energéticas con las que cuentan las Islas "estamos trasladándose el problema del agua en la problemática energética con las implicaciones socioambientales locales y globales que todo esto conlleva. En el año 2011 se finalizan las instalaciones, pero no así las conexiones a la red municipal de las que ninguna administración se hace cargo por lo que siguen paradas hasta el día de hoy ya la espera de estas conexiones y del pago de mantenimiento a la empresa concesionaria (un total de 32.549.448 euros en el caso de Ciutadella) ".
Hay que recordar que en septiembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulalia y 19.185.465 euros para la Ciudadela . El 11 de mayo de 2016, la Comunidad Autónoma recepciona el uso de ambas instalaciones mediante un acta en la que el Estado entrega la cesión de uso y explotación a la Agencia Balear del Agua y la Calidad ambiental (ABAQUA) manteniendo su titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la administración balear como consecuencia del pago del rescate de esta concesión.
La comunicación que ha llegado del Ministerio a la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes Balears tiene fecha de 26 de octubre, cuando el Gobierno aún estaba en funciones, reclamando a la Comunidad Autónoma el abono de 26.113 .865 euros para la desaladora de Santa Eulalia del Río y 20.225.262 euros por la de Ciutadella, incumpliendo así el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones en mayo de este año.
"Desde el Consell Insular de Menorca denunciamos esta traición política que demuestra la falta de consideración del Gobierno de cara a la situación que últimamente sufren los acuíferos de las Islas Baleares. Una actitud decepcionante ante una ciudadanía que se muestra preocupada por la sequía y la falta de recursos, como las medidas necesarias para cubrir las necesidades básicas de agua. Exigimos, pues, al gobierno central que trabaje con la mayor celeridad posible en la cooperación con el resto de administraciones para conseguir el objetivo común de sostenibilidad del recurso ", ha dicho Javier Ares. El conseller anuncia que presentará una propuesta de urgencia en el Pleno del día 21 de noviembre.
"Todos sabemos que el agua es un recurso limitado que en las últimas décadas no ha sido gestionado adecuadamente ni en Menorca ni en todo Baleares. Ha habido una falta de gestión de la demanda, una falta de control sobre las explotaciones y la inexistencia de una gestión activa para cumplir los objetivos del buen estado ecológico de todas las masas de agua en el 2015, tal como propugnaba la Directiva marco del Agua (DMA). Todo esto nos ha llevado a la necesidad de recurrir a la instalación de desaladoras con los inconvenientes que conllevan y el gran coste de construcción, conexión, funcionamiento y mantenimiento de las mismas ", explicó Javier Ares, conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera.
Ares señala que con las actuales fuentes energéticas con las que cuentan las Islas "estamos trasladándose el problema del agua en la problemática energética con las implicaciones socioambientales locales y globales que todo esto conlleva. En el año 2011 se finalizan las instalaciones, pero no así las conexiones a la red municipal de las que ninguna administración se hace cargo por lo que siguen paradas hasta el día de hoy ya la espera de estas conexiones y del pago de mantenimiento a la empresa concesionaria (un total de 32.549.448 euros en el caso de Ciutadella) ".
Hay que recordar que en septiembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulalia y 19.185.465 euros para la Ciudadela . El 11 de mayo de 2016, la Comunidad Autónoma recepciona el uso de ambas instalaciones mediante un acta en la que el Estado entrega la cesión de uso y explotación a la Agencia Balear del Agua y la Calidad ambiental (ABAQUA) manteniendo su titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la administración balear como consecuencia del pago del rescate de esta concesión.
La comunicación que ha llegado del Ministerio a la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes Balears tiene fecha de 26 de octubre, cuando el Gobierno aún estaba en funciones, reclamando a la Comunidad Autónoma el abono de 26.113 .865 euros para la desaladora de Santa Eulalia del Río y 20.225.262 euros por la de Ciutadella, incumpliendo así el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones en mayo de este año.
"Desde el Consell Insular de Menorca denunciamos esta traición política que demuestra la falta de consideración del Gobierno de cara a la situación que últimamente sufren los acuíferos de las Islas Baleares. Una actitud decepcionante ante una ciudadanía que se muestra preocupada por la sequía y la falta de recursos, como las medidas necesarias para cubrir las necesidades básicas de agua. Exigimos, pues, al gobierno central que trabaje con la mayor celeridad posible en la cooperación con el resto de administraciones para conseguir el objetivo común de sostenibilidad del recurso ", ha dicho Javier Ares. El conseller anuncia que presentará una propuesta de urgencia en el Pleno del día 21 de noviembre.
