16/11/2016
La junta de gobierno del Consorcio del suelo rústico se reúne al completo por primera vez desde 2011
Esta mañana ha tenido lugar la junta de Gobierno del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en suelo rústico. Esta ha sido la primera donde estaban convocados todos los municipios de la isla de Menorca desde 2011, después de que Ciutadella firmara el decreto de adhesión al Consorcio el pasado 6 de octubre.
«Se trata de una primera toma de contacto muy positiva y con la sensación de que el Consorcio para la protección de la legalidad en suelo rústico ya está con todos los motores encendidos para recuperar la coherencia en su acción y restablecer la situación de normalidad en el trabajo del día a día de la entidad »afirmó Susana Mora, Presidenta del Consorcio y Vicepresidenta primera del Consell. «No sólo hemos logrado la inclusión de Ciutadella, sino que también hemos recuperado el equipo técnico del Consorcio y se están tomando decisiones políticas que, poco a poco, se podrán visualizar».
En esta reunión, además de los trámites ordinarios que habitualmente se tratan, el Consorcio ha acordado la redacción de un protocolo de actuación para establecer los criterios de priorización en la tramitación de todos los expedientes, incluyendo su completa finalización. Es decir, incluyendo la demolición voluntaria o subsidiaria, en su caso, y de restitución del estado original de la finca.
En este sentido, se prevé el inicio de una campaña de actuaciones que se basarán en la imposición de multas coercitivas para obligar al responsable o responsables de una construcción ilegal que ejecuten de forma «voluntaria» del orden de demolición ya firme. Todo ello, aprovechando el nuevo mecanismo administrativo de la Ley 2/2014 de ordenación y uso del suelo de las Islas Baleares previo a la demolición subsidiaria.
Estas multas coercitivas se impondrán cada mes hasta un máximo de 12 veces, cada una de ellas con la cuantía correspondiente al 10% del valor de las obras objeto de la orden de demolición. Estas multas son independientes de la sanción impuesta, es decir, el pago de las multas coercitivas no exime del pago de la sanción correspondiente, y viceversa. Todo ello sin perjuicio de que si en un año no se ha restituido, el Consorcio podrá llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa del responsable o responsables.
Además, los ayuntamientos han demandado la reanudación de las reuniones periódicas bilaterales entre los técnicos de cada consistorio y los del Consorcio, con el objetivo de impulsar y desembolsar el cúmulo de expedientes.
«Se trata de una primera toma de contacto muy positiva y con la sensación de que el Consorcio para la protección de la legalidad en suelo rústico ya está con todos los motores encendidos para recuperar la coherencia en su acción y restablecer la situación de normalidad en el trabajo del día a día de la entidad »afirmó Susana Mora, Presidenta del Consorcio y Vicepresidenta primera del Consell. «No sólo hemos logrado la inclusión de Ciutadella, sino que también hemos recuperado el equipo técnico del Consorcio y se están tomando decisiones políticas que, poco a poco, se podrán visualizar».
En esta reunión, además de los trámites ordinarios que habitualmente se tratan, el Consorcio ha acordado la redacción de un protocolo de actuación para establecer los criterios de priorización en la tramitación de todos los expedientes, incluyendo su completa finalización. Es decir, incluyendo la demolición voluntaria o subsidiaria, en su caso, y de restitución del estado original de la finca.
En este sentido, se prevé el inicio de una campaña de actuaciones que se basarán en la imposición de multas coercitivas para obligar al responsable o responsables de una construcción ilegal que ejecuten de forma «voluntaria» del orden de demolición ya firme. Todo ello, aprovechando el nuevo mecanismo administrativo de la Ley 2/2014 de ordenación y uso del suelo de las Islas Baleares previo a la demolición subsidiaria.
Estas multas coercitivas se impondrán cada mes hasta un máximo de 12 veces, cada una de ellas con la cuantía correspondiente al 10% del valor de las obras objeto de la orden de demolición. Estas multas son independientes de la sanción impuesta, es decir, el pago de las multas coercitivas no exime del pago de la sanción correspondiente, y viceversa. Todo ello sin perjuicio de que si en un año no se ha restituido, el Consorcio podrá llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa del responsable o responsables.
Además, los ayuntamientos han demandado la reanudación de las reuniones periódicas bilaterales entre los técnicos de cada consistorio y los del Consorcio, con el objetivo de impulsar y desembolsar el cúmulo de expedientes.
Por otra parte, se ha presentado el logotipo del Consorcio, que hasta ahora no tenía. Se trata de un paso importante para la imagen y la visualización de la entidad y para la posterior creación de la página web. En este sentido, cuando la nueva página web, que está en proceso de creación, sea una realidad se podrá utilizar como portal de transparencia del Consorcio.
