29/11/2017
AGRAME presenta recurso de reposición contra la derogación parcial de la NTT
La Asociación agraria aprecia graves defectos de procedimiento en el acuerdo del Consell Insular
La Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca ha presentado recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del Consell Insular de derogación parcial de la Norma Territorial Transitoria. La Asociación ya presentó en su día un escrito de alegaciones ante la derogación inicial de la NTT que fueron rechazadas por el Consell.
Ahora, en el recurso de reposición AGRAME aprecia la incidencia de graves omisiones de procedimiento que afectan al núcleo esencial de la actuación administrativa del Consell.
Entre esos defectos de procedimiento se expone la publicación defectuosa del acuerdo de derogación, la falta de indicación de los recursos procedentes, lo que vulneraría lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
También, AGRAME considera se ha vulnerado el principio de legalidad con la utilización de un procedimiento declarado inaplicable en una norma con rango de ley. Desoyendo claramente al legislador autonómico, utilizando un procedimiento declarado inaplicable en el Decreto Ley 1/2016 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
Además, la asociación agraria, que en el expediente de derogación no se han incorporado algunos informes preceptivos. Como es el caso de la Administración competente en materia de costas. En ese sentido, recuerda que esa falta ha provocado pronunciamientos judiciales de nulidad, como ha sido del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alaior.
Por otra parte, AGRAME se muestra contraria a la pretensión del acuerdo de derogación de retroactividad de la norma, lo que se considera contrario al principio de seguridad jurídica y a la Constitución Española. En ese sentido, se recuerda que la regla general del ordenamiento jurídico de la irretroactividad de las normas, deriva de la seguridad jurídica que supone la imposibilidad de aplicar una norma a situaciones nacidas antes de su entrada en vigor. Al respecto, la Asociación ya indicó en su escrito de alegaciones al acuerdo de derogación inicial de la NTT la necesidad de establecer un periodo transitorio para no malograr importantes proyectos de recuperación de fincas de Menorca.
Ante todo ese cúmulo de ilegalidades, fruto de un procedimiento caótico y ajeno al más elemental rigor, según AGRAME, puede generar responsabilidad patrimonial de la Administración. Toda vez que se está generando inseguridad, al tiempo que obligará a los municipios de Menorca a denegar licencias urbanísticas con arreglo a una fundamentación que se considera ilegal. Una vez verificada la responsabilidad patrimonial, la Asociación entiende que cabría en base a la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector Público, exigir que se repercuta en las autoridades y personas responsables las indemnizaciones.
Cabe recordar que la Asociación agraria ya manifestó en sus alegaciones contra la derogación parcial de la NTT que el acuerdo del Consell supondrá la paralización de muchas iniciativas de recuperación de explotaciones abandonadas y el posible cierre de otras cuya rentabilidad actual es escasa.
Al respecto, la NTT posibilitaba la mejora del uso residencial y turístico de las edificaciones existentes en las explotaciones. Lo cual se verá sensiblemente limitado tras su derogación parcial, al reducir las expectativas de cambio de uso o ampliación.
También AGRAME reitera la importancia que supuso la aprobación en su momento de la Norma Territorial Transitoria que ha posibilitado nuevas inversiones en explotaciones que se encontraban en situación de abandono. Además, de un cambio de tendencia hacia la diversificación agraria, con tipos de agricultura y ganadería con un alto componente paisajístico. Con el establecimiento de nuevas producciones, como el olivar, viñedo, plantas aromáticas, miel, agricultura ecológica, etc, que sin duda redundaba en la garantía del mantenimiento del sector.
Entre esos defectos de procedimiento se expone la publicación defectuosa del acuerdo de derogación, la falta de indicación de los recursos procedentes, lo que vulneraría lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
También, AGRAME considera se ha vulnerado el principio de legalidad con la utilización de un procedimiento declarado inaplicable en una norma con rango de ley. Desoyendo claramente al legislador autonómico, utilizando un procedimiento declarado inaplicable en el Decreto Ley 1/2016 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
Además, la asociación agraria, que en el expediente de derogación no se han incorporado algunos informes preceptivos. Como es el caso de la Administración competente en materia de costas. En ese sentido, recuerda que esa falta ha provocado pronunciamientos judiciales de nulidad, como ha sido del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alaior.
Por otra parte, AGRAME se muestra contraria a la pretensión del acuerdo de derogación de retroactividad de la norma, lo que se considera contrario al principio de seguridad jurídica y a la Constitución Española. En ese sentido, se recuerda que la regla general del ordenamiento jurídico de la irretroactividad de las normas, deriva de la seguridad jurídica que supone la imposibilidad de aplicar una norma a situaciones nacidas antes de su entrada en vigor. Al respecto, la Asociación ya indicó en su escrito de alegaciones al acuerdo de derogación inicial de la NTT la necesidad de establecer un periodo transitorio para no malograr importantes proyectos de recuperación de fincas de Menorca.
Ante todo ese cúmulo de ilegalidades, fruto de un procedimiento caótico y ajeno al más elemental rigor, según AGRAME, puede generar responsabilidad patrimonial de la Administración. Toda vez que se está generando inseguridad, al tiempo que obligará a los municipios de Menorca a denegar licencias urbanísticas con arreglo a una fundamentación que se considera ilegal. Una vez verificada la responsabilidad patrimonial, la Asociación entiende que cabría en base a la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector Público, exigir que se repercuta en las autoridades y personas responsables las indemnizaciones.
Cabe recordar que la Asociación agraria ya manifestó en sus alegaciones contra la derogación parcial de la NTT que el acuerdo del Consell supondrá la paralización de muchas iniciativas de recuperación de explotaciones abandonadas y el posible cierre de otras cuya rentabilidad actual es escasa.
Al respecto, la NTT posibilitaba la mejora del uso residencial y turístico de las edificaciones existentes en las explotaciones. Lo cual se verá sensiblemente limitado tras su derogación parcial, al reducir las expectativas de cambio de uso o ampliación.
También AGRAME reitera la importancia que supuso la aprobación en su momento de la Norma Territorial Transitoria que ha posibilitado nuevas inversiones en explotaciones que se encontraban en situación de abandono. Además, de un cambio de tendencia hacia la diversificación agraria, con tipos de agricultura y ganadería con un alto componente paisajístico. Con el establecimiento de nuevas producciones, como el olivar, viñedo, plantas aromáticas, miel, agricultura ecológica, etc, que sin duda redundaba en la garantía del mantenimiento del sector.
