26/02/2019
La Oficina Insular de Vivienda celebra su primer aniversario
La Oficina Insular de Vivienda, creada por el Consell Insular y gestionado por la asociación sin ánimo de lucro Provivienda, celebró el pasado 13 de febrero su primer aniversario. Durante este año, según el último informe, han sido atendidas 632 personas (repartidas en 266 unidades de convivencia).
Según explica Josune Huidobro, responsable de programas de Provivienda, estas cifras se ajustan a las expectativas que se tenían para este proyecto sin les ha sido una sorpresa la cantidad de personas que han acudido a la oficina por iniciativa propia, en lugar de remesas desde el resto de servicios o agentes sociales que intervienen en la Isla. Ya sea por la visibilidad en los medios, por el boca a boca, o por el hecho de compartir espacio con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), el balance de personas interesadas por el servicio ha sido muy positivo. El 57% de las personas atendidas han acudido por iniciativa propia.
Desde Provivienda interpretan este dato como prueba de que la Oficina ha encontrado su lugar entre los servicios de la isla por derecho propio. Como explica Huidobro «otra cosa que nos convierte en un recurso muy interesante, es el hecho de que tengamos un abogado especializado en temas de vivienda». Aunque existe la posibilidad de conseguir asistencia jurídica gratuita, generalmente no es fácil encontrar ayuda de este tipo cuando no hay un procedimiento abierto. La Oficina cubre esta necesidad, ofreciendo asesoramiento legal sobre todo tipo de consultas relacionadas con la vivienda (contratos de alquiler, hipotecas, solicitación de ayudas económicas, etc.). Ha ofrecido también, de momento, dos talleres informativos: uno relacionado con el bono eléctrico y otro con las ayudas al alquiler.
El equipo de la Oficina está formado por tres profesionales con perfiles diferentes: una trabajadora social, una administrativa y un abogado. A pesar de la distancia física que separa la Oficina Insular de la sede principal de Provivienda en Madrid, se mantiene una estrecha relación con el equipo a través de reuniones semanales para videoconferencia, además de asistir presencialmente una vez al mes a reuniones tanto con el personal de la Oficina como con el del departamento de Vivienda Social del Consell.
Uno de los mayores retos a los que se tiene que afrontar un servicio de estas características es el estigma social que acompaña a todas las dificultades relacionadas con la vivienda. Un problema que se ve magnificado en núcleos de población reducidos como Menorca, donde el qué dirán puede condicionar en mayor o menor medida la decisión de buscar ayuda, y hacerlo significa en muchos casos un ejercicio de realismo respecto a la situación de uno mismo.
Este estigma es aún mayor cuando se trata de los servicios sociales. Huidobro afirma «que las trabajadoras de la Oficina están detectando muchos casos de derivación a los servicios sociales. Hay muchas personas que en principio se plantean acercarse a la Oficina para aclarar dudas y en la intervención directa se dan cuenta que son susceptibles de recibir ayudas de los servicios sociales. La gente tiene tendencia a no percibir estos problemas y descartarlos como último recurso, como algo que sólo sirve para personas que se encuentran en situaciones mucho más graves a la propia ».
El perfil de las personas atendidas se aleja de ciertos prejuicios tan a menudo relacionados con el campo de la asistencia social: la solicitante media es mujer (65%), española y muy frecuentemente también menorquina. Según el último informe de ejecución del servicio, que cubre desde su apertura el 13 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año, un 68% de las personas atendidas son de origen español (392). El porcentaje restante está muy dividido, siendo Marruecos el país de origen más frecuente (51), a continuación de Colombia (27). Por tramo de edad, la mayoría de los solicitantes (260) se sitúa entre los 36 y los 65 años. Le siguen los más jóvenes (179), hasta los 18 años. En tercer lugar, quedan las personas entre los 18 y 35 (135) seguidas de los más grandes (46), a partir de 65 años.
De entre todos los tipos de intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de estos primeros meses de funcionamiento, destacan las peticiones de información relacionadas con contratos de alquiler, y en particular las solicitudes de mediación en conflictos entre propietarios e inquilinos, que han ido aumentando gradualmente. Este trabajo de mediación, en casos como los de las subidas desproporcionadas en los precios del alquiler, a menudo se reduce a poner fin al conflicto antes de que empeore; muchas veces, la misma intervención de la Oficina ya sirve como medida disuasoria para frenar estas situaciones. En otros casos no tan afortunados, su trabajo consiste en ganar tiempo para la persona afectada.
De cara al futuro, los objetivos de Provivienda, en cuanto al servicio, pasan por mantener la atención que se está dando y generar nuevos talleres formativos. Gran parte de las consultas recibidas hasta ahora están relacionadas con los contratos de alquiler. Por tanto, no se descarta la creación de un taller de derechos y obligaciones en estos contratos.
Según explica Josune Huidobro, responsable de programas de Provivienda, estas cifras se ajustan a las expectativas que se tenían para este proyecto sin les ha sido una sorpresa la cantidad de personas que han acudido a la oficina por iniciativa propia, en lugar de remesas desde el resto de servicios o agentes sociales que intervienen en la Isla. Ya sea por la visibilidad en los medios, por el boca a boca, o por el hecho de compartir espacio con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), el balance de personas interesadas por el servicio ha sido muy positivo. El 57% de las personas atendidas han acudido por iniciativa propia.
Desde Provivienda interpretan este dato como prueba de que la Oficina ha encontrado su lugar entre los servicios de la isla por derecho propio. Como explica Huidobro «otra cosa que nos convierte en un recurso muy interesante, es el hecho de que tengamos un abogado especializado en temas de vivienda». Aunque existe la posibilidad de conseguir asistencia jurídica gratuita, generalmente no es fácil encontrar ayuda de este tipo cuando no hay un procedimiento abierto. La Oficina cubre esta necesidad, ofreciendo asesoramiento legal sobre todo tipo de consultas relacionadas con la vivienda (contratos de alquiler, hipotecas, solicitación de ayudas económicas, etc.). Ha ofrecido también, de momento, dos talleres informativos: uno relacionado con el bono eléctrico y otro con las ayudas al alquiler.
El equipo de la Oficina está formado por tres profesionales con perfiles diferentes: una trabajadora social, una administrativa y un abogado. A pesar de la distancia física que separa la Oficina Insular de la sede principal de Provivienda en Madrid, se mantiene una estrecha relación con el equipo a través de reuniones semanales para videoconferencia, además de asistir presencialmente una vez al mes a reuniones tanto con el personal de la Oficina como con el del departamento de Vivienda Social del Consell.
Uno de los mayores retos a los que se tiene que afrontar un servicio de estas características es el estigma social que acompaña a todas las dificultades relacionadas con la vivienda. Un problema que se ve magnificado en núcleos de población reducidos como Menorca, donde el qué dirán puede condicionar en mayor o menor medida la decisión de buscar ayuda, y hacerlo significa en muchos casos un ejercicio de realismo respecto a la situación de uno mismo.
Este estigma es aún mayor cuando se trata de los servicios sociales. Huidobro afirma «que las trabajadoras de la Oficina están detectando muchos casos de derivación a los servicios sociales. Hay muchas personas que en principio se plantean acercarse a la Oficina para aclarar dudas y en la intervención directa se dan cuenta que son susceptibles de recibir ayudas de los servicios sociales. La gente tiene tendencia a no percibir estos problemas y descartarlos como último recurso, como algo que sólo sirve para personas que se encuentran en situaciones mucho más graves a la propia ».
El perfil de las personas atendidas se aleja de ciertos prejuicios tan a menudo relacionados con el campo de la asistencia social: la solicitante media es mujer (65%), española y muy frecuentemente también menorquina. Según el último informe de ejecución del servicio, que cubre desde su apertura el 13 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año, un 68% de las personas atendidas son de origen español (392). El porcentaje restante está muy dividido, siendo Marruecos el país de origen más frecuente (51), a continuación de Colombia (27). Por tramo de edad, la mayoría de los solicitantes (260) se sitúa entre los 36 y los 65 años. Le siguen los más jóvenes (179), hasta los 18 años. En tercer lugar, quedan las personas entre los 18 y 35 (135) seguidas de los más grandes (46), a partir de 65 años.
De entre todos los tipos de intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de estos primeros meses de funcionamiento, destacan las peticiones de información relacionadas con contratos de alquiler, y en particular las solicitudes de mediación en conflictos entre propietarios e inquilinos, que han ido aumentando gradualmente. Este trabajo de mediación, en casos como los de las subidas desproporcionadas en los precios del alquiler, a menudo se reduce a poner fin al conflicto antes de que empeore; muchas veces, la misma intervención de la Oficina ya sirve como medida disuasoria para frenar estas situaciones. En otros casos no tan afortunados, su trabajo consiste en ganar tiempo para la persona afectada.
De cara al futuro, los objetivos de Provivienda, en cuanto al servicio, pasan por mantener la atención que se está dando y generar nuevos talleres formativos. Gran parte de las consultas recibidas hasta ahora están relacionadas con los contratos de alquiler. Por tanto, no se descarta la creación de un taller de derechos y obligaciones en estos contratos.
