01/07/2019
La justicia dicta sentencia a favor del Consell en el procedimiento sobre obras no autorizadas y daños muy graves a bienes de interés cultural
La sentencia es muy clara y da la razón al Consell Insular de Menorca en todos los aspectos denunciados por los recurrentes, además de desautorizar, de esta forma, lo que se ha constatado como una actitud dilatoria de los recurrentes durante este largo proceso.
La sentencia, que inadmite y desestima, respectivamente, los recursos presentados por dos de los sancionados y desestima el presentado por la propiedad, imponiéndole las costas del proceso, demuestra la correcta y ejemplar actuación administrativa de constatación y acreditación de los hechos, y avala las actuaciones del equipo técnico del Servicio de Patrimonio y de los Servicios Jurídicos del Consell Insular de Menorca.
Todo este proceso comenzó con la imposición de sanciones por obras no autorizadas y afectación muy grave de BICs en la finca de So Na Parets Vives, del término de Ciutadella, sanciones aprobadas por el Pleno del Consell Insular de Menorca el 21 de octubre de 2013 .
Estas sanciones consistieron en diversas multas impuestas a la sociedad rural menorquina, como autora del proyecto del proyecto básico de instalaciones para camping en la finca de So Na Parets Vives, a la propiedad de los terrenos, y al arquitecto autor del proyecto básico de edificios e instalaciones, por un importe global conjunto de 350.686,90 €.
A partir de ese momento, las partes sancionadas recorrieron por vía administrativa, y ante la desestimación presentaron un recurso contencioso administrativo ante los tribunales el 28 de octubre de 2014.
Paralelamente, el Consell admitió a trámite un recurso extraordinario de revisión, pero este fue finalmente desestimado por el Pleno del Consell el 21 de noviembre de 2016.
Mientras tanto, el proceso judicial hacía su camino, y ahora llega la sentencia favorable a los intereses del Consell Insular.
Para el conseller en funciones de Cultura y Educación del CIM, Miguel Ángel María, «se trata, sin duda, de una sanción ejemplar, y queremos que sea interpretada así por la ciudadanía. El patrimonio histórico es un bien de toda la sociedad, y las instituciones deben ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes.»