28/01/2020
El Govern recurrirá la sentencia sobre las desaladoras de Santa Eulalia y Ciutadella
El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha calificado de injusta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que obliga a la Comunidad Autónoma a abonar al Estado la cantidad de 45.299.330.87 euros por el rescate de las Instalaciones de Desalación de Aguas Marinas (IDAM) de Santa Eulalia y Ciutadella.
Mir ha expresado total respeto a la justicia y lamentó que esta disputa, que se alarga desde 2011, no se haya resuelto en el ámbito político como viene reclamando el Govern desde 2015. En este sentido, ha anunciado que el ejecutivo recurrirá la sentencia y ha reclamado, una vez más, al Gobierno del Estado, «una solución política tal como se había acordado a inicios de la anterior legislatura, compromiso que el Gobierno Rajoy incumplió».
Las dos desaladoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma no firmaron el Convenio para ejecutar las obras.
En septiembre de ese mismo año, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra así como la explotación posterior de ambas desaladoras. La de Santa Eulalia tenía un presupuesto de 14.191.436 euros (más IVA) y la de Ciutadella, 12.475.089 euros (más IVA).
En ambos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Ibiza y de 4.531,875 euros para la de Menorca.
Las obras acabaron en 2011 pero el Govern se negó a recepcionar para que no eran plenamente operativas ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento. Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con el agravante de que, en Ibiza, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, proyecto que, en aquellos momentos, no llegaba hasta la desaladora de Santa Eulalia.
En diciembre de 2013 las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros para la desaladora de Ibiza y 32.549.448 euros para la de Menorca. El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària y 19.185.465 euros para la de Ciutadella.
Aunque el Estado era el responsable de conectar ambas desaladoras con las redes municipales de abastecimiento, el Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio de que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir ha recordado, en este sentido, «la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en ese momento, por lo que el Gobierno ofreció esta solución para desbloquear el conflicto».
Finalmente, las instalaciones fueron recibidas por la Comunidad Autónoma en mayo de 2016. En octubre del mismo año, sin embargo, el Gobierno recibió un requerimiento del Ministerio donde, incumpliendo el acuerdo, le reclamaba el coste de las obras y el sobrecoste.
Mir explicó que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión. En este sentido, lamentó que, a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido reconducir la situación en el ámbito político.
Mir ha expresado total respeto a la justicia y lamentó que esta disputa, que se alarga desde 2011, no se haya resuelto en el ámbito político como viene reclamando el Govern desde 2015. En este sentido, ha anunciado que el ejecutivo recurrirá la sentencia y ha reclamado, una vez más, al Gobierno del Estado, «una solución política tal como se había acordado a inicios de la anterior legislatura, compromiso que el Gobierno Rajoy incumplió».
Las dos desaladoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma no firmaron el Convenio para ejecutar las obras.
En septiembre de ese mismo año, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra así como la explotación posterior de ambas desaladoras. La de Santa Eulalia tenía un presupuesto de 14.191.436 euros (más IVA) y la de Ciutadella, 12.475.089 euros (más IVA).
En ambos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros para la instalación de Ibiza y de 4.531,875 euros para la de Menorca.
Las obras acabaron en 2011 pero el Govern se negó a recepcionar para que no eran plenamente operativas ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento. Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con el agravante de que, en Ibiza, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, proyecto que, en aquellos momentos, no llegaba hasta la desaladora de Santa Eulalia.
En diciembre de 2013 las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros para la desaladora de Ibiza y 32.549.448 euros para la de Menorca. El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26.113.865 euros por la desaladora de Santa Eulària y 19.185.465 euros para la de Ciutadella.
Aunque el Estado era el responsable de conectar ambas desaladoras con las redes municipales de abastecimiento, el Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio de que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir ha recordado, en este sentido, «la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en ese momento, por lo que el Gobierno ofreció esta solución para desbloquear el conflicto».
Finalmente, las instalaciones fueron recibidas por la Comunidad Autónoma en mayo de 2016. En octubre del mismo año, sin embargo, el Gobierno recibió un requerimiento del Ministerio donde, incumpliendo el acuerdo, le reclamaba el coste de las obras y el sobrecoste.
Mir explicó que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión. En este sentido, lamentó que, a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido reconducir la situación en el ámbito político.
