El Govern aprueba nuevas medidas para trabajadores, empresas, autónomos y empleados públicos

Las medidas se han acordado con agentes económicos y sociales y tienen por objeto garantizar los derechos de los trabajadores y disponer 50 millones para inyectar liquidez a PYME y autónomos
También se han prohibido las visitas a las residencias y se han aprobado medidas para garantizar, adaptar y reorganizar los servicios públicos esenciales
 
«Desde el acuerdo, la resolución, la lealtad y el compromiso de todos, Govern, agentes económicos y sociales hemos acordado un paquete de nuevas medidas para proteger a nuestros trabajadores y ayudar a nuestras empresas y autónomos en estos momentos difíciles». La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha hecho estas declaraciones esta mañana, después de celebrar un consejo de gobierno extraordinario y reunirse con los agentes económicos y sociales más representativos (las patronales CAEB, PIMEB, y los sindicatos CCOO y UGT), una reunión en la que se ha consensuado un documento con actuaciones urgentes para el sostenimiento del tejido económico y laboral de las Illes Balears.

Se han adoptado medidas y mecanismos complementarios dirigidos a tres objetivos: garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; inyectar liquidez para que el trabajo autónomo y las empresas puedan acceder a créditos de circulantes casi sin gasto financiero, y aplazar la deuda financiera para el trabajo autónomo y las empresas a través del sistema bancario.
 
Ámbito laboral: garantizar el derecho de las personas trabajadoras

En cuanto a las medidas de ámbito laboral, se aprueba la creación del Consejo Balear de Relaciones Laborales para ayudar a resolver conflictos laborales colectivos. Se establece una colaboración con el SEPE para agilizar los procesos de inscripción de despidos, para poder cobrar prestaciones por paro de forma inmediata.

Así mismo, se crea un cuerpo de mediadores, formado por todos los inspectores de trabajo y el personal del TAMIB, con el objeto de mediar en caso de conflicto en posibles desavenencias en procesos negociadores de ERTO y ERO.

Otra medida ha sido el establecimiento de un protocolo, en coordinación con la Consejería de Salud y Consumo, de prevención del riesgo de contagio y de medidas preventivas en el ámbito del trabajo y de la empresa.
El Govern refuerza los mecanismos de control y seguimiento de los diferentes contratos públicos, para que en el caso de que no se cumplan, queden garantizados los derechos de los trabajadores.
 
Ámbito económico: inyectar liquidez

Se acuerda de forma inmediata disponer 50 millones de euros, ampliables de acuerdo con las necesidades, para inyectar liquidez suficiente a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, a través de avales con el ISBA, Sociedad de Garantía Recíproca.

Además, el Govern trabaja para inyectar liquidez para las grandes empresas y facilitar operaciones de crédito o circulante para las grandes empresas.
 
Ámbito financiero: aplazamiento de deuda

Con las entidades bancarias se establecerán mecanismos de diálogo permanente, con el objeto de coordinar soluciones a corto plazo que permitan tanto a las empresas como a las familias, paliar los efectos del estado de alerta con aplazamientos temporales de sus deudas.

En este sentido, se propondrá a las entidades bancarias dar carencia a los préstamos en vigor para empresas y trabajo autónomo, así como rebajar las condiciones de acceso al crédito y avales para mejorar los gastos financieros destinados a fomentar la liquidez. También se planteará para el trabajo autónomo dar carencia a las hipotecas en vigor.

Finalmente, se suspenden los reintegros de las ayudas de autoempleo del Govern de los años anteriores, que estén motivados por la causa de fuerza mayor.
 
Ámbito de Servicios Sociales: se prohíben las visitas a residencias de gente mayor

Para incrementar las medidas de seguridad sanitaria, las visitas a las residencias de mayores y a los centros tutelados de menores quedan prohibidas. Como alternativa, se establecerán mecanismos telefónicos y telemáticos para que usuarios y familiares puedan mantener la comunicación. Los directores de los centros podrán tomar las decisiones que consideren adecuadas en casos excepcionales.
 
Ámbito administrativo: reorganización y mantenimiento de servicios públicos

La declaración del estado de alarma por parte del Estado determina la necesidad de establecer medidas organizativas que garanticen el mantenimiento de servicios públicos. También supone la suspensión inmediata de todos los procedimientos en tramitación durante el tiempo de vigencia de la declaración, lo que permite restricciones en los registros y en los servicios de atención al público que se ven afectados también por las restricciones a la movilidad de la ciudadanía que implica la misma declaración.

En este contexto, la presidenta ha manifestado que «como administración tenemos que garantizar todos los servicios públicos y reforzar aquellos que ahora son más esenciales. También tomar medidas que posibiliten el confinamiento de aquellos empleados públicos que puedan trabajar desde casa y adoptar medidas para que las tareas que se deben mantener de forma presencial se puedan realizar en las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad y la del público que se pueda dirigir a la Administración».

Con este objetivo, y con la excepción de los servicios sanitarios, donde se aplican medidas específicas, el Consell de Govern extraordinario ha acordado las siguientes medidas:

— Que el personal docente no acuda a los centros educativos, aunque tendrán que seguir a disposición del personal directivo, pero mediante el establecimiento de turnos. Y que el resto de personal, por regla general todos los funcionarios que tengan responsabilidades directivas, sigan trabajando de forma presencial.
— Por otro lado, cada consejería definirá qué puestos de trabajo son presenciales y cuáles pueden realizar teletrabajo de forma extraordinaria. Los turnos de presencia y teletrabajo se establecerán por días. Y, de forma general, cada consejería establecerá mecanismos para que las personas con cargas familiares queden excluidas de los turnos rotatorios y se acojan al teletrabajo.
— En la misma línea, cada consejería fija medidas en cuanto a sus registros. Cerrarán si tienen más de uno y establecerán turnos entre el personal, además de aplicar las medidas de seguridad establecidas.
— El personal que no tenga atribuidas funciones en remoto y no sea necesario para realizar tareas presenciales en su puesto de trabajo, quedará a disposición de la consejería para realizar otras tareas o funciones que sean esenciales. Y, en último término, podrá reforzar los servicios que sean necesarios. Ello podrá suponer el destino inmediato o en cualquier momento, con una atribución temporal de funciones, a departamentos y servicios que necesiten reforzar su plantilla.
— Finalmente, cada consejería establecerá medidas de seguridad para la ubicación del personal que deba mantener la prestación de servicios esenciales.
—En cuanto al personal político y los miembros de los gabinetes, como regla general, permanecerán a su puesto de trabajo.