Las tasas por ocupación de la vía pública deberían reducirse todo el año

La Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes quiere insistir a los Ayuntamientos, Autoridad Portuaria de Baleares y a Ports de les Illes Balears para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, bonifiquen las tasas de ocupación de dominio público y apliquen coeficiente de reducción por la previsible disminución de actividad durante la temporada turística y próximos meses.

Se trata de una medida recogida en el paquete de apoyo a las pymes propuesto desde la Federació PIME Menorca con el objetivo de paliar la grave situación en la que se encuentran las empresas con la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las consecuencias que esto provocará en el tejido productivo y económico de nuestra isla y en los puestos de trabajo que representan.

Según la nota publicada conjuntamente por los ayuntamientos de Menorca, con los acuerdos municipales compartidos para hacer frente a la situación económica, respecto a este punto únicamente se recoge la exención del pago de tasa de ocupación de la vía por el tiempo que el servicio no se haya podido prestar. Pero ¿y qué pasa con el resto del año?

El no pagar por un uso que no se ha podido utilizar parece una simple consecuencia lógica más de la situación de excepcionalidad en que nos encontramos. Se solicita una verdadera medida que ayude directamente a las cafeterías, bares y restaurantes a afrontar el presente y futuro de un sector cuya suspensión de apertura al público está amenazada de alargarse hasta bien entrada la temporada turística.

Con todo ello, además se apunta que una vez se levante dicho estado de alarma, a los establecimientos de concurrencia pública se les impondrá medidas de prevención de apertura gradual para evitar un posible rebrote en los contagios por el COVID-19. Será necesario implementar medidas de higiene, prevención y certificación para restaurar la confianza de los clientes. En cuanto a las terrazas implica, por ejemplo, la necesidad de contar con más espacio libre para poder seguir las recomendaciones sanitarias de distanciamiento y seguridad. El uso que le podrán dar a las mismas terrazas actualmente concedidas será mucho menor del previsto.

El hecho de enfrentarse a este cese de actividad prolongado está mermando de manera catastrófica las "cajas de resistencia" de los pequeños y medianos empresarios del sector. Están acabando con su posible liquidez de tesorería, si se contaba con ella. Y necesitarán todo el apoyo de las Administraciones Públicas para que todas las familias (empresarios y trabajadores) del sector de comidas y bebidas de Menorca (más de 3.500 trabajadores de media en 2019) tengan la opción de intentar subsistir una vez se levanten las vigentes restricciones impuestas.

Las previsiones sobre el impacto económico que tendrá el COVID-19 del propio Govern de les Illes Balears, con unas peticiones públicas de mantener cerrados los puertos y aeropuertos hasta el último momento, auguran un escenario con una caída del PIB en un 31,6% del PIB, y 147.732 lugares de trabajo, una caída de la ocupación del 29,2%. En cuanto al impacto de la reducción de la demanda turística, en todos los escenarios que baraja la Conselleria de Turismo auguran que en agosto el nivel de actividad será del 25 - 50%, en función del grado de recuperación.

Según la información disponible, respecto de Autoridad Portuaria de Baleares (puerto de Mahón) y Ports de les Illes Balears (puertos de Ciutadella y Fornells), algunos interesados en la ocupación de la vía pública también se han dirigido a ambas administraciones para conocer sus intenciones, y de momento tampoco han recibido respuesta a sus peticiones.

Ante esta situación en que todos nos vemos en la obligación de asumir parte de los costes económicos que supone contener esta pandemia, las Administraciones Públicas deberían ser mucho más flexibles, en comparación a la experiencia vivida durante los últimos años, en cuanto a todo lo referente a autorizaciones de ocupación en la vía pública. La buena voluntad mostrada debe trasladarse en hechos y decisiones.