08/02/2021
El Ayuntamiento de Alaior pide que se vacune a los usuarios de los centros de día y a las trabajadoras familiares
El Ayuntamiento de Alaior, a través de una carta remitida a la consejera de Salud del Gobierno Balear, Patricia Gómez y al IB Salud, ha solicitado que se vacune, lo antes posible, a todos los usuarios de los centros de día así como a las trabajadoras familiares que desarrollan el servicio de atención domiciliaria.
De acuerdo con la estrategia de vacunación establecida, en la primera etapa ya se ha ofrecido la vacuna a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a mayores dependientes, así como al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
Por otra parte, se anunció que a partir de hoy, 8 de febrero, se reanudaría la vacunación para finalizar el personal sanitario, los centros geriátricos, y se continuaría con los pisos tutelados y las personas con grado de dependencia III.
Ahora bien, dentro de estos grupos no se ha incluido a los usuarios de los centros de día que son de grado I y II, ni tampoco se ha considerado como personal sanitario las trabajadoras familiares que llevan a cabo una intensa labor de apoyo en los domicilios con mayores y también gente dependiente.
José Luis Benejam, alcalde de Alaior, ha destacado que «creemos importante que, cuando antes, con la máxima celeridad, se pueda vacunar a las personas usuarias de los centros de día, ya que, al igual que los residentes de los centros geriátricos, son personas de mucho riesgo. Por otra parte, también es importante que se vacune a las trabajadoras familiares, que son profesionales que atienden a personas mayores con problemas de movilidad o discapacidad, en sus casas, con el riesgo que esto supone tanto para ellas como para las personas a las que visitan».
Por su parte, María Antònia Pons, concejala del Área Social, Vivienda, Seguridad, Movilidad, Sanidad Pública, Recursos Humanos y Administración Electrónica ha remarcado que «es responsabilidad de las administraciones proteger a un colectivo tan vulnerable como son los usuarios de los centros de día, así como a las trabajadoras familiares, que día a día, llevan a cabo un servicio tan esencial como es el SAD (servicio de Atención Domiciliaria)».
