La Oficina Insular de Vivienda aumenta un 41% el número de actuaciones respecto el 2019

Durante el pandémico 2020 y según se recoge en el Informe Anual de la Oficina Insular de Vivienda presentada este miércoles en el Consell Insular, han sido un total de 657 unidades de convivencia asesoradas por el equipo profesional. Según explicó la coordinadora y trabajadora social de la Oficina, Beatriz Pons, destacan también las más de 7.000 actuaciones que se han realizado para atender a todas estas familias o unidades de convivencia - personas que viven juntas sin ser familia - y que han aumentado un 41% respecto a las intervenciones realizadas el 2019.

Cada situación residencial requiere diversas actuaciones para atender las necesidades de la persona, familia o unidad de convivencia solicitante de ayuda. La atención fue presencial pero también, y debido a la pandemia, telefónica y por internet. Las profesionales reconocen que ha sido un año muy duro para la carga de trabajo, pero también se muestran muy satisfechas por el número de situaciones difíciles atendidas y la calidad de las intervenciones.

Desde la Oficina Insular de Vivienda, gestionada por Provivienda, destacan también los nuevos perfiles de las personas atendidas, que incluyen a familias normalizadas pero que actualmente les cuesta encontrar trabajo y consecuentemente también tienen dificultades para llegar a fin de mes o pagar el alquiler o la hipoteca. De hecho, un 42% son adultos entre 35 y 65 años que en su mayoría son miembros de familias de 2 adultos con hijos que sufren la falta de trabajo del sector turístico debido a la crisis de la Covid-19. Además, también han necesitado asesoramiento personas propietarias de viviendas que actualmente necesitan el piso por algún miembro de la familia u otras situaciones nuevas similares. También se dan los casos de quien busca vivienda de alquiler pero tiene muchas dificultades para pagar los precios de mercado. Sin embargo piden ayuda personas con riesgo de exclusión social con problemas de vivienda como ya se daba antes de la crisis económica debida a la pandemia de 2020.

El equipo profesional - una trabajadora social, una abogada y una administrativa - de la oficina ubicada en la plaza Explanada de Maó detalla en el Informe Anual 2020 que en este difícil año pasado, del total de personas atendidas con problemas de vivienda , 156 eran menores. Por otra parte, como ha destacado la consejera de Vivienda Cristina Gómez, "la pobreza tiene cara de mujer", ya que 2 de cada 3 personas que llega a la oficina son mujeres. La Consellera ha recordado también la dificultad de las personas mayores con pensiones pequeñas que cada vez lo tiene más difícil para pagar los alquileres a precio de mercado y ha recordado el programa piloto de Alquiler Ético del Consell y su calculadora ética para estimar el precio de alquiler de una vivienda. Sin embargo ha mostrado preocupación por cuando se acaben las medidas especiales de escudo social respecto la vivienda que se están desarrollando para paliar la crisis y ha incidido en la importancia de combinar medidas tácticas y abrir nuevas líneas de actuación a medio y largo plazo.

Por su parte, Josune Huidobro, miembro del equipo directivo de Provivienda en España, ha manifestado la necesidad vital y la función social de la vivienda como paso básico para obtener otros derechos como el empadronamiento y la sanidad. Asimismo ha incidido en que la pandemia, el confinamiento y la crisis de 2020 ha hecho más evidente los problemas de vivienda existentes pero que este es un problema estructural en España y que las medidas puntuales que se han creado son insuficientes para resolverlo. Ha destacado que en Baleares existe una Ley de Vivienda que es mucho mejor que la de otras comunidades o incluso que en comunidades como Madrid no existe ninguna Ley de Vivienda y ha incidido en el "lujo" que es contar con medidas como la cesión obligatoria temporal de viviendas para los grandes tenedores.

Sin embargo, cree que se debe aumentar el parque de viviendas ya que precisamente en Baleares, las familias destinan una media del 42% de sus ingresos a la vivienda, muy por encima del recomendado 25 o 30% y además , a pesar de ser una comunidad con una renta per cápita por encima de la media estatal, también el índice de personas en situación de exclusión es más alto que la media y esto resulta en una desigualdad muy grande.