22/02/2016
Los apicultores turolenses, alarmados por las afecciones de los plaguicidas
Los apicultores turolenses han mostrado su preocupación por la muerte masiva de abejas que está provocando la fumigación de árboles frutales de floración temprana
Los apicultores turolenses han mostrado su preocupación por la muerte masiva de abejas que está provocando la fumigación de árboles frutales de floración temprana, como nectarios y melocotoneros, en colmenas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según denunció Greenpeace, dado que muchos profesionales realizan la trashumancia a estas regiones.
Según el responsable del sector apícola de Uaga Aragón, el turolense David Rocafull, el uso de plaguicidas en los frutales, especialmente en los melocotoneros y almendros del Bajo Aragón, causa todos los años algunos casos de mortandad de abejas en la provincia de Teruel. Pero es en las zonas de Levante y de Andalucía donde se ha producido una situación excepcional, que está afectando a los apicultores turolenses que realizan la trashumancia a estas regiones.
"Los profesionales turolenses que somos trashumantes movemos las colmenas a aquellos lugares donde hay flor y ha llovido, sobre todo por la persistente sequía que sufrimos en Teruel", explicó.
Rocafull indicó que está prohibido sulfatar en época de floración, pero que la normativa no siempre se cumple ante la falta de control por parte de las Administraciones competentes. Añadió que los sulfatos utilizados "son cada vez más potentes" y, además de matar a algunas abejas, debilita a otras, que encuentran dificultades para regresar a las colmenas. Todo ello provoca una importante merma de la producción de miel, precisó.
Por eso, se motró partidario de que exista una normativa clara y, sobre todo, de que apicultores y agricultores "vayan de la mano, porque nosotros nos beneficiamos de su trabajo a través de las flores y ellos del nuestro por la polinización de las abejas", argumentó.
Añadió que la producción también se está viendo reducida por la aparición de plagas como la varroa y por las condiciones meteorológicas motivadas en buena medida por el cambio climático. En este sentido, indicó que el sector también se está viendo afectado por la escasez de lluvias y por las heladas de los últimos días, "que han machacado a los frutales florecidos en pleno invierno".
En la provincia de Teruel hay registradas unas 26.000 colmenas de las 100.000 que se encuentran en Aragón, y cerca de 240 apicultores, de lo que muchos trabajan las colmenas como segunda actividad.
Mortandades
En las dos últimas semanas, explicó Greenpeace en una nota, apicultores pertenecientes a la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola (apiADS) de la Comunidad Valenciana y de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia han detectado en sus colmenas decenas de cajas de abejas muertas y sin apenas actividad.
Estas mortandades, aseguró Greenpeace, vuelven a coincidir con la fumigación de los árboles de floración temprana con productos altamente nocivos para los insectos polinizadores, como el Clorpirifós, presente en el 80% de las muestras de abejas muertas recogidas en 2014; el dimetoato, en el 68%de las muestras, o el imidacloprid, en el 32%.
La organización ecologista recordó que desde el 1 de enero de 2014 todas las explotaciones de la Unión Europea deben cumplir con los principios de la Gestión Integrada de Plagas, que defiende el uso prioritario de métodos no químicos.
No obstante, "el interés por vender este tipo de productos, el mal asesoramiento al sector agrícola y un escaso o nulo control por parte de las autoridades locales originan estos dantescos espectáculos cada año", aseguró el responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim.
Enrique Simó, apicultor y veterinario de la apiADS, aseguró que en dos semanas han muerto unas 225.000 abejas en sus 50 colmenas, que suponen el 50% de la población adulta, y anticipó que la situación se agravará cuando comience la floración de los cítricos.
Por su parte, Carlos Zafra, veterinario de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia, denunció la "total impunidad con quienes aplican este tipo de productos, pero sobre todo con quienes los siguen produciendo y vendiendo".
Greenpeace reclamó mayor control por parte de las autoridades competentes, la puesta en marcha de un plan de acción integral que contemple un calendario claro para la eliminación de estos productos y una "apuesta decidida" por la agricultura ecológica.
En España, según la organización, están autorizados más de 300 insecticidas en cuya ficha de registro se indica que son peligrosos, incluso muy peligrosos, para las abejas.
Según el responsable del sector apícola de Uaga Aragón, el turolense David Rocafull, el uso de plaguicidas en los frutales, especialmente en los melocotoneros y almendros del Bajo Aragón, causa todos los años algunos casos de mortandad de abejas en la provincia de Teruel. Pero es en las zonas de Levante y de Andalucía donde se ha producido una situación excepcional, que está afectando a los apicultores turolenses que realizan la trashumancia a estas regiones.
"Los profesionales turolenses que somos trashumantes movemos las colmenas a aquellos lugares donde hay flor y ha llovido, sobre todo por la persistente sequía que sufrimos en Teruel", explicó.
Rocafull indicó que está prohibido sulfatar en época de floración, pero que la normativa no siempre se cumple ante la falta de control por parte de las Administraciones competentes. Añadió que los sulfatos utilizados "son cada vez más potentes" y, además de matar a algunas abejas, debilita a otras, que encuentran dificultades para regresar a las colmenas. Todo ello provoca una importante merma de la producción de miel, precisó.
Por eso, se motró partidario de que exista una normativa clara y, sobre todo, de que apicultores y agricultores "vayan de la mano, porque nosotros nos beneficiamos de su trabajo a través de las flores y ellos del nuestro por la polinización de las abejas", argumentó.
Añadió que la producción también se está viendo reducida por la aparición de plagas como la varroa y por las condiciones meteorológicas motivadas en buena medida por el cambio climático. En este sentido, indicó que el sector también se está viendo afectado por la escasez de lluvias y por las heladas de los últimos días, "que han machacado a los frutales florecidos en pleno invierno".
En la provincia de Teruel hay registradas unas 26.000 colmenas de las 100.000 que se encuentran en Aragón, y cerca de 240 apicultores, de lo que muchos trabajan las colmenas como segunda actividad.
Mortandades
En las dos últimas semanas, explicó Greenpeace en una nota, apicultores pertenecientes a la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola (apiADS) de la Comunidad Valenciana y de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia han detectado en sus colmenas decenas de cajas de abejas muertas y sin apenas actividad.
Estas mortandades, aseguró Greenpeace, vuelven a coincidir con la fumigación de los árboles de floración temprana con productos altamente nocivos para los insectos polinizadores, como el Clorpirifós, presente en el 80% de las muestras de abejas muertas recogidas en 2014; el dimetoato, en el 68%de las muestras, o el imidacloprid, en el 32%.
La organización ecologista recordó que desde el 1 de enero de 2014 todas las explotaciones de la Unión Europea deben cumplir con los principios de la Gestión Integrada de Plagas, que defiende el uso prioritario de métodos no químicos.
No obstante, "el interés por vender este tipo de productos, el mal asesoramiento al sector agrícola y un escaso o nulo control por parte de las autoridades locales originan estos dantescos espectáculos cada año", aseguró el responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim.
Enrique Simó, apicultor y veterinario de la apiADS, aseguró que en dos semanas han muerto unas 225.000 abejas en sus 50 colmenas, que suponen el 50% de la población adulta, y anticipó que la situación se agravará cuando comience la floración de los cítricos.
Por su parte, Carlos Zafra, veterinario de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia, denunció la "total impunidad con quienes aplican este tipo de productos, pero sobre todo con quienes los siguen produciendo y vendiendo".
Greenpeace reclamó mayor control por parte de las autoridades competentes, la puesta en marcha de un plan de acción integral que contemple un calendario claro para la eliminación de estos productos y una "apuesta decidida" por la agricultura ecológica.
En España, según la organización, están autorizados más de 300 insecticidas en cuya ficha de registro se indica que son peligrosos, incluso muy peligrosos, para las abejas.
