Más de 40.000 trabajadores de la Administración autonómica en contacto con menores han de acreditar que no han cometido delitos sexuales

Más de 40.000 empleados del Gobierno aragonés cuya actividad está relacionada con menores, alrededor del 80% de la plantilla, se verán obligados a acreditar directamente entre el 21 de marzo y el 8 de abril que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales o bien autorizar a recabar la certificación correspondiente a la Administración autonómica, que a su vez trasladará la información al Ministerio de Justicia.

Esta medida se publica este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) mediante una instrucción de la Dirección General de Función Pública para unificar el procedimiento y es fruto de la normativa estatal de protección a la infancia y la adolescencia que se aprobó en julio del año pasado, modificando leyes anteriores de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La nueva norma estatal establece que será requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

A tal efecto, quien ejerza o pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, puesto en marcha el pasado 1 de marzo. Dado el elevado número de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma que desempeñan funciones que implican tener contacto habitual con menores de edad, la Dirección General de Función Pública ha dictado una instrucción para ordenar, facilitar y asegurar la aportación de dicha certificación.

La norma es extensiva a todas las contratas externas de servicios como transporte escolar, comedores y actividades extraescolares, limpieza de centros sanitarios, monitores de tiempo libre, etc., si bien en estos casos son las propias empresas las que han de aportar las certificaciones de sus empleados en contacto con menores.

En el ámbito de la Administración autonómica, la nueva exigencia legal para la protección de menores afecta especialmente a todos los docentes del departamento de Educación y a gran parte del personal del Salud, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y de la Administración de Justicia dependiente de la Consejería de Presidencia. Aunque en menor medida también a otros departamentos, como el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (por el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca) o servicios, como numerosos centros de Cultura o Deporte y también de los institutos de Empleo, de la Juventud y de la Mujer.

Función Pública ha desarrollado una aplicación informática para facilitar que los trabajadores que lo deseen autoricen a la Administración a recabar el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, lo que servirá ya al mismo tiempo como base de datos para transferir al Ministerio los ficheros, que se completarán con las acreditaciones directas que se hagan o con los documentos que se han avanzado ya en algunos casos.

La información será incorporada además y tratada en el fichero de datos de carácter personal del Gobierno de Aragón. En el caso de que aparezca algún caso de antecedentes por delitos sexuales entre el personal del Gobierno aragonés que está en contacto con menores, el trabajador será apartado inmediatamente de ese puesto y se le reubicará en otro donde no exista tal exposición, según el director general de Función Pública, Ignacio Zarazaga, quien prevé que a lo sumo surjan "casos aislados".

Aparte de los empleados en activo, para la provisión de nuevos puestos en procesos que se abran después del plazo previsto ahora, la aportación de la certificación negativa o de la autorización a la Administración para obtenerla se llevará a cabo antes de la toma de posesión del nuevo personal.

La instrucción recuerda que la autorización para obtener la certificación de carencia de antecedentes penales sobre delitos sexuales con menores o la presentación directa por parte de cada interesado tiene carácter obligatorio. Y su incumplimiento podrá ser sancionado, previa instrucción del oportuno expediente disciplinario, con la suspensión de funciones o separación del servicio, que en el caso del personal interino comportará la revocación de su nombramiento.